Sentencia Tribunal Supremo de 08/10/2013 sobre Plan General

Tipo de resolución Sentencia
Número de resolución
Fecha de resolución 08/10/2013
Número de recurso 2786/2010
Roj
Jurisdicción Contencioso-administrativa
Órgano jurisdiccional Tribunal Supremo
Sala jurisdiccional Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección
Partido judicial
Municipio Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain
CCAA Catalunya
Clase de suelo
Acto administrativo y/o disposición normativa Plan General
Fallo Estimación del recurso contencioso
Resumen material Sometimiento del planeamiento a Evaluación Ambiental Estratégica. Efecto directo de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Tras dar cuenta de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual los particulares pueden invocar frente a las autoridades públicas disposiciones incondicionales y suficientemente precisas de una Directiva, la STS, Sec. 5a, 08-10-2013, RC 2786/2010, aborda la cuestión de si la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente es suficientemente precisa e incondicional para permitir su directa aplicación. Prescindiendo aquí de las razones estrictamente conectadas al caso concretamente enjuiciado y de las especialidades de la legislación autonómica concernida, el Tribunal Supremo se pronuncia a favor del reconocimiento del efecto directo de la norma comunitaria con base en las razones siguientes: “En primer lugar, la Exposición de Motivos, parte de que los

diferentes sistemas de evaluación deben contener unos requisitos de procedimiento comunes (apartado 6); según sus propias palabras, es necesario actuar a escala comunitaria con el fin de establecer un marco general de evaluación medioambiental que establezca unos principios amplios del sistema de evaluación medioambiental y deje los detalles a los Estados miembros (apartado 8); y asimismo se alude a las garantía del procedimiento en orden a las consultas de las autoridades y del público en general (apartado 14).En segundo lugar, el contenido del informe medio-ambiental resulta definido junto con los aspectos a considerar en el artículo 5 de la Directiva en relación con el anexo I y el trámite de consultas e información pública resulta reflejado en el artículo 6. En tercer lugar, la conclusión de que las disposiciones de la Directiva son claras, precisas y completas, y por tanto son aplicable directamente, resulta, en cierto modo, corroborada por el Tribunal de Justicia. En las observaciones preliminares de la sentencia de su Sala 4a, de 22-3-2012, no C- 567/2010 , al resolver cuestión prejudicial sobre la interpretación del concepto de planes y programas de la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica, el Tribunal de Justicia nos recuerda lo siguiente :« 20. Con carácter previo, debe subrayarse que el objetivo esencial de la Directiva 2001/42, como se desprende de su artículo 1, consiste en someter a evaluación medioambiental los planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, durante su preparación y antes de su adopción (sentencia de 17 de junio de 2010, Terre Wallonne e Inter- Environnement Wallonie, C 105/09 y C 110/09, Rec. p. I 5611, apartado 32). 21. La Directiva 2001/42, al exigir dicha evaluación medioambiental, establece normas mínimas respecto a la preparación del informe sobre el medio ambiente, la aplicación del procedimiento de consulta, la consideración de los resultados de la evaluación medioambiental y el suministro de información sobre la decisión adoptada al término de la evaluación (sentencia Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie, antes citada, apartado 33).22. El artículo 2 de la Directiva 2001/42, que contiene las definiciones pertinentes, dispone que ésta se aplicará a los planes y programas que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, así como a sus modificaciones ».”(FJ 6)

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