Extinción de responsabilidad penal en Almassora

  • Antes de nada, se descarta absolutamente la ampliación de la causa a la posible comisión de un delito urbanístico, ya que, por la clase de suelo, no se encuentra dentro del tipo (sólo se aplica a no urbanizable, y con alguna protección; en este caso, se trata de suelo urbanizable).
  • <li>Materialmente, la defensa debe sostenerse sobre la base de la existencia de una infracción administrativa-urbanística específica para el incumplimiento de una orden de paralización, de conformidad con la normativa urbanística valenciana (las prosecuciones pueden dar lugar a precintos, a expedientes sancionadores, pero no a acciones penales)
  • Materialmente también, la defensa posterior debe sostenerse sobre la base de que la falta de desarrollo del Sector (No Programado) responde a una inactividad de la propia Administración; es decir, que si un ámbito de suelo (en urbanizable o urbano no consolidado) no se desarrolla, y ya han transcurrido todos los plazos previstos para su desarrollo, el Ayuntamiento es responsable por la inejecución de dicho planeamiento y tiene los mecanismos legales para cambiar el sistema de actuación, desclasificarlo, etc. Está consolidado que una Administración no puede incluir una parcela “sine die” dentro de un ámbito de actuación a urbanizar, ya que está limitando el régimen de uso del suelo.
  • Materialmente también, como te comentaba por teléfono, se debe sostener que las obras son legalizables, una vez se desarrolle el ámbito, y que las viviendas quedarán incluidas dentro de futuras parcelas lucrativas. En el Informe técnico reproducido en la Orden de Demolición, he visto que el técnico indica que la “infracción urbanística no es legalizable”, lo cual no tiene mucho sentido, ya que lo que no sería legalizable son las obras, no la infracción, que evidentemente se comete, con independencia de que posteriormente puedas obtener licencia de obra o no.
  • Procesalmente, de entrada, ante los Juzgados de Castellón, merece la pena del todo dilatar el proceso, ya que están caducando bastantes procedimientos.
  • Procesalmente, no deberían “llamar” a las hijas, aunque efectivamente puede que las citen en calidad de testigo, ya que la acción se dirige contra el autor material (y coautores, partícipes, etc) del incumplimiento, es decir, contra el promotor de las obras (también podrían incluir al constructor).
  • Procesalmente, la orden de demolición está bien dirigida contra Rafael (los expedientes de disciplina, dado que la naturaleza es de protección pública de la normativa urbanística, no finalidad sancionadora, se pueden dirigir contra cualquiera, a grosso modo; los sancionadores urbanísticos y penales, por supuesto, contra quien efectivamente haya cometido la infracción o el delito).
  • Procesalmente, no debería haber inconveniente de que Rafael declarase, siempre y cuando esté correctamente preparada la declaración, por supuesto.

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