Procedimiento de expropiación

1.- Acuerdo de necesidad de ocupación.

La Administración acuerda concretamente cuáles son los bienes y derechos que han de ser objeto de expropiación y puede ser de dos maneras:

a. Excepcionalmente, el Consejo de Ministros podrá, previa declaración de urgencia, dictar el correspondiente acuerdo en virtad del cual se podrá efectuar la expropiación mediante la ocupación de los bienes afectados sin que sea necesario el trámite de la declaración de la necesidad de ocupación.

b. En el procedimiento ordinario de expropiación, ésta se inicia con una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se crean necesarios expropiar y debe hacerse por parte del beneficiario.

2.- Fijación del justiprecio.

Es la determinación de la indemnización compensatoria. El procedimiento puede ser: intento de acuerdo amistoso o cruce de hojas de aprecio. Éstas son documentos en los que se realiza una valoración del bien objeto de expropiación y, primero, la presenta el expropiado que es requerido para ello por la Administración, y puede producirse la aceptación o rechazo. Después, la Administración o beneficiario presenta la suya, y si el expropiado rechaza la hoja de aprecio formulada por la Administración o el beneficiario, el expediente pasa automáticamente al Jurado Provincial de Expropiación.

El Jurado Provincial de Expropiación está compuesto por un Magistrado, un Abogado del Estado, funcionario técnico designado por la Administración expropiante, notario, representante de la Cámara Agraria (hoy extintas), la Cámara de Comercio, Colegio Profesional u organización empresarial, dependiendo de los bienes o derechos expropiados. Su función es la de decidir, ejecutoriamente sobre el justiprecio.

Los acuerdos del Jurado agotan la vía administrativa y pueden ser sustituibles por los judiciales y tanto si impugna el beneficiario como el expropiado, la única opción que queda es el recurso de reposición potestativo y el recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, si impugna el expropiante y se trata de la Administración del Estado, en la que se integra el Jurado, o alguna de las Administraciones autonómicas que cuentan con Jurado propio, se tratará de un acto administrativo de la propia Administracion y en consecuencia debe acudirse al procedimiento de lesividad del artículo 103 de la LAP y PAC.

Información pública: se abrirá durante un plazo de 15 días, siendo el BOE, el Boletín de la Provincia y uno de los mayores diarios de circulación de la provincia, donde deba comunicarse, siempre y cuando se trate de expropiaciones del Estado. También lo será en los Ayuntamientos en cuyos términos radique la cosa expropiable, para que la fijen en el tablón de anuncios.

3.- Pago y ocupación.

Debe realizarse dentro de los 6 meses siguientes a su fijación administrativa y se adeuda al expropiado el interés legal devengado diariamente que se convierte en parte integrante del justiprecio. Si entre la fijación del justiprecio por el Jurado y el pago o consignación del mismo pasan más de dos años, el expropiado puede solicitar la retasación y la Administración debe realizarla: se reinicia la fase de justiprecio, y en la propia solicitud de retasación, el expropiado formula la nueva hoja de aprecio directamente al expresar la cantidad a la que aspira.

Algo muy reseñable es que la Ley permite exigir el pago provisional hasta el límite de conformidad entre el expropiado y la Administración. Es decir, se permite exigir el pago provisional de la valoración fijada por el Jurado de Expropiación aunque se impugne jurisprudencialmente.

En materia urbanística se puede proceder al pago en especie; en parcelas, de acuerdo con el expropiado de acuerdo con la legislación urbanística autonómica.

Una vez que se produce el pago, se notifica a los propietarios y ocupantes de la finca, el plazo del que disponen para abandonarla y se produce a la ocupación material de los bienes expropiados. Y con el acta de ocupación, ya existe título suficiente para acceder al Registro de la Propiedad.

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