Procedimiento expropiatorio

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La expropiación es un instrumento que dispone el Derecho Público para proceder a la transferencia coactiva de la propiedad privada del particular a la de la Administración Pública u otro particular, por razón del interés público, previo pago de una indemnización (justiprecio) que debe corresponderse con el valor del bien expropiado.

La expropiación forzosa se regula en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, en el Reglamento de 26 de abril  de 1957, en los artículos 33 y 149.1.18 de la Constitución Española y en el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

El artículo 33.3 Constitución Española establece:

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

El artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa  establece:

Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el artículo 32 del Fuero de los Españoles, entiéndase artículo 33.3 de la Constitución en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio.

Elementos de una expropiación.

  • Sujetos; que serán: i.el expropiante, que es el titular de la potestad expropiatoria que sólo corresponde al Estado, Provincia, Municipio y Comunidades Autónomas; ii.el expropiado, que es el titular del bien, derecho o intereses objeto de expropiación y iii. el beneficiario, que es el adquirente inmediato de la transmisión forzosa.
  • Objeto; ya no sólo se extiende a bienes inmuebles, sino que también se extiende a los demás derechos e intereses patrimoniales legítimos.
  • Causa; puede ser tanto la utilidad pública como el interés social.
  • Contenido; toda intervención administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos a que se refiere el artículo 1 de la Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos.

Requisitos esenciales de una expropiación.

Asimismo, los requisitos esenciales que se deben cumplir en toda expropiación son los siguientes:

  • La declaración de utilidad pública o interés social: lo principal es que se haga por ley, aunque se considera implícita en materia de planeamiento urbanístico; en los demás casos suele utilizar una declaración genérica por Ley, habilitando al Consejo de Ministros, el Consejo de Gobierno Autonómico, a concretar los bienes que van a ser objeto de expropiación.
  • El justiprecio: sería la indemnización que siempre hay que pagar al indemnizado. Si no se llega a un acuerdo previo, se dirime ante los Jurados Provinciales de Expropiación, que no son otra cosa que órganos administrativos y, en última instancia, se puede llegar ante los Tribunales ordinarios. También es importante señalar que, de igual modo que en el proceso ordinario de expropiación, primero se paga el justiprecio y después se procede a la expropiación, en el proceso de expropiación por urgencia, primero se expropia y luego se paga el justiprecio.
  • La necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos. De conformidad con el artículo 51 Ley de Expropiación Forzosa, hecho efectivo (o consignado) el justo precio, podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado, siendo posteriormente el acta de ocupación el título bastante para la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad.

Expropiación por ejecución de planeamiento (expropiación urbanística).

Los ámbitos de actuación urbanizadora, ya sea en suelo urbano (las unidades de actuación o ejecución), ya sea en suelo urbanizable (los sectores, polígonos de actuación, etc); así como los sistemas generales no adscritos a ninguna clase de suelo, pueden desarrollarse urbanísticamente mediante la expropiación de la Administración, que se configura como el tercer sistema clásico de gestión urbanística.

La principal característica de esta expropiación por razón de urbanismo, es que la declaración de utilidad pública o interés social se sustituye o se entiende implícitamente producida con la aprobación definitiva del planeamiento donde se fija el sistema de actuación mediante expropiación; es decir, que el procedimiento de aprobación del Plan y la justificación que el mismo contiene respecto de los ámbitos y redes a expropiar, operan como fundamento de la utilidad pública y el Plan opera como la disposición normativa que contiene la Declaración por parte de la Administración.

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