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Fomento presentó el viernes propuesta de Convenio de acreedores para “rescatar” la R-3 y R-5 de Madrid

EUROPA PRESS “El Ministerio de Fomento ha presentado este viernes ‘in extremis’ una propuesta de convenio de acreedores para las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5 ante el Juzgado de lo Mercantil número 6, según informaron a Europa Press en fuentes oficiales. De esta forma, el Departamento que dirige Ana Pastor da el primer paso para rescatar a estas ...

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Sentencia del Tribunal Supremo ( Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 6ª), de 14 de mayo de 2013

El aprovechamiento que debe considerarse para valorar el justiprecio de un urbano consolidado (con la actual legislación, lo que podríamos asimilar a "suelo urbanizado") es el aprovechamiento neto. En nuestra opinión, esta expresión está incorrectamente utilizada por el Supremo, ya que debería utilizarse el concepto de edificabilidad neta por parcela, no aprovechamiento neto, ya que, además de haberse procedido a las cesiones para suelo público, se entiende también que se ha realizado la cesión del aprovechamiento municipal, así como el pago de los gastos de urbanización, por lo que debe aplicarse la edificabilidad neta o directa por parcela.

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Sentencia del Tribunal Supremo ( Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 6ª), de 19 de marzo de 2013

La STS, Sec. 6ª, 19-03-2013 (RC 3428/2010) argumenta en síntesis que, si bien en principio una actuación de reforma comporta, en sí mismo considerada, un ámbito de gestión a los efectos previstos en el artículo 28.2º, resulta evidente que cuando el mismo planeamiento que articula dicha actuación establece ámbitos de gestión individualizados, deberá estarse a lo que resulte de cada uno de dichos ámbitos porque ya carece de fundamento el originario ámbito de gestión de toda la actuación de reforma

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Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Contencioso Administrativo Sec, 6ª), de 19 de diciembre de 2012

la Sala estima el recurso por entender que la premisa de la que parte la Sentencia recurrida, esto es, que la mera aprobación del Proyecto Supramunicipal cambia la clasificación inicial del suelo no urbanizable genérico, no puede ser aceptada en los términos citados, y ello deriva de la propia naturaleza de los Proyectos Supramunicipales, que no pueden sustituir al Plan General como instrumento de ordenación, por lo que no pueden clasificar suelo, siendo, en el presente caso, precisamente el Proyecto Supramunicipal el instrumento necesario para producirse la declaración de interés supramunicipal que permite la expropiación de los terrenos y mediante el cual podrá autorizarse la urbanización. Por todo ello, debe entenderse que debe valorarse el suelo, en atención a las solas circunstancias señaladas con anterioridad, conforme su clasificación urbanística de suelo no urbanizable genérico.

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Sentencia del Tribunal Supremo, ( Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 6ª) de 9 de mayo de 2013

la Sala desestima el motivo por entender que las Disposiciones Generales, y en particular los planes urbanísticos, pueden proyectar consecuencias en determinados actos administrativos particulares, o, como es el caso, incidir en una concesión, cuyo contenido, por otra parte, en ningún caso es inmutable, sin que pueda pretenderse la declaración de no ser conforme a Derecho un instrumento de ordenación porque las previsiones que contiene no sean armónicas con el pliego de cláusulas administrativas por el que se rigió la adjudicación y con el principio de equilibrio financiero exigible en el ámbito concesional. Si se producen esas consecuencias, el eventual restablecimiento del equilibrio o, en su caso, la valoración de la privación de los derechos a expropiar, son cuestiones ajenas al ejercicio de la potestad de planeamiento y en modo

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Incoación coercitiva de expropiación

El supuesto es el siguiente: Parcela sujeta a expropiación por parte del Plan General. Plan General aprobado hace más de 4 años. La Administración no me expropia la parcela, y tampoco puedo hacer nada sobre ella. Bien, desde el legislador estatal del 78, y posteriormente la práctica mayoría de las legislaciones urbanísticas de las CCAA, se preevé un procedimiento por ...

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