Sentencia Audiencia Provincial Alicante núm. 315/2001 (Sección 7), de 21 junio

“Con respecto a las expresiones edificación no autorizable y suelo no urbanizable, señala Quintero Olivares en su trabajo «infracciones urbanísticas y delitos contra la ta ordenación del territorio», publicado en Cuadernos de derecho judicial, CGPJ, que encontrándonos ante una norma penal en blanco, que exige su remisión a normas administrativas específicas, algunas de rango jerárquico inferior al carácter de Ley Orgánica del Código Penal, el principio de intervención mínima que informa el derecho penal obliga excluir del tipo penal aquellas edificaciones que razonablemente puedan aspirar a una legalización posterior. Igualmente, recordando a Morales Tamarit, debemos señalar que este artículo 319.2 del Código Penal proviene de una enmienda de CIU que se justificaba para alejar del campo del derecho penal aquellas actuaciones urbanísticas realizadas en suelo no urbanizable, pero que podían ser autorizables en abstracto mediante un proceso ulterior de modificaciones. Resulta evidente que la expresión no autorizables que utiliza el precepto penal puede verse alterada si posteriormente se procede a la legalización de la situación ilegal desde origen. En el mismo sentido, Antonio Narváez en su artículo «los delitos sobre ordenación del territorio: la responsabilidad penal de la administración urbanística», al tratar las diferencias existentes entre el apartado 1º y 2º del artículo 319 del Código Penal, indica que en el apartado que nos ocupa no se alude a todo tipo de construcciones, sino a las edificaciones, se sustituye el término «no autorizada» por «no autorizable», y se restringe el ámbito de aplicación del tipo penal sólo a los suelos no urbanizables frente al más amplio anterior que permitía la comisión del delito en cualquiera de las clases del suelo que prevé la legislación urbanística.”

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