Un Juzgado de Almeria condena a un Ayuntamiento al pago de 400.000 € por el derrumbe de una vivienda

casas-vivir-en-almeriaEl juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Almería condena al Ayuntamiento de Vicar al pago de 400.000 euros por el derrumbe de una vivienda.

Los demandantes perdieron su vivienda, siendo esta calificada de ruina absoluta y con orden de desalojo; éstos, una vez entablan las acciones pertinentes en vía administrativa, reciben como respuesta el silencio negativo del Ayuntamiento que, posteriormente, ratifica. De tal modo que los demandantes entablan acción de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Vicar pues, la Administración, en ejercicio de la actividad urbanística de planeamiento y de ejecución del planeamiento, posee la obligación de actuar correctamente y con la diligencia debida en el ejercicio de dichas actividades; en caso que no actúe de esta forma, y que su negligente funcionamiento sea causa de un daño efectivo a una persona física o jurídica o concreta, estos últimos pueden ejercer la acción de exigencia de dicha responsabilidad ante la Administración.

Si bien es cierto que la sentencia es favorable a los demandantes, la fundamentación jurídica que ha utilizado este Juez de lo Contencioso no ha sido tanto la falta de diligencia en la ejecución del planeamiento urbanístico de este Ayuntamiento, sino su falta de diligencia en la ordenación de estos terrenos. Y esto es un aspecto que llama la atención pues, la defensa, a parte de recalcar la falta de previsión en la ordenación del planeamiento, hace especial referencia a la falta de cuidados mínimos en su ejecución y es aquí donde hace especial incidencia en su demanda.

La finca, objeto de esta litis, se construyó en suelo clasificado por el PGOU de Vicar como urbanizable y, sin embargo, se produce un corrimiento de tierra que hace que la vivienda se desplace sobre el terreno y quede en un estado de completa ruina.

Pues bien, la defensa de los actores no atiende tanto a la falta de diligencia a la hora de ordenar este terreno como urbanizable, sino en la falta de cuidados mínimos para que, ya que estos terrenos están clasificados como urbanizables, se eviten situaciones que no tienen por qué soportar los administrados.  

Y esto es así pues, aunque el Ayuntamiento tenga discrecionalidad para clasificar el suelo, esto no le exime de la responsabilidad de lo que pueda ocurrir en esos terrenos. Es más, en el propio Plan Parcial que afectaba a estos terrenos ya se establecía que en esa zona que se pretendía clasificar como urbanizable, los terrenos no eran especialmente “hábiles” para tal clasificación; así se recogía el apartado 1.2.1.d) Memoria Informativa Modificación Plan Parcial S-1 La Envía, relativo a los Riesgos Geológicos del medio abiótico, expresa:

En la zona de estudio se pueden identificar dos tipos de procesos que generan riesgo para sus usuarios:

– Desprendimientos de ladera.

– Deslizamientos.

Los desprendimientos se asocian a laderas de fuertes pendientes, coronadas por afloramientos rocosos fracturados o alterados por meteorización, y a bloques sueltos procedentes del conglomerado basal de las areniscas. Estos bloques se dispersan al pie del escarpe, avanzando hasta el valle en función de sus dimensiones y pendiente. Este fenómeno se ha observado al pie de las laderas que cierran el centro del valle. Los materiales que constituyen la base de la serie se caracterizan por ser muy plásticos e impermeables, lo que los hace altamente inestables en las zonas de fuertes pendientes. Las zonas de inestabilidad se localizan en áreas donde intersectan los barrancos con estos materiales.

Por tanto, el deslizamiento de ladera era un riesgo conocido y previsible en el momento de la clasificación y ordenación del  ámbito y, aun así, ejerciendo la potestad discrecional de planeamiento, (que pudiera incluso parecer arbitrariedad) el Ayuntamiento decide clasificar y ordenar pormenorizadamente el ámbito. De tal modo que, aunque las características fueran suficientes para no clasificar el suelo como urbanizable, lo que si era del todo exigible era que, una vez se planifica la actuación urbanística, se tenga la obligación de velar por la ejecución de la misma, lo que no se ha hecho en este caso.

Siguiendo con este razonamiento, de falta de diligencia en la actuación urbanística del Ayuntamiento, la defensa demuestra todas las pruebas que acreditan la dejadez del Ayuntamiento, entre las que se encuentran que, por ejemplo:

  • Que el Ayuntamiento de Vicar había permitido y perpetuado un estado deficiente e  incompleto de las obras de urbanización ya que La red viaria diseñada carecía de los elementos estructurales necesarios y  suficientes para dar acceso a las parcelas residenciales; que no no existe obra ni solución de drenaje del agua de escorrentía que proteja el vial y la zona urbanizada, facilitando los procesos de deslizamiento, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del terreno (filítico) y la pendiente del mismo; que no existe muro de contención ni solución estructural que sostenga el vial de acceso a parcela (cuyo hundimiento supera el metro de altura), máxime teniendo en cuenta la naturaleza del terreno (filítico) y la pendiente del mismo.
  •  Que no se cumplió el plan de etapas previsto para ejecutar el Proyecto de Urbanización. 18 años después de la aprobación del Proyecto de  Urbanización, aún no se han recepcionado las obras de urbanización

Y la más grave de todas:

  • Que no existe Proyecto de Urbanización que ejecutar. Es decir, que ya no sólo es que el Proyecto de Urbanización fuera insuficiente o estuviere mal ejecutado, sino que directamente dicho Proyecto no existe.

Pues bien, aun acreditando todos estos hechos y dándolos por probados el Juez de lo Contencioso, éste, fundamenta su sentencia en motivos de ordenación del territorio y no tanto de gestión y ejecución del planeamiento, simplificando así las cosas. Así lo recoge el Juez en el Fundamento de Derecho Tercero:

“Como dice el art. 2 de la LOUA la actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de este mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno.

En consecuencia, no cabe duda que el Ayuntamiento es responsable de que las edificaciones se ejecuten en terrenos aptos, independiente de la forma en que se gestione la ejecución de la urbanización, ya que es al Ayuntamiento, en todo caso, a quien corresponde determinar los terrenos aptos para la urbanización y edificación.”

Y sigue el Juez, para poder llegar al nexo causal, explicando que no cabe otra manera de saber si existió o no falta de diligencia por parte del Ayuntamiento en la ordenación de esos terrenos como urbanizables que, examinando los informes periciales presentados. Que en el caso concreto fueron varios, siendo de especial validez para el Juez el informe del perito judicial. Donde, además, fundamenta jurisprudencialmente el porqué de la mayor validez de este informe frente a los informes periciales privados.

Así valora el Juez la prueba pericial aportada por el perito judicial sobre si esos terrenos deberieron o no, ser catalogados como urbanizables ( Fundamento de Derecho Tercero):

“En definitiva, las patologías de la edificación, a mi entender, se han producido por la edificación en un terreno no apto para edificar, debido a la inestabilidad de la ladera. Este extremo se debería haber tenido en cuenta para haberlo evitado en el momento en que se ejecutó la urbanización, a la vista del Estudio Geotécnico, en el que debería haber figurado ese extremo, que se debió realizar previo a la ejecución de la misma. Cabe destacar que el mencionado Estudio Geotécnico de la urbanización no se encuentra en el expediente y no ha podido encontrarlo. A efectos legales, ese terreno, pese a cumplir los extremos establecidos de la LOUA como suelo apto para edificar, no es así, ya que había que haber hecho una intervención en el conjunto para estabilizar la ladera. Este tipo de intervenciones son altamente costosas.

En consecuencia, del informe se deduce la existencia del nexo causal entre el funcionamiento de los servicios municipales y los daños, sin que en la producción de los mismos hayan intervenido los técnicos a los que el Ayuntamiento imputa los mismos. El informe pericial lo deja bien claro.”

Pues bien, después de todo este análisis, el Juez acaba por establecer todos los elementos básicos de la responsabilidad patrimonial de la Administración y sentencia a la parte demandada ( Ayuntamiento de Vicar) al pago de 398.113,61 €, en atención a la valoración que hace el perito y no a la prueba aportada por la defensa, y no impone condena en costas alguna.

Así queda redactado el fallo:

“Estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por XXX, frente a la resolución impugnada por no ser conforme a derecho, declarando el derecho de los actores a ser indemnizados por el Ayuntamiento de Vicar en la cantidad de 398.113´61 €. Sin costas.”

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