Procedimiento sancionador

Actuaciones previas

Realmente no es una parte del propio procedimientos administrativo sancionador, pues se produce antes de la iniciación, y puede usarse para recoger y analizar cuestiones previas para determinar si existieran o no circunstancias para iniciar el procedimientos. Algo muy relevante es que estas actuaciones no interrumpen el plazo de prescripción de las infracciones.

Iniciación

Se incoa de oficio; por iniciativa del propio órgano administrativo, por orden superior, por petición de otro órgano administrativo o por denuncia. Aquí se produce el acto de iniciación y este deberá incluir:

a. La identidad de los sujetos que se presuponen responsables.

b. Los hechos que han motivado la incoación del expediente.

c. Indicar el instructor y, en su caso, el secretario del procedimiento, con indicación   expresa del régimen de recusación.

d.  El órgano que sea competente para la resolución del expediente y la norma que le atribuya la competencia.

e. Medidas de carácter provisional que se hubieren acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento.

f. Debe indicarse el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como los plazos para su ejercicio.

El acuerdo de iniciación tiene que comunicarse al instructor y notificarse a todos los interesados y, además, el órgano competente podrá adoptar cuantas medidas provisionales crea convenientes para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

Instrucción.

Esta fase es tendente a determinar y comprobar todos los datos según los cuales deba pronunciarse la resolución. En esta fase se dan cuatro momentos:

a. La alegaciones: a los 15 días de notificarse el acto de iniciación pueden presentarse.

b. Prueba: en un periodo no inferior a los 10 días ni mayor a los 30.

c. Propuesta de resolución.

d. Audiencia: se concede un plazo de 15 días desde la notificación de la propuesta de resolución para formular las alegaciones y presentar todo lo que se estime pertinente.

Resolución

En este momento, antes de que se produzca el dictado de la resolución, el órgano administrativo que sea competente, podrá realizar actuaciones complementarias y, de nuevo, se les da a los interesados un plazo de 7 días para que vuelvan a presentar alegaciones. En cualquier caso, la resolución a la que llegue el órgano competente, en 10 días, deberá ser formalizada para que se acredite la voluntad del órgano emisor. El plazo de resolución es de 6 meses.

Una vez que existe dicha resolución, es donde se abre la posibilidad de recurso, primero en vía administrativa, mediante los recursos administrativos existentes, según cada caso y, después, o a la vez, según cada caso, el recurso judicial; el recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contecioso-Administrativo.

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