Condena a 4 años de prisión por “construir” una pista de motocross en Madrid

Este domingo salía en prensa la siguiente noticia: Cuatro años de cárcel por una pista de motocross en una finca protegida”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a prisión de 4 años al propietario de una finca en Colmenar del Arroyo en las que realizó unas obras sobre el terreno para habilitar una pista de motocross.  1455305185_006920_1455398585_noticia_normal

Interesados por esta sentencia (sorprendente en cuanto a su fallo por atípico en materia penal urbanística), Urbanística 91 procede a examinar la Sentencia 496/2015 de 3 de diciembre de 2015 de la Audiencia Provincial de Madrid, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 6/2014 instruido en el Juzgado de Instrucción nº1 de San Lorenzo del Escorial, con Diligencias Previas 75/2012 y rollo 690/2015; correspondiente la Sentencia al caso publicado en la prensa.

 La Sentencia:  

Hechos probados en sentencia:

  •  El acusado, en 2011 y entre enero y abril de 2012 realiza un circuito de motocross en su finca privada de Colmenar de Arroyo.
  •  Para esto, realiza las siguientes obras:  movimientos de tierras de miles de metros cúbicos, realización de desmontes y terraplenes, con alteración del perfil de la ladera en la parte baja de la parcela, colocación de dos rampas móviles de estructura metálica no ancladas al suelo, aporte de tierras y explanación de las mismas en al menos 6000 metros cuadrados.
  •  El acusado no solicita Licencia ni autorización.
  •  La finca  estaba incluída en la Orden 903/2001 de 5 de abril de la Consejería del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por la que se inicia el procedimiento de tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Zona de Especial Protección de las Aves Silvestres denominada Encinares de los ríos Cofio y Alberche.

La Fiscalía:

  • Delitos:
    •  319.1 CP: Llevar a cabo Obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
    •  319.3 CP: En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. En todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.
    •  338 CP: Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.
  •  Penas:
    •  4,5 años de prisión.
    •  Inhabilitación de sufragio pasivo durante el periodo de la condena
    •  Multa de 30 meses con cuota diaria de 10 euros.
    • Pensa subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas.
    • Inhabilitación como promotor, constructor o técnico director de edificaciones por 4,5 años.
    • Comiso de bienes con los que se ejecutó el delito.
    • Demolición de las obras y restauración del suelo.
    • Pago de las obras de restauración.

La Defensa:

Libre absolución del acusado.

La Sentencia:

  • Cuestión Previa Planteada:

“Por la Defensa se planteó como cuestión previa que al declararse la nulidad del Decreto 36/2010 con ocasión de la sentencia del TS de 16 de octubre de 2014 , las normas que regulan el espacio protegido a que se refiere el escrito de acusación del Ministerio Fiscal no estaba vigente y si bien con anterioridad estaba vigente la Orden 903/2001, ésta no era sino un tránsito que se estaba manteniendo hasta el Decreto anulado, desconociéndose la situación en la que se encuentran los espacios protegidos por el mismo que precisaría de un nuevo informe de la Comunidad de Madrid.

Efectivamente, como indica la Defensa, el Boletín de la Comunidad Autónoma de Madrid de 10 de septiembre de 2010 contiene publicado el Decreto 36/2010 , de 1 de julio de Consejo de Gobierno por el que se declara Zona Especial de Conservación EDL 2010/168892 (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) las “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” y se aprueba el Plan de Gestión de Espacio Protegido Real Natura 2000 denominado “Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, Decreto que en su Exposición de Motivos se hace mención a la reglamentación comunitaria, Directivas Comunitarias 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979 del Consejo relativa a la conservación de aves silvestres y la Directiva Comunitaria 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992, del Consejo, sobre conservación de los hábitats naturales, y de la fauna y flora silvestre, así como a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Nacional Y Biodiversidad que traspone dichas Directivas Comunitarias EDL 2007/212254 , y que hace mención al recorrido legislativo comunitario acerca de dicha protección. Dichas normas han tenido que ser desarrolladas posteriormente por la legislación natural a través de distintos planes de protección hasta llegar al Decreto 36/2010 antes mencionado en el que se recoge y se declara como zona de especial protección o conservación.

Dicho decreto 36/10, de 1 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se declara Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” y se aprueba el Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 denominado “Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio” EDL 2010/168892 ha sido anulado por la referida sentencia de la Sección Quinta del TS, la cual basa tal nulidad , al no estar debidamente justificados en el decreto ni en la documentación incorporada al expediente los criterios de zonificación seguidos y el establecimiento de medidas de conservación y de gestión. Sin embargo, como indica el Ministerio Fiscal, la nulidad indicada tiene como consecuencia la entrada en vigor de las normas derogadas por el mismo en su Disposición Final, siendo así que, por tanto, al tiempo de los hechos estaba vigente la Orden de la Consejería de Medioambiente 903/2001 y en consecuencia la zona donde el acusado actuó ha sido declarada zona especial de protección de aves y zona de importancia comunitaria hasta que se apruebe un nuevo plan de gestión del espacio protegido Red Natura 2000 denominado Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofío. En la citada Orden se establece claramente que durante la tramitación del plan de ordenación de los Recursos Naturales no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y biológica sin informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente. Por tales razones debe ser desestimada la cuestión previa planteada por la Defensa.”

En definitiva, que en el  tiempo de los hechos estaba vigente la Orden de la Consejería de Medioambiente 903/2001 y, en consecuencia, la zona donde el acusado actuó ha sido declarada zona especial de protección de aves y zona de importancia comunitaria  y donde no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y biológica sin informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

“Se desestima la cuestión previa planteada por la defensa y, en consecuencia, se considera que en base a la Orden indicada y las Normas Subsidiarias del Término Municipal de Colmenar del Arroyo que clasifican el suelo sobre el que operó el acusado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, las obras realizadas por el acusado infringían los preceptos indicados.”

  •  Sobre los hechos:

La Sentencia no versa sobre los hechos, ya que el autor y las testificales corroboran la autoría y las circunstancias fácticas concretas. De este modo, lo que se discute es la calificación jurídica de tales hechos y la inclusión en los tipos definidos por el Ministerio Fiscal.

  •  Sobre la calificación jurídica de los hechos:

Argumenta la sentencia:

“Resta por tanto valorar si tal conducta integra el delito imputado. Al respecto, señalar que el delito contra el medio ambiente es un delito de peligro que, en consecuencia, no precisa de una lesión efectiva en el bien jurídico protegido.”

“El delito previsto en el art. 319.1 CP exige la concurrencia de varios requisitos. 1º. Sujeto activo ha de ser quien reúna alguna de estas condiciones: promotor, constructor o técnico director. 2º. Ha de realizarse una construcción 3º. Ha de tratarse de una construcción no autorizada. 4º. Esa construcción no autorizada ha de tener lugar “en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan, legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección”. 5º. Como en todos los delitos dolosos ha de concurrir dolo en cualquiera de sus clases: directo de primer grado o intención, o dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, o dolo eventual.

En el presente caso se trata de una construcción, con un significado más amplio que la edificación, pudiendo referirse la construcción a toda modificación mediante obras de albañilería, entendida éstas en un sentido amplio, de la configuración del suelo que goza de la especial protección a la que alude el artículo 319.1 del Código Penal EDL 1995/16398, no exigiéndose, por tanto, la aparición fruto de esa actividad de un cuerpo con un volumen determinado como pudiera ser una edificación, propia del artículo 319.2.

Dicha construcción se realizó a instancias del acusado, como así lo reconoce en la vista oral y en la fase de instrucción , sin licencia o permiso como así también reconoce y consta en el expediente administrativo y en un espacio especialmente protegido como así se señala en el Fundamento de Derecho Primero.

Además en el acusado concurre, al menos, un dolo eventual, pues si bien pudo en su momento desconocer que el suelo sobre el que se asentaba la construcción era un espacio especialmente protegido, de ello fácilmente hubiera podido tomar conocimiento, si hubiera operado dentro de la legalidad administrativa de sobra conocida por una persona de al menos una cultura media, como se supone que tiene el acusado de profesión periodista, y ello al solicitar la licencia o permiso al Ayuntamiento, lo cual no hizo asumiendo un riesgo a todas luces previsible.

Lo indicado, añadido a la prolongación en el tiempo de su actividad, a la que se unen los efectos que la misma pudo causar en las especies protegidas con un alto grado de probabilidad, obliga a subsumir la conducta del acusado en el tipo penal agravado del artículo 319.1 en relación con el artículo 338 del Código Penal”.

  • Sobre la pena, las circunstancias modificativas de la responsabilidad, responsabilidad civil y costas:

“Dada la ausencia de antecedentes penales computables, el hecho de que el acusado cesara en su conducta al ser denunciado y de que las obras, aunque perjudiciales en los términos señalados, no fueran especialmente relevantes en cuanto a su estructura, se fija en su grado mínimo dentro de los márgenes de los artículos 319.1 y 338 del Código Penal”.

“en vía de responsabilidad civil corresponde al acusado y por su cuenta y gastos, restaurar el suelo al estado anterior a la construcción, si bien ,dado que las obras y su repercusión acústica y de personal pudieran afectar a las especies protegidas, deberá realizarse previo informe de la Dirección General del Medio Ambiente que determinará si ello es conveniente y posible, los medios ,en su caso, a utilizar etc, para que tal afectación no tenga lugar”.

“De conformidad el artículo 123 del Código Penal , debe imponerse al acusado el pago de las costas procesales.”

  •  Fallo:

 “DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Carlos a la pena de cuatro años y un día de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de veinticuatro meses y un día con una cuota diaria de seis euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio como promotor, constructor o técnico director de edificaciones por tiempo cuatro años y un día , costas y que proceda a la restauración del suelo al estado anterior a las obras realizadas, ello previo informe de la Dirección General del Medio Ambiente sobre la incidencia que en dicha zona pudieran suponer las obras de restauración en el medio ambiente”.

Comentarios a la Sentencia: 

  • Se confunde entre obra no autorizada y obra no autorizable.
  • Se incluye movimiento de tierra dentro del concepto de construcción.
  • Incorrecta aplicación del 338 a efectos de la pena impuesta.
  • Parte urbanística. Vamos a ver, con independencia de las anteriores cuestiones, aquí es donde querríamos hacer hincapié, en la parte más técnica, o más urbanística, en el fondo del asunto del tipo, ya que consideramos que no se ha introducido en la instancia (ya me habéis comunicado la inexistencia de pericial), ya que no se menciona en la Sentencia y que es de inexcusable apreciación y enjuciamiento por el Tribunal. Nos referimos a la clasificación urbanística del suelo por el planeamiento municipal y su relación con la normativa medioambiental y, en concreto, con las ZEPAs. ¿Qué tiene que ver la existencia de una ZEPA con la clasificación del suelo del planeamiento urbanístico municipal? ¿Qué tiene que ver una ZEPA, ámbito referido a la normativa medioambiental, que procede de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, con el régimen urbanístico del suelo? ¿Acaso una ZEPA prejuzga la clasificación urbanística de un suelo? ¿Pero no hay ZEPAs sobre suelo urbano, repito, sobre suelo urbano de municipios? ¿Quiere decir esto que una obra en suelo calificado de urbano consolidado es delito urbanístico? ¿Acaso no se trata de una confusión entre la legislación sectorial de medio ambiente y el planeamiento urbanístico? 1100-Suelo-No-Urbanizable-Protegido-Especialmente-Proteccion-Ganadera
  • El problema latente en materia de delitos urbanísticos es que, al tratarse de una materia técnica o específica, los juzgados y tribunales de lo penal tienen un profundo desconocimiento de la misma (es cierto que no se les puede exigir ser especialistas de todo), lo que lleva y produce resultados incorrectos (e injustos, por supuesto), ya que carecen de la más mínima idea de lo que es un Plan General o unas Normas Subsidiarias; a esto, se le añade la deficiente regulación del tipo penal, también muy criticada, por su solapamiento con el régimen sancionador administrativo en materia urbanística y por su inconcreción del hecho delictivo (precisamente también, por el desconocimiento específico en urbanismo); todo ello produce, como decimos, una profunda confusión en los operadores jurídicos, y ello conduce en ocasiones, si no se actúa debidamente, a resultados contradictorios con la norma y ciertamente lesivos para los acusados.
  • Lo que os quiero decir es que en la sentencia echo en falta una explicación urbanística por la que se os condena, no existe una valoración del tipo dentro de la clase de suelo no urbanizable de especial protección; no merece la misma protección un suelo no urbanizable de protección que linda con una autovía que un no urbanizable de especial protección en el Parque de Guadarrama (y esto hay que decirlo y probarlo), no puede ser que se persiga por lo penal un movimiento de tierras en una parcela donde legalmente se podría obtener una licencia de obra para vivienda unifamiliar (parcela mínima para edificar), no puede ser que una construcción pueda ser compatible con las condiciones de edficiación fijados por la ordenanza de no urbanizable de aplicación, y que un movimiento de tierras de dicha parcela constituya delito urbanísticos (directamente, no tiene sentido), no puede ser que no se argumente el porcentaje de suelo de protección de la Comunidad de Madrid (en proporción al territorio, de los más altos de España, en Madrid todo lo que no es urbano, está protegido), no se puede equiparar una especial protección que alega la Audiencia con una protección ganadera, que es la calificación exacta que tiene la parcela según las NNSS Colmenar. En definitiva, lo que os traslado es que entiendo que se debe introducir un trasfondo más urbanístico, más de planeamiento urbanístico, más técnico, al proceso, si bien no como pericial, sí como argumentación por escrito al respecto (sí, ahora pasamos al tema procesal, ya que sólo quedaría un momento en el procedimiento y es de díficil encaje).

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Publicado en Delito urbanístico con las siguientes etiquetas: Delito, Urbanismo, zepa, delito contra la ordenación del territorio, no urbanizable

Clase de suelo: No urbanizable
Comunidad Autónoma: Madrid

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