Sentencia 1336/2014, del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 2014

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Hijos de Francisco López Sánchez (LOPESAN) se basa en dos motivos, ambos al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de esa Jurisdicción; el primero por infracción de normas jurídicas, subdividido en ocho motivos, y el segundo por haber vulnerado la Sala de instancia la doctrina jurisprudencial, que se cita y transcribe en seis apartados diferentes; en el primer submotivo se invoca la infracción de lo establecido en los artículos 43.2, párrafo primero , y 43.4 y 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , en relación con los artículos 42.1 y 89.4 del mismo cuerpo legal , porque la Sala sentenciadora ha considerado que sólo opera el silencio positivo cuando existe un procedimiento legal o reglamentariamente tasado, sin que haya ninguno relativo a la resolución de convenios
urbanísticos; en el segundo se alega la infracción de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2001,de 12 de noviembre , reguladora del derecho de petición, porque excluye de su objeto aquellas solicitudes para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento específico distinto; el tercero por haber conculcado la sentencia recurrida lo establecido en los artículos 3.1 , 112.1 y 113.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en el momento de solicitarse la resolución del convenio urbanístico, al negar la Sala de instancia la aplicación del silencio positivo por supuesta inexistencia de procedimiento específico para la resolución de los convenios urbanísticos; el cuarto por haber infringido la Sala de instancia lo establecido en los artículos 1.091 , 1.256 y 1.282 del Código civil , en relación con el artículo 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por cuanto dichos preceptos establecen la obligatoriedad de los pactos asumidos por los firmantes del contrato, en este caso el convenio urbanístico; el quinto por haber vulnerado la Sala de instancia lo establecido en el artículo 1.124 del Código civil al obviar dicha Sala que los pactos asumidos por la Comunidad Autónoma fueron incumplidos y, por consiguiente, la entidad mercantil demandante estaba legitimada para solicitar la resolución del convenio urbanístico sin haber recibido respuesta expresa de la Administración urbanística hasta el día de hoy; el sexto por haber infringido el Tribunal a quo lo dispuesto en los artículos 7.1 del Código civil y 3.1 de la Ley 30/1992 , en cuanto consagran los principios de buena fe y confianza legítima vulnerados por la Administración demandada al no respetar lo convenido el 22 de julio de 1986, al haber impedido la materialización de los aprovechamientos comprometidos en dicho convenio con la sucesivas suspensiones de licencias y de los planeamientos, que hicieron imposible acometer el desarrollo de los sectores; el séptimo por haber conculcado la Sala de instancia lo establecido en el artículo 24 de la Constitución al haber incurrido en una valoración irregular de la prueba, lo que es susceptible de acceder a la casación por conculcarse las reglas de la sana crítica con una apreciación de la prueba arbitraria e irrazonable que ha conducido a resultados inverosímiles, citándose sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo en apoyo de esa tesis; y el octavo por haber infringido la Sala de instancia lo establecido en el artículo 1.969 del Código civil , en relación con el artículo 1.964 del mismo cuerpo legal ,al haber considerado la Sala de instancia que la acción para pedir la resolución del convenio se encuentra prescrita por el transcurso de quince años, a pesar de que el plazo de prescripción sólo puede empezar a computarse desde que la acción pudo ejercitarse, y ello no ocurre en el caso enjuiciado hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana de 1.996, que redujo drásticamente los aprovechamientos comprometidos en el convenio urbanístico de 1.986; y el segundo motivo por haberse vulnerado por la Sala sentenciadora la jurisprudencia que se cita y transcribe, recogida en las sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo, relativa primero a la innecesariedad de que exista culpa para determinar que ha existido un incumplimiento que da lugar a la resolución de contrato; también la que preconiza la procedencia de la resolución de los convenios urbanísticos cuando existe incumplimiento de los compromisos pactad por la Administración, así como la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto e indemnizar los perjuicios causados; igualmente la que afirma el carácter del silencio administrativo positivo como norma general básica aplicable a los supuestos no excluidos por el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 , y define el marco de aplicación del silencio administrativo positivo; asímismo la que delimita el alcance y contenido del derecho constitucional de petición y la que transpone los criterios jurisprudenciales elaborados antes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al régimen por ésta establecido, toda vez que los principios de buena fe y de confianza legítima son también aplicables cuando la situación de confianza ha sido generada por la Administración; y, finalmente, la que señala que para que la renuncia de los derechos sea válida ha de ser manifiestamente clara, explícita e inequívoca, para terminar con la súplica de que se anule la sentencia recurrida y se declare la procedencia de la demanda articulada en los términos interesados en la súplica de la misma, que fueron los siguientes: «Suplico a la Sala que, habiendo por presentado este escrito, en unión de los documentos adjuntos, se sirva admitirlo, tener por formalizada la demanda que contiene contra la Orden del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial nº 33, de 22 de febrero de 2008, por la que se desestimó el recurso de reposición formulado por mi representada contra la certificación de silencio administrativo negativo expedida con fecha 5 de noviembre de 2007 y contra la propia certificación referida, en orden a:

»- Declarar la nulidad de los actos impugnados.
»- Declarar resuelto los convenios Urbanísticos suscritos con fecha en 22 de julio de 1986 – y consecuentemente su elevación a público de 24 de marzo de 1988- y 3 de marzo de 1995, por los que se cedieron por mi mandante a la Comunidad Autónoma de Canarias 160.000 m2 de terreno en la zona de Pasito blanco T.M. de San Bartolomé de Tirajana.
»- Ordenar la expedición de certificado de acto presunto que acredite la resolución de los citados Convenios por mor de los efectos del silencio administrativo.
»- Ordenar la incoación del correspondiente expediente para concretar las consecuencias de la
resolución de los Convenios y, en todo caso, la devolución de los 160.000 m2 de suelo a mi poderdante o, si ello deviniera jurídica o materialmente imposible, fijar la indemnización derivada del incumplimiento de los referidos Convenios, sobre la base del valor urbanístico del suelo cedido más los intereses legales correspondientes.
»Condenando a la Administración a que así lo admita y ampare con expresa imposición de costas a la
misma por su manifiesta temeridad procesal.».

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