La anulación del Constitucional de la disposición adicional cuarta referida al deslinde de Formentera

Illetes---Miquel-Mas-MasYa comentamos que el Tribunal Constitucional ha estimado “parcialmente” el recurso de inconstitucionalidad presentado contra Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 que aprobó el Gobierno en 2013.

En concreto, una de las anulaciones más famosas ha sido esta Disposición adicional cuarta, que trataba sobre el deslinde de la isla de Formentera que expresaba los siguiente:

Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera.

1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geomorfológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio público marítimo-terrestre:

 a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde.

 b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.

 En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, la Administración General del Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

 2. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de tránsito o protección les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

 3. La servidumbre de protección tendrá una extensión de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

4. Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 1 de esta disposición dejen de formar parte del dominio público serán reintegrados en el dominio de aquellos bienes.

 Como vemos, uno de los apartados anulados de esa ley, es el que reducía significativamente la zona de dominio público marítimo terrestre de la Isla de Formentera.  La zona de dominio público marítimo terrestre es la que goza de más protección e impide que exista titularidad privada en esa zona. El argumento dado por los recurridos en este recurso ya resuelto era que dada la geografía de la isla, la parte de dominio público era desproporcionada y no resultaba necesaria una zona protegida tan amplia. Sin embargo, así contestaba el Constitucional:

“Ninguna explicación ofrece la exposición de motivos sobre esta disposición, y tampoco el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que acompaña a las alegaciones del Abogado del Estado permite deducir, más allá de la breve descripción de la geomorfología insular, cuáles serían los elementos basados en datos científicos, objetivos y contrastados, que diferencian este territorio del resto del archipiélago balear, o del resto de la costa española”

La sentencia recalca que el trato excepcional a Formentera “carece de justificación objetiva y es irrazonable y, por ello, arbitraria, ya que no se aduce (ni siquiera en el preámbulo o exposición de motivos, como tampoco en los debates parlamentarios) razón alguna de la especial configuración geomorfológica de la isla ni es posible inferirla racionalmente del texto legal”. Y añade que “la única diferencia apreciable entre las muy próximas islas de Ibiza y Formentera es la escasa extensión de esta última”.

Para el tribunal, la norma anulada solo reflejaba «la mera voluntad legislativa de ampliar sin más la superficie susceptible de aprovechamientos privados, en las antípodas de la voluntad objetiva de la norma constitucional», por lo cual la disposición sobre el deslinde de Formentera constituye «una indebida dispensa singular basada en la mera voluntad de volver a definiciones de la Ley de Costas de 1969, justamente superadas por la Constitución de 1978».

En su fundamentación jurídica, el TC es contundente: «No es admisible la vía de excepción que la propia disposición confiesa emplear y que consagra un exorbitante privilegio proscrito por el artículo 132. 2 de la Constitución. La sentencia rechaza categóricamente que el precepto recurrido pudiera «reintegrar al dominio privado» unos bienes “que ilegítimamente habrían perdido su condición demanial”

En definitiva, el Constitucional considera que la reducción del dominio público marítimo-terrestre en Formentera no está lo suficientemente justificada en la ley para explicar por qué este territorio debe recibir un trato diferente, por ejemplo, al resto de las Balears.

Por otro lado, aquella ley ahora anulada parcialmente, considerada que no era dominio púplico marítimo terreste aquellas zonas de la costa ganadas al mar, o dedicadas a ciertas actividades económicas, como las salinas o los cultivos marinos. éstas serían las zonas que han sido inundadas artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto. Sin embargo, el Constitucional también tumba esto de esta manera:

“La pretensión de excluir porciones del dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta constitucionalmente inadmisible”.

Publicado el 20/11/2015 en Costas con las siguientes etiquetas: Formentera, Ley de Costas, Tribunal Constitucional, inconstitucional
Municipio: Formentera
Comunidad Autónoma: Islas Baleares

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