Dirección letrada en proceso contencioso urbanístico

  • Descripción
  • Honorarios
  • Tasas
  • Costas

Es el Recurso que se interpone contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa (mismo supuesto que en el Recurso de Reposición), contra las desestimaciones expresas o presuntas de los Recursos de Reposición, así como contra las disposiciones de carácter general.

El Recurso Contencioso se debe interponer en el plazo de 2 meses desde el día de la notificación o publicación del acto o disposición.

El Recurso Contencioso es un recurso “judicial”, es decir, que se interpone ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. El Recurso Contencioso debe contener los requisitos formales que lo configuran como tal.

En materia urbanística, el Recurso Contencioso está presente en la totalidad de la actividad urbanística, ya que, al ser ésta una actividad administrativa, todos los procedimientos administrativos finalizan en resoluciones susceptibles de Recurso Contencioso (cuando no existe resolución, también es susceptible de Recurso Contencioso el silencio administrativo).

Algunos ejemplos de Recursos Contencioso en el ámbito urbanístico:

  • Recurso Contencioso contra Orden de Demolición (acto administrativo que pone fin al procedimiento de restauración de la legalidad).
  • Recurso Contencioso contra Resolución Sancionadora (acto administrativo que pone fin al procedimiento sancionador) por la comisión de una infracción urbanística.
  • Recurso Contencioso contra Acuerdo desestimatorio de Licencia de Obra u otras licencias administrativas.
  • Recurso Contencioso contra Acuerdo de aprobación definitiva de Plan Parcial.
  • Recurso Contencioso contra Acuerdo de adjudicación de Programa de Actuación Integrada.
  • Recurso de Reposición contra Acuerdo de aprobación definitiva de Plan General.

El artículo 25 Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece:

1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.

  • Dirección letrada en materia de urbanismo ante el Juzado de lo Contencioso-Administrativo.
  • Interposición de Recurso Contencioso.
  • Formulación de Demanda Contenciosa.
  • Proposición y práctica de prueba ante el Juzgado.
  • Formulación de Conclusiones.
  • En su caso, asistencia a Vista Oral.
  • Representación procesal ante el Juzgado (se incluye siempre el servicio procesal del Procurador).
  • Atención a excepciones procesales, requerimientos y demás actuaciones ordenadas por el Juzgado.

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Tasas judiciales en el proceso contencioso-administrativo

A partir del 1 de marzo de 2015, tasas sólo aplicables a personas jurídicas.

La nueva Ley 10/2012 de Tasas judiciales impone el pago de un tributo (tasa) para interponer un recurso contencioso-administrativo.

Se ha dispuesto una exención absolutamente notable e imprescindible en la vía contenciosa: estarán exentos los recursos contra silencios administrativos o inactividad de la Administración. Esto supondrá un incremento de los recursos contra silencios y puede suponer un estímulo que obligue a la Administración a resolver en plazo (aunque damos por sentado que esto no va a ocurrir).

Subjetivamente, están exentos, por supuesto, aquellas personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

El importe de la tasa será la suma de las siguientes cantidades:

1) Cantidad fija.

  • Procedimiento abreviado: 200€
  • Procedimiento ordinario: 350€
  • Recurso de apelación: 800€
  • Recurso de casación: 1200€
Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el apartado siguiente, no podrá exceder del 50 % del importe de la sanción económica impuesta.

2) Cantidad resultante de aplicar un porcentaje sobre la cuantía del proceso.

  • Cuantías inferiores a 1 millón de euros, se aplicará un 0,5% sobre la cuantía. Máximo 10.000€.
  • Cuantías superiores a 1 millón de euros, se aplicará un 0,25% sobre la cuantía. Máximo 10.000€.
  • Cuantía indeterminada (muy frecuente en urbanismo), se aplicará un 0,5% sobre una cuantía de 18.000€, es decir, 90€.
Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 % con el límite de cuantía variable de 2.000 euros.

3) En caso de estimación de la pretensión en vía extraprocesal (es decir, que la Administración dicte un acto por el cual deje de tener objeto el proceso contencioso, por ejemplo, un otorgamiento de licencia a una obra sobre la cual se ha dictado una orden de demolición que ha sido recurrida al contencioso), se devolverá el 60% del importe de la tasa.

Regulación.

El artículo 139 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece:

1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

2. En las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

3. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.

4. Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.

5. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal.

6. Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Imposición de costas en la práctica de la jurisdicción contenciosa.

Desde el año 2011, se ha facultado a los Juzgados a la imposición de costas en primera instancia (en la regulación anterior carecían de dicha facultad, ya que se entendía como un doble gravamen para el administrado, que ya abonaba indirectamente los gastos del abogado de la Administración por medio de sus impuestos); actualmente, sigue siendo poco probable la imposición de costas en primera instancia y no existe, repetimos, no existe un criterio objetivo o único para la imposición o la no imposición de las costas; esta imposición se produce en segunda instancia, en caso de desestimación total de su recurso.

Importe de costas en la práctica de la jurisdicción contenciosa.

El importe correspondiente a las costas del proceso en ningún caso se corresponde con una cantidad fija, ya que depende de la cuantía del proceso, del baremo de honorarios del Colegio profesional correspondiente y, sobre todo, del criterio seguido por el órgano jurisdiccional en el que haya recaído el proceso.

En la jurisdicción contenciosa, tampoco existe, repetimos, tampoco existe un criterio objetivo o único para la tasación y cuantificación de dichas costas, ya que todo depende del criterio que siga cada órgano jurisdiccional (Juzgado o Sala).

En la jurisdicción contenciosa, suele ser común la utilización de la facultad del artículo 139.3, limitándolas a una cifra máxima; dicha cifra máxima suele corresponder con un importe de entre 300€ hasta un máximo de 3.000€ (insistimos, como criterio orientador según la práctica jurídica con Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contenciosa; en ningún caso se entenderá dicha cantidad como importe vinculante a efectos de la oferta de honorarios).

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