Infracciones y sanciones urbanísticas

Cuando se ejecutan obras sin licencia u obras no ajustadas a licencia, la Administración tiene la potestad de ejercer dos acciones:

  • La acción de restitución o restauración de la legalidad, destinada a restablecer la ordenación urbanística, a través del requerimiento de legalización y orden de demolición.
  • La acción sancionadora, destinada exclusivamente a imponer una sanción por el mero hecho de haber realizado una infracción urbanística (si posteriormente se consiguiera legalizar, dicha obtención de licencia opera efectivamente como circunstancia atenuante de la infracción).

En casi todas las CCAA ambas acciones se encuentran totalmente separadas y los procedimientos se tramitan de forma independiente el uno del otro (existen excepciones como Murcia, donde la tramitación es conjunta, aunque el sancionador se realiza de forma separada).

Las infracciones se clasifican por su gradación (muy graves, graves y leves) y por su tipología (construcción, parcelación, urbanización, etc).

La sanción urbanística se aplica en función del grado de la infracción. Las sanciones urbanísticas consisten en la mayoría de los casos en multas económicas. La cuantía de la multa económica suele consistir en la aplicación de un porcentaje en función del valor de la obra ejecutada.

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