Procedimiento sancionador

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La acción sancionadora en materia urbanística persigue castigar aquellas infracciones que se encuentran tipificadas en la legislación urbanística. Por regla general, las infracciones se tipifican de muy graves, graves y leves, dependiendo de la entidad del acto realizado.

Actos sancionables

Las infracciones que derivan en un procedimiento sancionador provienen de actos y actividades de transformación del suelo mediante realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin las preceptivas licencias, o cuando aún estando amparados en dichas licencias, se sobrepasa de lo permitido.

Los casos más comunes son la realización de obras (actos de edificación, construcción, instalación, etc) sin la preceptiva licencia o en contra de los términos de una licencia concedida. Aun así, existen otros muchos tipos de infracciones, como por ejemplo implantar y desarrollar usos incompatibles con la ordenación urbanística aplicable; o los incumplimientos de la ejecución del planeamiento urbanístico, de deberes y obligaciones que las leyes urbanísticas o los instrumentos de desarrollo urbanístico impusieran, así como aquellos incumplimientos de convenios urbanísticos (de gestión); y por supuesto, la negativa u obstrucción a las labores inspectoras urbanísticas de la Administración.

Responsables

Los responsables por esos actos pueden ser tanto los técnicos facultativos, como los promotores, los constructores e incluso los propietarios de los terrenos o fincas donde se realizasen dichos actos y, también, las personas jurídicas serán responsables por las infracciones que cometieran sus órganos.

Graduación de las sanciones

Las infracciones y sus sanciones son modulables, es decir, que dependiendo del grado de responsabilidad, de la buena o mala fe, y de la entidad de las obras que se hayan realizado, la responsabilidad puede atenuarse o agravarse.  Por regla general, podríamos citar como circunstancias agravantes el hecho de prevalerse de la posición de cargo público o de oficio para cometer la infracción, el de usar la violencia o la coacción, o el hecho de persistir en la infracción reiteradamente. Y las circunstancias que atenúan la responsabilidad podría ser la ausencia de causar un daño grave o la reparación voluntaria del daño antes del inicio de la actuación administrativa. Y también existen circunstancias que podrían ser atenuantes o agravantes de la infracción: el mayor o menor conocimiento técnico de lo que se ha hecho y el mayor o menor beneficio obtenido de la infracción.

Cálculo de las sanciones

Para el cálculo de la sanción se atiende sobre todo, al valor de lo realmente ejecutado y al perjuicio causado. Estas reglas son reguladas mediante reglamentos, y normalmente esta cantidad es calculada en función de las normas de valoración del Real Decreto 1020/1993 de 20 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana; y también mediante la Orden EAH/1213/2005, de 26 de abril que entró en vigor el 6 de mayo de 2005.

Prescripción

Por último, recordar que todas las infracciones administrativas tiene un plazo de prescripción, que empieza a correr desde el momento en el que se produce dicha infracción, y que corresponde al denunciado probar la fecha en la que se terminaron las obras que han lugar a la infracción. Estos plazos varían dependiendo de cada Comunidad Autónoma, pero oscilan entre los 4 y 6 años.

Tabla sobre la prescripción de las infracciones y sanciones urbanísticas  

Actuaciones previas

Realmente no es una parte del propio procedimientos administrativo sancionador, pues se produce antes de la iniciación, y puede usarse para recoger y analizar cuestiones previas para determinar si existieran o no circunstancias para iniciar el procedimientos. Algo muy relevante es que estas actuaciones no interrumpen el plazo de prescripción de las infracciones.

Iniciación

Se incoa de oficio; por iniciativa del propio órgano administrativo, por orden superior, por petición de otro órgano administrativo o por denuncia. Aquí se produce el acto de iniciación y este deberá incluir:

a. La identidad de los sujetos que se presuponen responsables.

b. Los hechos que han motivado la incoación del expediente.

c. Indicar el instructor y, en su caso, el secretario del procedimiento, con indicación   expresa del régimen de recusación.

d.  El órgano que sea competente para la resolución del expediente y la norma que le atribuya la competencia.

e. Medidas de carácter provisional que se hubieren acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento.

f. Debe indicarse el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como los plazos para su ejercicio.

El acuerdo de iniciación tiene que comunicarse al instructor y notificarse a todos los interesados y, además, el órgano competente podrá adoptar cuantas medidas provisionales crea convenientes para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

Instrucción.

Esta fase es tendente a determinar y comprobar todos los datos según los cuales deba pronunciarse la resolución. En esta fase se dan cuatro momentos:

a. La alegaciones: a los 15 días de notificarse el acto de iniciación pueden presentarse.

b. Prueba: en un periodo no inferior a los 10 días ni mayor a los 30.

c. Propuesta de resolución.

d. Audiencia: se concede un plazo de 15 días desde la notificación de la propuesta de resolución para formular las alegaciones y presentar todo lo que se estime pertinente.

Resolución

En este momento, antes de que se produzca el dictado de la resolución, el órgano administrativo que sea competente, podrá realizar actuaciones complementarias y, de nuevo, se les da a los interesados un plazo de 7 días para que vuelvan a presentar alegaciones. En cualquier caso, la resolución a la que llegue el órgano competente, en 10 días, deberá ser formalizada para que se acredite la voluntad del órgano emisor. El plazo de resolución es de 6 meses.

Una vez que existe dicha resolución, es donde se abre la posibilidad de recurso, primero en vía administrativa, mediante los recursos administrativos existentes, según cada caso y, después, o a la vez, según cada caso, el recurso judicial; el recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contecioso-Administrativo.

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