Límites a los Convenios Urbanísticos

22El uso de convenios urbanísticos, ya sean de planeamiento o de gestión, no es, sino una técnica convencional que obedece a la práctica administrativa autonómica y local, cada día más usada, de pactar con los particulares cuestiones urbanísticas que podría resolver la Administración de manera unilateral pero que, recurriendo a esta figura, se vuelve mucho más beneficiosa para ambas. Mediante esta técnica, las Administraciones Públicas y los particulares convienen el negociar -sin caer nunca en la arbitrariedad- una ordenación del espacio que beneficie a ambos, recurriendo a soluciones convenidas.

La naturaleza jurídica de estos convenios es la de “contrato administrativo”, por lo que se someten -a parte de a las legislaciones específicas que las regulen o desarrollen- a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Efectivamente, estas dos normas, habilitan a la Administración para perfeccionar convenios urbanísticos pero, a su vez, establecen unos límites que, de sobrepasarse devendrá en consecuencias de nulidad para esos convenios. Estos  límites pueden resumirse en:

a) Respeto al principio de de legalidad: Debe existir un sometimiento pleno de la Administración a la Ley y, por tanto, debe respetarse siempre el carácter público de la función urbanística más todas las normas que regulan esta actividad bajo sanción de nulidad de pleno derecho.

La potestad de planeamiento es indisponible por vía de convenio pues no pueden supeditarse en ningún caso intereses particulares frente a los públicos. Esto no quiere decir que lo concertado con los particulares en materia de planemiento sea de por sí nulo, sino que, en cualquier caso, tendrán un carácter orientativo. Tenemos en el espectro autonómico diversas normas que disponen esto mismo, por ejemplo la normativa de Madrid, la de Galicia o la de Andalucía. Es muy sencillo, se podrá convenir sobre planeamiento – si la norma lo permite, si se procede mediante la motivación y, siempre que se garantice que esa potestad respeta los fines previstos en el ordenamiento- pero se impide claramente que la Administración pueda renunciar al ejercicio de sus potestades y que, el convenio, altere los criterios legales de planeamiento.

b)  Defensa del interés público: Ya se ha comentado; prohibición absoluta de utilizar este instrumento para favorecer intereses particulares frente a públicos.

c) Principio de buena administración: El convenio siempre debe ser un instrumento jurídico para incentivar la eficacia administrativa.

d) Demás principios propios de la legislación urbanística, principios rectores de la actividad, normativa sobre elaboración, revisión y aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento, principio de jerarquía entre distintos instrumentos, o distribución competencia.

Como vemos, el hecho de que se permita “negociar” con la Administración cuestiones incluso de planeamiento urbanístico o de gestión, no implica un libre albedrío respecto a las cuestiones a convenir. Los principios generales del derecho y los urbanísticos siempre deberán ser respetados, y dentro de esta parcela que nos acotan, podremos entrar a debatir y pactar con la Administración para intentar llegar a soluciones que beneficien tanto a ésta como a los particulares, sin perder nunca de vista la función pública urbanística, a la que nos encontraremos siempre sometidos.

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