Estudio de Detalle; Alineaciones y Rasantes

RJ 20015783
Sentencia Tribunal Supremo  (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 7 junio 2001
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Casación núm. 1788/1994.
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

COSTAS Y PLAYAS: Competencias: del Estado: en la preservación del demanio: en relación al planeamiento urbanístico: informes: vinculantes y no vinculantes.SUELO Y ORDENACION URBANA: Planes de ordenación: procedimiento: informes; Estudio de detalle: alineaciones: con invasión de la servidumbre de tránsito establecida por la legislación costera: nulidad: aprobación del estudio en contra de informe vinculante emitido.
Interpuesto por la Administración del Estado recurso contencioso-administrativo contra Acuerdos del Ayuntamiento de Poyo (Pontevedra) de 03-03-1992 y 20-07-1992, sobre aprobación de estudio de detalle para las alineaciones de la playa de Raxó, fue estimado por Sentencia de la Sección Segunda de la Sala correspondiente del TSJ de Galicia de 27-01-1994.Interpuesto recurso de casación, el TS declara no haber lugar al mismo.
Texto:

En la Villa de Madrid, a siete de junio de dos mil uno.

Visto el recurso de casación núm. 1788/1994 interpuesto por el Procurador señor E. F. N., en nombre y representación del Ayuntamiento de Poyo (Pontevedra), contra la sentencia dictada en fecha 27 de enero de 1994 y en su recurso núm. 4682/1992 por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sobre impugnación de aprobación definitiva de Estudio de Detalle, siendo parte recurrida la Administración del Estado, representada por el señor Abogado del Estado. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección 2ª), dictó sentencia estimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del Ayuntamiento de Poyo se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de febrero de 1994, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 6 de abril de 1994, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se desestimara el recurso contencioso-administrativo.

TERCERO El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 9 de mayo de 1994, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Administración General del Estado) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 17 de junio de 1994, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.

CUARTO Por providencia de fecha 5 de abril de 2001, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 31 de mayo de 2001, en que tuvo lugar.

QUINTO En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó en fecha 27 de enero de 1994, y en su recurso contencioso-administrativo núm. 4682/1992, por medio de la cual se estimó el interpuesto por la Administración General del Estado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Poyo de fecha 3 de marzo de 1992 (confirmado en reposición por el de 20 de julio de 1992), que aprobó definitivamente el Estudio de Detalle para las alineaciones de la playa de Raxó.

SEGUNDO El señor Abogado del Estado impugnó ese Estudio de Detalle en vía contencioso-administrativa, fundándose sobre todo en la infracción de lo dispuesto en los artículos 112 y 117 de la Ley de Costas de 28 de julio de 1988 (RCL 1988, 1642), que disponen un informe preceptivo y vinculante de la Administración del Estado para la aprobación de «Planes y Normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de dicha Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación».

Los previos informes que emitió la Demarcación Estatal de Costas fueron desfavorables, sustancialmente, por dos causas:

1ª.-Porque el Estudio de Detalle desconocía la realidad existente, pues el vial de la alineación existente tiene en algunas zonas menos de 6 metros (inferior incluso a la servidumbre de tránsito), pese a lo cual el Estudio de Detalle dice que tiene un ancho de diez metros.

2ª.-Porque en el Estudio de Detalle se tomaba como línea de deslinde el pretil de la carretera, siendo así que ese pretil es una obra ilegal construida por el Ayuntamiento sin autorización de Costas y puede o no coincidir con el deslinde.

TERCERO El Tribunal Superior de Justicia, en la sentencia impugnada, estimó el recurso contencioso-administrativo y anuló el Estudio de Detalle recurrido.

Se basó para ello, en esencia, en el dato de que aquél se aprobó en contra de un informe de la Administración del Estado que era preceptivo y vinculante en cuanto se produjo en el ámbito propio de su competencia ya que el Estudio de Detalle invadía la servidumbre de tránsito.

CUARTO El Ayuntamiento de Poyo ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de instancia. En él esgrime dos motivos de impugnación, que vamos a examinar seguidamente, si bien ya desde ahora anunciamos su desestimación.

QUINTO En el primer motivo se alega infracción de los artículos 112 y 117 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio (RTC 1991, 149).

La Corporación recurrente funda el motivo en la afirmación de que el Tribunal de instancia se equivoca cuando dice que el Estudio de Detalle afecta al demanio marítimo-terrestre y a la servidumbre de tránsito, y de ahí deriva la conclusión errónea de la Sala de que el informe era en este caso preceptivo y vinculante.

Este motivo debe ser rechazado.

En nuestra sentencia de 22 de abril de 1999 (RJ 1999, 3087) (Casación núm. 2410/1993), dijimos lo siguiente:

«El sentido de la necesidad y vinculación de los informes de la Administración del Estado aludidos en los artículos 112 y 117 de la Ley de Costas ha sido precisado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio. Por lo que ahora nos interesa, del fundamento de derecho núm. 7 de esa sentencia pueden deducirse las siguientes consecuencias:

1ª. El carácter vinculante de los informes de la Administración del Estado a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Costas sólo es constitucionalmente admisible cuando éstos se refieran a asuntos de su propia competencia.

2ª. Este carácter vinculante, además, se encuentra considerablemente atenuado por lo dispuesto en el artículo 117 de la propia Ley.

3ª. Cuando la Administración del Estado entienda que los planes urbanísticos infringen las normas sobre la zona de protección o la zona de influencia podrá sin duda objetarlos, pero su objeción no resulta vinculante, pues no es a la Administración estatal sino a los Tribunales de Justicia a quien corresponde el control de la legalidad de las Administraciones Autonómicas, y a ellos deberá recurrir aquélla para asegurar el respeto de la Ley cuando no es la competente para ejecutarla.

4ª. Cuando, por el contrario, el informe de la Administración Estatal proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades propias (incluida la de otorgar títulos para la ocupación o utilización del demanio o preservar las servidumbres de tránsito o de acceso) su voluntad vinculará sin duda a la Administración Autonómica, que habrá de modificar en concordancia los planes y normas de ordenación territorial o urbanística.

5ª. Cuando el informe negativo de la Administración del Estado verse sobre materias que a juicio de la Comunidad Autónoma excedan de la competencia estatal podrá la Comunidad Autónoma en ejercicio de su competencia para la ordenación del territorio y urbanística adoptar la decisión que proceda, sin perjuicio de la posibilidad que siempre tiene la Administración del Estado para impugnar esa decisión por razones de constitucionalidad o de legalidad (artículo 117 de la Ley de Costas de 28 de julio de 1988)».

SEXTO Vamos ahora a aplicar estas ideas generales al caso de autos.

La Sala de instancia dice que el Estudio de Detalle «invade la servidumbre de tránsito» y ésa es una afirmación de un hecho que no puede ser discutida en casación, como no sea mediante la alegación de la infracción de alguno de los escasos preceptos que otorgan fuerza probatoria privilegiada a ciertos medios de prueba, lo que no es el caso.

Esa afirmación del Tribunal de instancia es, efectivamente, una afirmación sobre un hecho. Porque la servidumbre de tránsito es una zona física de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar (artículo 27-1 de la Ley 22/1988). Y si el Tribunal de instancia afirma que el Estudio de Detalle invade esa zona de seis metros, este Tribunal Supremo ha de partir necesariamente de esa afirmación.

Siendo las cosas así, ninguna duda cabe de que el informe que emitió la Administración del Estado era preceptivo y vinculante porque se refería a una zona en la que ésta tiene competencias propias.

No existe, pues, la infracción denunciada.

SEPTIMO En el segundo de los motivos se alega la infracción de los artículos 45 y 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (RCL 1958, 1258, 1469, 1504; RCL 1959, 585 y NDL 24708), 4-1-e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799, 1372 y ApNDL 205) y 122-1 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956, 1890 y NDL 18435), «que, interpretados jurisprudencialmente, implican la presunción de legalidad de que goza todo acto administrativo, en relación con el principio general de carga de la prueba, ampliado jurisprudencialmente al ámbito procesal, consagrado en el artículo 1124 del Código Civil».

No existen estas infracciones.

Como dice el Tribunal de instancia, «el informe es fruto de una visita a la zona» (folio 19 del expediente), y es bastante por sí mismo para acreditar los datos físicos de que parte la sentencia. Dicho informe acredita la disconformidad a Derecho del acto recurrido, y es suficiente para desvirtuar su presunción de legalidad.

OCTAVO Al rechazarse el acto recurrido procede condenar al Ayuntamiento recurrente en las costas del presente recurso de casación (artículo 102-3 de la Ley Jurisdiccional).

Por todo ello, en nombre de SM el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875).
FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación núm. 1788/1994 y, en consecuencia, confirmamos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en fecha 27 de enero de 1994 en su recurso contencioso-administrativo núm. 4682/1992. Y condenamos al Ayuntamiento de Poyo en las costas del presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.

RJCA 2004127
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Canarias, Las Palmas, núm. 593/2003 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 7 noviembre
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 1006/2000.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Inmaculada Rodríguez Falcón.

COSTAS Y PLAYAS: Protección: servidumbres de protección: autorización de obras e instalaciones: autorización de construcción de seis viviendas y aparcamiento: invasión del ámbito espacial de la zona de servidumbre de tránsito: existencia: ocupación de parte de la zona de servidumbre de tránsito mediante construcción nueva: insuficiencia de su regulación en un estudio de detalle: concurrencia de informes jurídicos desfavorables: autorización improcedente.
El TSJ de Las Palmas de Gran Canaria estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución del director general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de 10-03-2000, por la que se concedió autorización para construcción nueva en zona de servidumbre de protección de la costa.
Texto:

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a siete de noviembre de dos mil tres.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, el presente recurso nº 1006/00, en el que son partes recurrentes Administración General del Estado, asistido por el Sr. Abogado del Estado y como demandado la Comunidad Autónoma de Canarias, asistida por el/la Sr./Sra. Letrado/a de los Servicios Jurídicos, versando sobre autorización del Director General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial que autorizó el proyecto denominado construcción de edificio con fachada de tres plantas y aparcamiento en el Paseo Marítimo de Taliarte y trasera calle Miramar en el término municipal de Telde, siendo la cuantía indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO El Director General de Ordenación del Territorio con fecha 10 de marzo de 2000 dictó la Resolución núm. 294 en la que se autorizó la construcción de seis viviendas-aparcamiento en el Paseo marítimo de Taliarte, 24-25, término municipal de Telde solicitado por don Jose Juan Bautista en representación de Gobamosa, SL.

El Sr. Abogado del Estado interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra aquella resolución, admitido a trámite se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito que en lo sustancial se da por reproducido, y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que se declare la nulidad de las Resoluciones impugnadas, por estimarla contraria a derecho, e imponga las costas a la Administración demandada.

SEGUNDO Se confirió traslado de la demanda por término legal a las Administraciones demandadas, quien contestó oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO Recibido el juicio a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, evacuándose por las partes sus respectivos escritos de conclusiones que obran unidos al recurso, señalándose día para su votación y fallo, habiéndose designado ponente al Ilmo. Sr. Magistrado don Cesar José García Otero. Reunida la Sala para la deliberación, votación y fallo, el ponente no se conformó con el voto de la mayoría, por lo que declinó la redacción de la resolución.

La Ilma Sra. Presidente, encomendó la redacción de la ponencia a la Ilma. Sra. Magistrada doña Inmaculada Rodríguez Falcón, señalando para votación y fallo el día 7 de noviembre de dos mil tres, emitiendo el Ilmo. Sr. Magistrado don Cesar José García Otero, por imperativo legal, voto particular, de conformidad con el artículo 206 de la LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El acto administrativo objeto del recurso es la Resolución núm. 294 del el Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias el 10 de marzo de dos mil, por la que se autorizó la construcción de edificio con fachada de tres plantas y aparcamiento en el Paseo marítimo de Taliarte, 24-25, y trasera a la C/Miramar, término municipal de Telde, solicitado por don Jose Juan Bautista en representación de Gobamosa, SL.

Los motivos de impugnación son:

I.-Se autoriza la construcción de un edifico en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Estas edificaciones destinadas a residencia están prohibidas en virtud del artículo 25 de la Ley de Costas ( RCL 1988, 1642) . Pero se concede la autorización amparándola, en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas, y Disposición Transitoria Novena del Reglamento ( RCL 1989, 2639 y RCL 1990, 119) .

Estas Disposiciones Transitorias tienen por objeto proporcionar un tratamiento urbanístico homogéneo al conjunto de la fachada marítima pero no permitir nuevas construcciones en contra del artículo 25 de la Ley. Se permiten obras de reparación y mejora pero no el aumento de volumen de las construcciones existentes.

II.-La Disposición Transitoria cuarta impide la demolición de dos edificios de una sola planta en zona de servidumbre de protección para levantar una nueva edificación de tres plantas.

III.-Con la autorización otorgada se prescinde en los suelos urbanos de la servidumbre de protección de veinte metros con lo que llegaríamos a una situación y una legislación menos proteccionista que la anterior.

IV.-El Estudio de Detalle amplió la longitud de la fachada marítima. Dentro de esta ampliación está la autorización otorgada a Gobamosa, SL en el Paseo Marítimo Taliarte 24 y 25 y corresponden con las parcelas más cercanas a calle Consignatario José Gonzalez. Es nulo y ha sido recurrido ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

SEGUNDO A partir de la vigencia de la Ley de costas, 22/1988, de 22 de julio ( RCL 1988, 1642) la regla general es la prohibición de edificaciones destinadas a residencia o de habitación en la servidumbre de protección (artículo 25.1.b), en el mismo sentido los artículos 45 y 46 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre ( RCL 1989, 2639 y RCL 1990, 119) , por el que se Aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

No obstante en los referidos textos normativos se prevé un régimen transitorio entre otros para aquellos terrenos que tuvieran la condición de urbanos a la entrada en vigor de la Ley de Costas. La cuestión litigiosa planteada ha de resolverse con una interpretación de la normativa aplicable, en concreto la Disposición Transitoria Tercera, y Cuarta de la Ley 22/1988 y la Disposición Transitoria Novena del Reglamento que pasamos a transcribir:

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas establece que: «1. Las disposiciones contenidas en el título II sobre las zonas de servidumbre de protección de influencia serán aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la presente Ley estén clasificados como sueldo urbanizable no programado y suelo no urbanizable. Las posteriores revisiones de la ordenación que prevean la futura urbanización de dichos terrenos y su consiguiente cambio de clasificación deberán respetar íntegramente las citadas disposiciones.

2. En los terrenos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estén clasificados como suelo urbanizable programado o apto para la urbanización se mantendrá el aprovechamiento urbanístico que tengan atribuido, aplicándose las siguientes reglas:

a) Si no cuenta con Plan parcial aprobado definitivamente, dicho Plan deberá respetar íntegramente y en los términos del apartado anterior las disposiciones de esta Ley, siempre que no se dé lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística.

b) Si cuentan con Plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutarán las determinaciones del Plan respectivo, con sujeción a lo previsto en el apartado siguiente para el suelo urbano. No obstante, los Planes parciales aprobados definitivamente con posterioridad al 1 de enero de 1988 y antes de la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarios a los previsto en ella, deberán ser revisados para adaptarlo a sus disposiciones, siempre que no se dé lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística. La misma regla se aplicará a los Planes parciales cuya ejecución no se hubiera llevado a efecto en el plazo previsto por causas no imputables a la Administración, cualquiera que sea la fecha de su aprobación definitiva.

3. Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros. No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, según se establezca reglamentariamente. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevará a cabo mediante Estudios de Detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de esta Ley y las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la ordenación territorial y urbanística del litoral existente a la entrada en vigor de la presente Ley deberá adecuarse a las normas generales y específicas que se aprueben conforme a lo previsto en los arts. 22 y 34.

5. Las servidumbres de paso al mar actualmente existentes se mantendrán en los términos en que fueron impuestas.

6. Los accesos públicos al mar actualmente existentes y los construidos en virtud de planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley permanecerán destinados al uso público, abriéndose al mismo cuando no lo estuvieren.

Disposición Transitoria Cuarta

1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público.

2. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el apartado anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarias a lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

b) Si se emplazan de servidumbre de tránsito, no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exija la higiene, ornato y conservación previa autorización de la Administración del Estado. Esta no se otorgará si no se garantiza cuando sea necesario la localización alternativa de la servidumbre.

c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, previa autorización de la Administración del Estado, obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen de la construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley.

Por último la Disposición Transitoria Novena del Reglamento Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre ( RCL 1989, 2639 y RCL 1990, 119) , por el que se Aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio ( RCL 1988, 1642) , de Costas.

“1. Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas, estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de veinte metros. No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, según se establece en el apartado siguiente. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevará a cabo mediante estudios de detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de la Ley de Costas y las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma (disposición transitoria tercera, 3, de la Ley de Costas).

2. Para la autorización de nuevos usos y construcciones, de acuerdo con los instrumentos de ordenación en los términos del apartado anterior, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Cuando se trate de usos o construcciones no prohibidas en el art. 25 de la Ley y concordantes de este Reglamento, se estará al régimen general en ella establecido y a las determinaciones del planeamiento urbanístico.

2. Cuando la línea de las edificaciones existentes esté situada a una distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, para el otorgamiento de nuevas autorizaciones se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Con carácter previo o simultáneo a la autorización deberá aprobarse un plan especial, estudio de detalle u otro instrumento urbanístico adecuado, cuyo objetivo primordial sea el proporcional un tratamiento urbanístico homogéneo al conjunto de la fachada marítima.

b) La nuevas construcciones deberán mantener la misma alineación, siempre que se trate de edificación cerrada y que la longitud del conjunto de solares susceptibles de albergar dichas edificaciones no exceda de la cuarta parte de la longitud total de la fachada existente.

c) Lo establecido en la regla anterior sólo será de aplicación cuando se trate de solares aislados con medianerías de edificación consolidada a uno o ambos lados, siempre que ésta sea conforme con la alineación establecida en la ordenación urbanística vigente.

3. En los núcleos que hayan sido objeto de una declaración de conjunto histórico o de otro régimen análogo de especial protección serán de aplicación las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en la Ley de Costas”.

3. A los efectos de la aplicación del apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas, salvo que se trate de áreas urbanas en las que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter (sic)».

TERCERO En interpretación de los anteriores preceptos y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular respecto a las sentencia de 20 ( RJ 1995, 5029) y 13 de junio de 1995 ( RJ 1995, 4953) , esta Sala en reiteradas sentencias ha señalado que debe acreditarse:

· La clasificación urbana del terreno

· La posibilidad de autorizar nuevos usos y construcciones siempre que:

1.-se garantice la efectividad de la servidumbre de protección que será de 20 metros.

2.-no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre según se establezca reglamentariamente.

3.-exista de un Plan Especial cuyo objetivo principal sea proporcionar un tratamiento homogéneo a toda la fachada marítima en su conjunto, y que las nuevas construcciones mantengan la misma alineación si se trata de edificación cerrada, cuando la línea de las edificaciones existentes esté situada a una distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar.

CUARTO En el presente caso, ambas partes coinciden en que la edificación proyectada invade la zona de servidumbre de protección. Luego para poder estudiar el problema que se nos presenta hemos de estudiar dos premisas:

a) la clasificación urbana del terreno

Respecto a esta cuestión, no se ha traído a los autos dato alguno que nos permita conocer cuál es la clasificación y calificación urbanística del terreno. Limitándose a, dar por hecho que se trata de terreno urbano. El letrado de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma lo califica como hecho indubitado. Sin embargo, entendemos que nos encontramos ante un régimen excepcional por lo que en el expediente debió quedar acreditado la clasificación urbana del terreno, y las razones en virtud de las cuales se obtuvo esta clasificación.

En otras sentencias referidas al municipio de Telde esta Sala ha reseñado que «Ahora bien, en cuanto a la clasificación de urbano del terreno, las partes no se cuestionan, en ningún momento, que la parcela tuviera este carácter en el momento de entrada en vigor de la Ley de costas ( RCL 1988, 1642) … Ambas partes, el recurrente e incluso al folio 100 del expediente, hacen referencia al artículo 281 b del “Plan General de Ordenación Urbana de Telde”. Sin embargo, a los efectos de este recurso en donde hemos de partir de los planes vigentes al momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas, hemos de precisar que este artículo 281 b corresponde no al PGOU de Telde sino a la Revisión del PGOU de Telde, texto refundido.

A mayor abundamiento, como ha puesto de relieve esta Sala en otras Sentencia, en Telde se la peculiaridad de que el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Telde de 1986, no entró en vigor hasta 1990, puesto que, como dijo esta Sala en Sentencia de 29 de enero de 1992, la entrada en vigor del mismo se produce hasta el 15 de junio de 1990, fecha en la que fue publicado en el BOP. Pero es que, además, el artículo 281 b, se encuentra en la Revisión del Plan General de Telde que se produjo en 1994. Por tanto, después de la entrada en vigor de la Ley de Costas ( RCL 1988, 1642) ».

QUINTO Las partes en el presente recurso centran el debate sobre las Disposiciones Transitorias, partiendo de un hecho que dan por probado que es la clasificación urbana del suelo, sin especificar si la obtuvo en un planeamiento, o se trata de suelo urbano por consolidación, por contar con los servicios urbanísticos.

Esta Sala, en reiteradas sentencias, viene señalando que comparte en la interpretación de las disposiciones transitorias las tesis del recurrente. No se puede construir tras la vigencia de la Ley de Costas ( RCL 1988, 1642) sin respetar la servidumbre de protección, sin que se pueda pretender hacer de las disposiciones transitorias una excepción a la regla general, que las convierta en tal regla. Entendemos que las disposiciones transitorias, únicamente tratan de preservar los derechos adquiridos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, lo que no puede pretenderse es desnaturalizar el espíritu de la propia Ley, a costa de las Disposiciones Transitorias.

A título de ejemplo hemos de señalar que ningún sentido tendría que conforme a la disposición transitoria cuarta núm. 2 c) de la Ley de Costas, en caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley. Es decir sólo se pueden realizar obras de reparación y mejora, y para construir nuevamente haya de respetarse la servidumbre de protección. Mientras que se pretende que construcciones nuevas no las respeten.

Pero es que en este caso, según el folio 67 de lo que se trata es de la demolición de una construcción de una planta para construir un edificio de tres plantas «El Proyecto de edificación tiene por objeto la construcción de un edificio de sótano con capacidad para 5 vehículos y 3 plantas sobre rasante, con 2 viviendas de 2 dormitorios por planta. El solar ocupa el extremo oeste de la 5ª manzana, contando a partir del borde oriental, más cercano al Puerto. Dicho solar de 119 m 2 de superficie da frente al Paseo Marítimo, a la calle transversal al mismo, denominada Consignatario José González, y a la calle Miramar, paralela al Paseo Marítimo por el interior. Tanto este solar como los restantes de la manzana se encuentran actualmente ocupados por edificaciones de una planta de altura y sujetos a la Ordenanza B1 del Plan General que establece el uso residencial en vivienda colectiva con tipología entre medianeras y una altura máxima de 3 plantas». (folio 67 del expediente administrativo)

A esta Sala le corresponde la revisión del acto administrativo objeto del recurso, sin que se haya aportado el Plan General de Ordenación Urbana de Telde, que suponemos adaptado a la Ley de Costas, ni el Estudio de Detalle, en cuestión. Si bien, del tenor de lo expuesto, se desprende que el Plan General vigente establece la aplicación de una Ordenanza B1, para una parcela situada sobre la zona de servidumbre de protección a 20 metros. Al respecto, consta en el expediente el informe del Director General de Costas en el que se dice «que este Centro Directivo en los informes sobre el Plan General de Telde se señalaron y reiteraron los problemas existentes en la fachada marítima»; «otra cosa distinta es que el Ayuntamiento de Telde pretenda seguir edificando a menos de 20 metros de la ribera del mar» (Al final del procedimiento constan los informes presentados por la Dirección General de Costas).

Pero cualesquiera que sean las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, tenemos un dato y es que tal y como aduce el Sr. Abogado del Estado, existe una edificación de una planta, en la zona, por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta, su demolición debería conllevar que las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley.

SEXTO Incluso aplicándole la Disposición Transitoria Novena, y partiendo de la existencia de un solar (en el expediente consta claramente que existe una construcción sin que se haya aportado una sola foto del paseo, de las edificiones -si existe insuficiente construcción-, para poder apreciar la hipotética homogeneización)

Como dijimos en el recurso 1015/1999 la DT Novena lo que pretende es homogeneizar la fachada marítima con las alineaciones fácticas existentes al momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas. No puede ser utilizada para crear una nueva fachada marítima con alineaciones inexistentes, creadas ex novo con planes que recogen un proyecto urbanístico futuro. En concreto se pretende la aplicación de la Ordenanza B1 según el PGOU, en su texto refundido aprobado en marzo de 1995.

Lo que hizo la Ley de Costas fue congelar las fachadas marítimas existentes, y homogeneizarlas en la medida de lo posible. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones debían ajustarse a las disposiciones de la Ley. Por tanto, sólo se pueden realizar obras y mejoras en las edificaciones realizadas, y para construir nuevamente ha de respetarse la servidumbre de protección. Las nuevas construcciones, sobre solares que deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley, entre las que se encuentra la disposición del art. 25, que prohíbe en la zona de servidumbre las edificaciones destinadas a residencia o habitación, que es precisamente el fin perseguido por el edificio que se pretende construir ( Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2000 [ RJ 2000, 3867] ).

En el recurso 1015/1999 y respecto a otra edificación, amparada por el mismo Estudio de Detalle, dimos la misma solución al recurso, aunque en aquel recurso se aportaron fotografías e informes técnicos municipales en los que se afirmaba que el tratamiento homogéneo de la fachada al mar no se cumple totalmente, pero podría llegar a consolidarse una fachada de 3 plantas de alturas.

SÉPTIMO Por último, queremos precisar respecto a la autorización objeto del recurso, que debió acreditar que se cumplían las reglas o requisitos previstos legal y reglamentariamente. No basta que exista un Estudio de Detalle publicado, para que sin más la Comunidad Autónoma proceda a otorgar la autorización, aduciendo que será el Ayuntamiento quien al otorgar la licencia controle el cumplimiento de los parámetros urbanísticos. Estamos ante una situación excepcional que ha de ser cuidadosamente revisada y supervisada por cada una de las Administraciones intervinientes.

En el expediente administrativo constan dos informes jurídicos, uno desfavorable de fecha 25 de noviembre de 1999 y otro favorable de 3 de marzo de dos mil. En este último, que sirve de fundamento para otorgar finalmente la autorización, se afirma «el objeto de la autorización es comprobar que las edificaciones y sus usos no se encuentran entre las prohibidas por el artículo 25 de la Ley de Costas ( RCL 1988, 1642) o cumplan con los requisitos excepcionales establecidos en su DT 3ª, como es el caso (…). Ello no obsta, dado el carácter de Administración Urbanística que tiene la Consejería, para que puedan comprobarse los parámetros básicos de ordenación urbanística vigente, pero no al extremo de entrar en consideraciones detalladas sobre criterios de medición u otros que corresponde controlar al Ayuntamiento en ejercicio de sus legítimas competencias al momento de la solicitud de la licencia».

Cierto es que la Administración Autonómica interviene en estas autorizaciones ejercitando sus competencias en materia de Costas, y en concreto, respecto a la servidumbre de protección. Ahora bien, los preceptos anteriormente citados prescriben que para la autorización de nuevos usos y construcciones, ha de aplicar una serie de reglas. En concreto, se le exige el cumplimiento de unos requisitos para todas las edificaciones situadas a una distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar:

a) Con carácter previo o simultáneo a la autorización deberá aprobarse un plan especial, estudio de detalle u otro instrumento urbanístico adecuado, cuyo objetivo primordial sea el proporcional un tratamiento urbanístico homogéneo al conjunto de la fachada marítima.

No basta con que el Ayuntamiento apruebe cualquier Estudio de Detalles, sino que el mismo debe proporcionar un tratamiento homogéneo a la fachada marítima.

b) Las nuevas construcciones deberán mantener la misma alineación, siempre que se trate de edificación cerrada y que la longitud del conjunto de solares susceptibles de albergar dichas edificaciones no exceda de la cuarta parte de la longitud total de la fachada existente.

Al folio 68 se afirma que si bien la Memoria señala que la fachada objeto del Estudio tiene una Longitud total de 200 metros y en la misma existen 10 edificaciones. La dimensión es exagerada dado que la fachada tiene una longitud de 126 metros pero dentro de este tramo existen efectivamente 10 edificaciones (de una planta -folio 67 ya citado-).

c) Lo establecido en la regla anterior sólo será de aplicación cuando se trate de solares aislados con medianerías de edificación consolidada a uno o ambos lados, siempre que ésta sea conforme con la alineación establecida en la ordenación urbanística vigente.

Por lo que la Administración Autonómica al otorgar la autorización debe acreditar que se ha verificado y cumplimentado cada uno de los requisitos. Hemos de reconocer que la interpretación y aplicación de las Disposiciones Transitorias no es tarea fácil. De hecho, el propio legislador estatal ha aclarado y precisado la regulación contenida en la disposición transitoria tercera, relativa a la servidumbre de protección de 20 metros para los terrenos clasificados como urbanos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, «al objeto de facilitar su uniforme interpretación y aplicación» en la Ley 53/2002 ( RCL 2002, 3081 y RCL 2003, 933) . que no es de aplicación al caso por razones temporales.

Pero consideramos que la autorización no debió ser otorgada, por lo que el recurso debe ser estimado.

OCTAVO No concurren en el presente caso, dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, los requisitos imprescindibles para hacer una expresa condena en las costas.

FALLAMOS

Estimar el recurso Contencioso-Administrativo 1006/2000, interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado, contra la Resolución del Director General de Ordenación del Territorio de Canarias de 10 de marzo de dos mil, que anulamos por no ser ajustada a derecho.

Sin que proceda imponer las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas al amparo del artículo 248.4 de la LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) .

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitida en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, en su caso, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR

que formula el Ilmo. Sr. Magistrado Don César José García, en el presente recurso Contencioso-Administrativo, seguido ante esa Sección con el núm. 1006/00

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El presente voto particular se construye sobre lo que fue el definitivo proyecto de sentencia presentado por este Magistrado a la deliberación, con pleno respeto, como no podía ser menos, a los argumentos del resto de los Magistrado que componen la Sala, si bien resaltando, antes que nada, que la existencia de un Estudio de Detalle, aprobado definitivamente, cuyo recurso judicial fue inadmitido, y es, por tanto, ejecutivo, constituye, a mi modesto juicio, un matiz peculiar del caso, a la vez que obstáculo insalvable para aceptar la tesis de la sentencia, amén de la clasificación del suelo donde se sitúa la parcela ni siquiera fue objeto de debate y discusión a lo largo del proceso.

SEGUNDO Paso ahora transcribir lo que fue el proyecto de sentencia presentado a deliberación, en sus Fundamentos Jurídicos, que se convierte así en el resto del voto particular:

Primero.-El objeto del recurso es la pretensión de que se anule la resolución de 10 de marzo de 2000, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, que -con informe desfavorable de la Demarcación de Costas de Canarias- autorizó las obras de construcción de edificio con fachada de tres plantas (seis viviendas) y aparcamientos al Paseo Marítimo de Taliarte 24-25 y trasera a la calle Miramar, solicitado por la mercantil Gobamosa, SL, conforme al Estudio de Detalle Paseo Marítimo de Taliarte -aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia-, habiendo precedido al presente recurso el requerimiento a la Administración autonómica exigido por el artículo 44 de la LJCA.

Al respecto, el reproche de legalidad que se hace a la resolución recurrida por parte de la Administración General del Estado puede agruparse en los siguientes motivos:

A) La autorización vulnera el artículo 25 de la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas al estar prohibidas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre las edificaciones destinadas a residencia o habitación, sin que sean de aplicación la Disposición Transitoria Tercera, ap. 3º de la Ley ni la Disposición Transitoria Novena, aps. 1º y 2º, del Reglamento de Costas, aprobado por Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, que son los preceptos en los que se ampara el otorgamiento de la autorización, apuntando que las precitadas normas transitorias tienen como finalidad proporcionar un tratamiento urbanístico homogéneo a la fachada marítimo pero, en ningún caso, permitir nuevas construcciones en contra de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Costas.

B) Dicha autorización vulnera también lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta, ap. 2º, letra c) de la Ley, que regula las limitaciones a las que quedan sometidas las construcciones o edificaciones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor, permitiéndose tan sólo obras de reparación y mejora que no impliquen aumento de volumen, pero sin que sea posible, al amparo de la Disposición Transitoria Novena 1 y 2 del Reglamento, la demolición para construcción de nuevos edificios cuando, como ocurre en el caso, la fachada ya está homogeneizada por edificios de una sola planta (resto de edificios de la manzana), y sin que pueda permitirse que surja una nueva fachada a menos de veinte metros y con mayores alturas (tres plantas), sino tan sólo autorizaciones ante fachadas ya consolidadas a distancia inferior sobre la que se trataría de actuar mediante un instrumento urbanístico que proporcione un tratamiento homogéneo.

En definitiva, según esta tesis, conforme a la realidad urbanística sólo son posibles obras de conservación o mejora y, en caso de demolición, las nuevas construcciones deberán ajustarse a la legalidad contenida en la Ley de Costas para instalaciones en zona de servidumbre de protección (art. 25 LC).

C) Subsidiariamente, aun de entender que es aplicable el régimen de la Disposición Transitoria Novena del Reglamento, se argumenta que los Estudios de Detalles aprobados, que inciden sobre la manzana, incurren en vicios esenciales que llevan aparejada la nulidad de la autorización:

De una parte, el Estudio de Detalle «Paseo Marítimo de Taliarte», fue informado desfavorablemente por la Dirección General de Costas y su aprobación final es el resultado de añadir un documento complementario que no fue informado por el Cabildo Insular ni por la Dirección General de Costas ni tampoco fue objeto de información pública, pese a que conllevó una ampliación de la longitud de la fachada marítima en aproximadamente 200 metros.

De otra parte, por cuanto existe un segundo Estudio de Detalle con la denominación «Fachada Marítima Sur Paseo de Taliarte», que incumple el PGOU de Telde y que no ha sido aprobado definitivamente.

Segundo.-En cualquier caso, a modo de introducción cabe advertir que el Tribunal Constitucional en sus sentencias 149/91, de 4 de julio, y 198/91, de 17 de octubre, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 26.1 de la Ley de Costas, y consecuentemente del artículo 48.1 del Reglamento para su Ejecución, ya proclamó que el otorgamiento de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección, en cuanto requeridas por la normativa que disciplina esta limitación legal del domino público marítimo-terrestre, corresponde, como actividad ejecutiva, a las Comunidades Autónomas, lo que debe unirse con su competencia exclusiva relativas a la ordenación del territorio y urbanismo, lo cual ni siquiera es discutido por la Administración del Estado, por lo que queda fuera cualquier debate al respecto, a cuyo fin el actual artículo 48.1 del Reglamento (en la redacción dada por el Real Decreto 1112/92) despeja cualquier duda.

Tercero.-Por lo demás, la respuesta a la cuestión de fondo (legalidad de la autorización para edificación de uso residencial en servidumbre de protección) pasa por las siguiente consideraciones jurídicas, extraídas del examen concordado de la legislación aplicable al caso:

A) Conforme al artículo 23 de la Ley de Costas, la servidumbre de protección (antigua servidumbre de salvamento en la Ley de 1969) recaerá sobre una zona de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, con prohibición, entre otras actividades, de edificaciones destinadas a residencia-habitación.

B) Ahora bien, conforme al régimen transitorio de la nueva Ley se establece una importante minoración de esta distancia, que se reduce a 20 metros de anchura, cuando se trata de terrenos clasificados como urbanos a su entrada en vigor (lo cual ya se preveía en la anterior Ley para la servidumbre de salvamento), advirtiéndose, además, en su Disposición Transitoria Tercera, ap. 3º, lo siguiente: «No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la Disposición Transitoria Cuarta. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los Planes de Ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, según se establezca reglamentariamente.

El señalamiento de alineaciones y rasantes y el reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevarán a cabo mediante Estudios de Detalle u otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de esta Ley y las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma» (D.T 3ª.3 LC).

C) Precisamente, en desarrollo reglamentario de la Disposición Transitoria, el Reglamento de Ejecución de la Ley establece los supuestos de autorización de nuevos usos y construcciones de acuerdo con los instrumentos de ordenación, conforme a las siguientes reglas:

1ª.-Cuando se trate de usos y construcciones no prohibidas por el artículo 25 de la Ley y concordantes de este Reglamento, se estará al régimen general en ella establecido y a las determinaciones del planeamiento urbanístico.

2ª.-Cuando la línea de edificaciones existentes esté situada a una distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, para el otorgamiento de autorizaciones se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Con carácter previo o simultaneo a la autorización, deberá aprobarse un Plan Especial, Estudio de Detalle u otro instrumento urbanístico adecuado, cuyo objetivo primordial sea el proporcionar un tratamiento urbanístico homogéneo a conjunto de la fachada marítima.

b) Las nuevas construcciones deberán mantener la misma alineación, siempre que se trate de edificación cerrada y que la longitud del conjunto de solares susceptibles de albergar dichas edificaciones no exceda de la cuarta parte de la longitud total de la fachada existente.

c) Lo establecido en la regla anterior sólo será de aplicación cuando se trate de solares aislados con medianerías de edificación consolidada a uno o ambos lados, siempre que ésta sea conforme con la alineación establecida en la ordenación urbanística vigente.

D) Por su parte, la Sala 3ª del TS (SSTS de 13 y 20 de junio de 1995), ha advertido que, si bien la finalidad primordial de la LC es la protección del litoral gravemente amenazado por un creciente proceso de privatización y depreciación del mismo, la DT 3ª.3, en relación con el artículo 25 de la Ley de Costas, y también la DT 9ª 2.2ª a) y b) del Reglamento, tratan de conciliar este objetivo con el respeto general a los derechos que puedan ostentarse de conformidad con la legalidad vigente, en cada concreto supuesto, de modo tal que la aplicación de la Ley de Costas no impide de modo total el derecho a edificar sino que lo condiciona a la aprobación de un Plan Especial, Estudio de Detalle u otro instrumento urbanístico adecuado, previo a la solicitud de autorización.

Cuarto.-Vemos, por tanto, que el régimen transitorio persigue ajustar las situaciones existentes a la legislación vigente, por lo que no es extraño que, con la normativa transitoria, se haya dicho que se produce una intensa modulación, en cuanto a los usos permitidos, de las previsiones contenidas en la Ley de Costas.

No obstante, la Administración del Estado considera que la autorización de nuevas construcciones vulnera el artículo 25 de la Ley, al estar prohibidos en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre las edificaciones destinadas a residencia o habitación, y que no son de aplicación al caso ni la Disposición Transitoria Tercera, ap. 3º de la Ley ni la Disposición Transitoria Novena, aps. 1º y 2º, del Reglamento, en cuanto que su finalidad es proporcionar un tratamiento homogéneo a la fachada marítima pero no permitir nuevas construcciones en contra de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Costas.

Y tiene razón el Abogado del Estado en que el objetivo del régimen transitorio es homogeneizar el conjunto de la fachada, si bien el «quid» de la cuestión es que, conforme al régimen legalmente previsto, ello debe tener lugar a través del instrumento urbanístico adecuado, siendo precisamente esa la finalidad de la D.T 9º.2. 2ª a) del Reglamento, conforme a cuya regla «Con carácter previo o simultaneo a la autorización, deberá aprobarse un Plan Especial, Estudio de Detalle u otro instrumento urbanístico adecuado, cuyo objetivo primordial sea el proporcionar un tratamiento urbanístico homogéneo a conjunto de la fachada marítima».

Dicho de otra forma, no es la realidad urbanística, sino el instrumento urbanístico el que establece ese tratamiento urbanístico homogéneo, precisamente con la finalidad de evitar solares aislados sin edificar o edificaciones no alineadas.

En el caso examinado, fue un Estudio de Detalle, cuya finalidad es precisamente completar las determinaciones del planeamiento general en suelo urbano, previendo el señalamiento de alineaciones y rasantes o la ordenación de volúmenes, teniendo en cuenta que el Plan General determinó la edificabilidad y fachada, y ello no podía ser obviado por la Administración autonómica a la hora de examinar la procedencia de la autorización.

En definitiva, estamos ante suelo materialmente urbano con anterioridad a la Ley de Costas (e incluso lo que es más importante, sobre cuya clasificación nadie discute en el proceso), que no queda excluido, sin más, de proceso urbanizador al no serle aplicable la nueva normativa, sino el régimen transitorio, que permite nuevas construcciones con cumplimiento de los requisitos exigidos (DT 3ª.3 LC y DT.9ª2.2 RC).

Debe excluirse, por tanto, la interpretación limitativa de la Administración, y entender conforme a derecho la nueva construcción amparada en un Estudio de Detalle que tiene por objeto, precisamente, homogeneizar la fachada marítima conforme a las previsiones del Plan General.

Quinto.-Ya por lo que respecta al Estudio de Detalle «Paseo Marítimo de Taliarte», aprobado definitivamente el 3 de marzo de 19989, como reconoce la parte actora es el instrumento urbanístico en el que se apoya la actuación pretendida, y el mismo no fue objeto de impugnación indirecta en el presente proceso, por lo que no es posible entrar a examinar el acomodo a la legalidad de su contenido intrínseco, y, por otra parte, el recurso Contencioso-Administrativo seguido ante esta Sala, en impugnación directa del mismo, por sentencia de 11 de octubre de 2002 fue inadmitido por extemporáneo, lo que supone entender que dicho instrumento es válido y eficaz, y, por tanto, es conforme a derecho la autorización para construir amparada en el mismo.

Por otra parte, tal y como ha proclamado reiterada Jurisprudencia, ni siquiera sería posible, por vía de la impugnación indirecta, examinar las posible irregularidades invalidantes en la tramitación del Estudio de Detalle que se denuncian en la demanda al tratarse de aspectos de procedimiento, ni es posible tampoco examinar la legalidad de su contenido intrínseco que, como dijimos, fue objeto de impugnación directa que no prosperó por concurrencia de causa de inadmisibilidad que dejó imprejuzgado su acomodo a la legalidad.

Y en cuanto a ese segundo Estudio de Detalle, en tanto en cuanto no fue aprobado ni -como se reconoce en el escrito de demanda-, amparó la autorización, huelga cualquier consideración sobre el mismo.

Sexto.-Por lo demás, la Disposición Transitoria Cuarta, ap. 2º de la Ley -a la que también se refiere la demanda como norma de directa aplicación al caso-, no puede desconectarse de lo previsto en su ap. 1º, por lo que su ámbito de aplicación queda reducido a posibles autorizaciones referidas a las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la Ley, pero legalizadas por razones de interés público conforme al nuevo régimen, y demás supuestos previstos, lo cual, a la vista de su redacción e interpretación concordada con las otras normas transitorias, es plenamente compatible con nuevas construcciones precisamente con esa finalidad de homogeneizar la fachada marítima, suponiendo la tesis contraria la contradicción insalvable de normas y, desde un punto de vista práctico, el impedimento a cualquier propósito homogeneizador de la fachada.

Lo cierto es que no escapa a esta Sala que los problemas interpretativos que planteaba la aplicación del régimen transitorio dieron lugar a una serie de precisiones o puntualizaciones para nuevos usos por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, si bien se trata de una regulación posterior al examen de legalidad de la autorización que aquí se cuestiona, lo cual no deja de ser un aval de la interpretación aquí propuesta en cuanto fue precisa la modificación legislativa, y, por otra parte, en tanto en cuanto la autorización se ampara en el Plan General y un Estudio de Detalle que lo complementa, que se presume válido y ejecutivo, debe ser considerada conforme a derecho.

Séptimo.-Procede, por tanto, la desestimación del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, en nombre y representación de la Administración General del Estado, si bien sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso al no apreciarse temeridad o mala fe procesal en la parte actora (art. 139.1 LJCA).

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, y en atención a todo lo expuesto:

El FALLO de la sentencia hubiera debido ser, según mi parecer, el siguiente:

«Que debemos desestimar y desestimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración General del Estado, contra la resolución mencionada en el Antecedente Primero, la cual declaramos ajustada a derecho.

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso».

Así lo pronuncia y firma el Ilmo. Sr. Magistrado don César José García Otero, en forma de voto particular, que se une a la sentencia.

RJCA 2002772
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Canarias, Las Palmas, núm. 219/2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 febrero
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 676/1998.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Ana Teresa Afonso Barrera.

SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Estudios de detalle: finalidad: complementar y adaptar las determinaciones de los planes: sin alterarlos esencialmente: alineaciones y rasantes: reordenación de volúmenes; alineaciones interiores de acuerdo con determinaciones básicas de plan parcial: procedencia; límites; determinaciones propias de plan superior: supresión de usos administrativos y sanitarios: necesidad de realizarse mediante modificación de plan parcial: nulidad.
El Ayuntamiento de La Orotava dictó Resolución de fecha 10-02-1998, que aprobó definitivamente el estudio de detalle de las manzanas A y B de la urbanización Mayorazgo.El TSJ estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anulando el estudio de detalle impugnado en lo que se refiere a la supresión de los usos sanitarios y administrativos de las manzanas A y B de la urbanización Mayorazgo.
Texto:

En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de febrero de dos mil dos.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta capital, integrada por los Sres. Magistrados antes expresados el presente recurso 676/1998, tramitado por el procedimiento ordinario regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (RCL 1956, 1890; NDL 18435), seguido a instancia de la Comunidad Autónoma de Canarias, representada y dirigida por el Letrado de su Servicio Jurídico, siendo Administración demandada el Ayuntamiento de La Orotava, representado y defendido por el Letrado señor S. R. y C., versado sobre impugnación de Acuerdo sobre aprobación del Estudio de Detalle de las manzanas A y B del Plan Parcial El mayorazgo, de cuantía indeterminada, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Ana Teresa Afonso Barrera, ha dictado, en nombre de SM el Rey, la presente sentencia con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Con fecha 10 de febrero de 1998 el Ayuntamiento de La Orotava aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de las manzanas A y B de la Urbanización mayorazgo.

SEGUNDO Por la representación de la parte actora, antes mencionada, se interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda con la suplica de que se dicte sentencia por la que estime el presente recurso y declare la nulidad del Acuerdo impugnado.

TERCERO La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia por la que se desestime en su todas sus partes la demanda declarando ajustado a derecho el acto impugnado.

CUARTO Practicada la prueba propuesta, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

QUINTO Señalado día para votación y Fallo, tuvo lugar la reunión del Tribunal en el designado al efecto.

SEXTO Aparecen observadas las formalidades de tramitación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El Estudio de Detalle a cuyo examen se contrae el presente recurso (Manzanas A y B de la Urbanización El mayorazgo), fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de La Orotava en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de febrero de 1998.

La impugnación planteada por la Comunidad Autónoma se sustenta en los siguientes puntos: 1.-El Estudio de Detalle suprime usos administrativos y sanitarios previstos en el Plan Parcial para las manzanas A y B de la Urbanización El mayorazgo, vulnerando el art. 65.4 del Reglamento de Planeamiento (RCL 1978, 1965; ApNDL 13921) así como el Anexo de dicha norma y 2.-No es el Estudio de Detalle el instrumento de planeamiento adecuado por exceder de lo dispuesto en arts. 14 del Texto Refundido Ley del Suelo de 1976 (RCL 1976, 1192; ApNDL 13889) y 65 Reglamento de Planeamiento.

Justifica la Corporación demandada la supresión de citados usos en el art. 14 de las ordenanzas del plan Parcial que permite suprimir los usos indicados cuando existiesen en otra zona de ordenación.

SEGUNDO El Estudio de Detalle es una figura complementaria del Planeamiento que tiene por finalidad establecer, reajustar o adaptar alineaciones y rasantes u ordenar volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan, completando en su caso, la red de comunicaciones en éstos definidas con vías interiores para facilitar el acceso a los edificios cuya ordenación concreta se establece arts. 14 del TR de 1976 y 65 del Reglamento de Planeamiento, no pudiendo los Estudios de Detalle corregir ni modificar el planeamiento a que se refieren, ni mucho menos originar aumentos de volúmenes, alturas o índices de ocupación del suelo, incrementar densidades o alterar los usos preestablecidos (STS 24-9-1996 [RJ 1996, 8215]).

Tienen en palabras del Tribunal Supremo (Sentencias de 30 de septiembre 1980 [RJ 1980, 3497], 21 de enero 1981 [RJ 1981, 181] y 19 de julio 1984 [RJ 1984, 4534], entre otras «una Función humilde de adaptación y complemento», tratándose «tan sólo de una pieza complementaria de los Planes Parciales o Generales» constituyéndose en definitiva como «un planeamiento derivado, ejecutivo, de función complementaria de las determinaciones del Plan que no integra un escalón de ordenación propio e independiente.

En este caso concreto, el Estudio de Detalle que se impugna tiene por objeto, según se expone en la Memoria justificativa, establecer las alineaciones interiores de las edificaciones previstas en las manzanas A y B de la urbanización El mayorazgo, de acuerdo con las determinaciones básicas establecidas por el Plan Parcial El mayorazgo y, en este sentido, se propone en el Estudio de Detalle unas alineaciones oficiales de la edificación respecto a sus linderos laterales y posteriores ya que la única alineación definida por el planeamiento vigente es la principal».

Este señalamiento de alineaciones contenidas en el Estudio de Detalle cumplen con la finalidad anteriormente señalada a esta figura complementaria del planeamiento, no haciendo la Administración recurrente alegación alguna al respecto.

Ahora bien, también se utiliza el Estudio de Detalle para suprimir los usos administrativos y sanitarios establecidos basándose en lo dispuesto en el artículo 134 de las Ordenanzas del Plan Parcial que establece «En esta zona Comercial Residencial se reservará los espacios necesarios construidos destinados al emplazamiento de los usos sanitarios y administrativos, con un mínimo de 7.800 m2 o, a no ser que se demuestre la existencia de tales usos o parte de ellos en otras zonas de la Ordenación» y a este respecto debemos señalar que con independencia de que se acredite o no la existencia de estos usos en otra zona de ordenación, lo que es cierto es que no es el Estudio de Detalle la figura de planeamiento adecuado para llevar a efecto la supresión de los citados usos por exceder de la finalidad que los arts. 14 del TR/1976 y 65 del Reglamento de Planeamiento asignan a este instrumento, debiendo haberse llevado a cabo, en todo caso, una modificación del Plan Parcial o bien una modificación de las Ordenanzas del Plan Parcial. Por tanto, procede estimar parcialmente el presente recurso, anulando el Estudio de Detalle en lo que se refiere a la supresión de los usos sanitarios y administrativos en las manzanas A y B de la Urbanización El mayorazgo, declarando asustado a Derecho las alineaciones señaladas en el Estudio de Detalle.

TERCERO Al no advertirse temeridad o mala fe determinante de la imposición de las costas procesales (art. 131.1 de la Ley Jurisdiccional [RCL 1956, 1890; NDL 18435]), no procede hacer expresa condena de las mismas.

FALLO

Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anulando el Estudio de Detalle impugnado en lo que se refiere a la supresión de los usos sanitarios y administrativos de las manzanas A y B de la Urbanización El mayorazgo, sin costas.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

RJ 2006760
Sentencia Tribunal Supremo  (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 30 diciembre 2005
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Casación núm. 6221/2002.
Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate.

SENTENCIAS: Incongruencia: omisiva: inexistencia: resolución sobre todas las pretensiones planteadas por las partes: indefensión inexistente: casación improcedente.SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Planificación urbanística del territorio: clases de planes: estudios de detalle: determinaciones: aprobación definitiva: procedimiento: trámite de información pública: existencia: incorporación de alguna de las sugerencias formuladas: nulidad improcedente.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -Sección Primera- dictó Sentencia, en fecha 09-07-2002, desestimatoria del recurso deducido contra un Acuerdo del Ayuntamiento de Denia de 01-10-1998, sobre aprobación del estudio de detalle para las alineaciones en Camí Santa Lucía, Camí de Sant Joan.El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la recurrente; con imposición de las costas.
Texto:

En la Villa de Madrid, a treinta de diciembre de dos mil cinco.

Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, constituída por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación, que, con el núm. 6221 de 2002, pende ante ella de resolución, interpuesto por el Procurador Don Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y representación de Doña Nuria, contra la sentencia pronunciada, con fecha 9 de julio de 2002, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso Contencioso-Administrativo número 3515 de 1998 ( JUR 2003, 69872) , sostenido por Doña Nuria contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Denia, de fecha 1 de octubre de 1998, por el que se aprobó el Estudio de Detalle para las alineaciones en Camí Santa Lucía, Camí de Sant Joan, calle Gladiol y calle Jacint, pero introduciendo en el mismo la variación propuesta de modo coincidente en las alegaciones de varios interesados.

En este recurso de casación han comparecido, en calidad de recurridos, el Ayuntamiento de Denia, representado por el Procurador Don Cesáreo Hidalgo Senen, y Don Juan Carlos, representado por la Procuradora Doña Victoria Pérez-Mulet y Diez-Picazo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó, con fecha 9 de julio de 2002, sentencia en el recurso Contencioso-Administrativo número 3515 de 1998 ( JUR 2003, 69872) , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Desestimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Dña. Nuria, contra Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Denia, de 1 de octubre de 1998 (expte. núm. 3211.08/97) de aprobación del Estudio de Detalle de alineaciones en Camí Santa Lucía, Camí de Sant Joan, c/ Gladiol y c/ Jacint, pero introduciendo en el mismo la variación propuesta de modo coincidente en las alegaciones de D. Aurelio, Dña. Sofía, Dña. Amelia, D. Juan Carlos y D. Luis Antonio. Sin hacer expresa imposición de las costas procesales».

SEGUNDO Dicha sentencia se basa, entre otros, en el siguiente fundamento jurídico tercero: «Según el art. 52 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre ( LCV 1994, 364) , de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística: 1. El régimen establecido en la Sección anterior para la elaboración, tramitación y aprobación de programas de actuación es igualmente aplicable a los planes parciales, planes de reforma interior y estudios de detalle de iniciativa municipal o particular, con las siguientes reglas especiales: “…”. En ese régimen el art. 46.4 prevé, que “durante todo el procedimiento podrán ser objeto de pública consulta las alegaciones… que se vayan presentando ante éste…”; no hace referencia al traslado al promotor de las alegaciones formuladas durante el período de información pública. Pero es que además, según la propia demandante afirma, obtuvo copia de las mismas el 7-10-98, y aunque fue seis días después de haberse adoptado el acuerdo de aprobación del Estudio de Detalle; ello le permitió antes de impugnarlo conocer la variación propuesta por los terceros comparecientes; por lo que la denunciada omisión no le produjo indefensión».

TERCERO Notificada la referida sentencia a las partes, la representación procesal de la demandante presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por providencia de 11 de septiembre de 2002, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

CUARTO Dentro del plazo, al efecto concedido, comparecieron ante eta Sala del Tribunal Supremo, como recurridos, el Ayuntamiento de Denia, representado por el Procurador Don Cesáreo Hidalgo Senen, y Don Juan Carlos, representado por la Procuradora Doña Victoria Pérez-Mulet y Diez-Picazo, y, como recurrente, Doña Nuria, representada por el Procurador Don Pedro Antonio González Sánchez, al mismo tiempo que éste presentó escrito de interposición de recurso de casación, basándose en dos motivos, el primero al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de esta Jurisdicción ( RCL 1998, 1741) , y el segundo al del apartado d) del mismo precepto; el primero por infracción de las normas reguladoras de las sentencias, y concretamente de lo dispuesto en los artículos 33.1 de la Ley 29/1998, en relación con el artículo 67.1 de la misma Ley, por cuanto la sentencia recurrida no ha abordado todos y cada uno de los motivos esgrimidos por la demandante, sin examinar peticiones contenidas en la súplica de la demanda y sin motivar tampoco la decisión desestimatoria del recurso Contencioso-Administrativo; y el segundo por haber infringido la Sala de instancia lo dispuesto en los artículos 84 y 89.2 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haberse oído en el procedimiento seguido para la aprobación del Estudio de Detalle a la recurrente después de formularse la propuesta de resolución y con anterioridad a la resolución definitiva, lo que no se subsana con el traslado de las alegaciones efectuadas por interesados comparecidos seis días después de haberse aprobado dicho Estudio de Detalle, lo que le causó indefensión al ser la promotora del procedimiento, a pesar de lo cual no conoció los informes que en el mismo habían recaído, terminando con la súplica de que se anule la sentencia recurrida y que se dicte otras por la que, estimando el primero motivo, se declare la nulidad del acto administrativo impugnado, y, subsidiariamente, acogiendo el segundo motivo, se resuelva conforme a la súplica de la demanda, es decir, se estime el recurso Contencioso-Administrativo por ser el acto impugnado nulo o anulable, con imposición de costas a las partes que se opusieren.

QUINTO Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto, se dio traslado por copia a la representación procesal de los comparecidos como recurridos para que, en el plazo de treinta días, formalizasen por escrito su oposición a dicho recurso, lo que llevó a cabo la representación procesal de Don Juan Carlos con fecha 22 de marzo de 2004, aduciendo la inadmisibilidad del recurso por carecer de interés casacional, sin estar el motivo invocado entre los relacionados en el artículo 88 y, además, carecer manifiestamente de fundamento, aparte de que la recurrente, Sra. Nuria, no tiene interés para recurrir por cuanto durante la tramitación ha enajenado sus terrenos, desprendiéndose de la mera lectura de la sentencia la inconsistencia del primer motivo de casación, ya que aquélla aborda todas las cuestiones planteadas estando debidamente motivada, resultando paradójico que la promotora del expediente alegue infracciones procedimentales cuando era conocedora de la tramitación del expediente y del preceptivo trámite de alegaciones, teniendo competencia el Ayuntamiento para introducir modificaciones con el fin de adecuar el Estudio de Detalle a los intereses generales definidores de su labor urbanística, deduciéndose del examen del procedimiento seguido que se acomoda a lo dispuesto en la normativa urbanística autonómica para la aprobación de un Estudio de Detalle, ajustándose la modificación introducida por el Ayuntamiento a la realidad, para terminar con la súplica de que se declare no haber lugar al recurso con imposición de costas a la recurrente.

SEXTO La representación procesal del Ayuntamiento de Denia presentó su escrito de oposición al recurso de casación con fecha 26 de marzo de 2004, aduciendo que en el primer motivo de casación no se expresan los concretos motivos que hubiese dejado de examinar la sentencia recurrida ni los preceptos estatales que se vulneraron con ello, pero, en cualquier caso, la sentencia recurrida examina todos los extremos controvertidos por más que no examinase cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, sin que la Ley de Procedimiento Administrativo Común ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) contenga la regulación de todos los procedimientos por razón de la materia sino que se limita a regular la estructura general del procedimiento, no estando regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, mientras que el Estudio de Detalle es un instrumento de planeamiento y, por consiguiente, participa de la naturaleza de las disposiciones de carácter general, cuyo trámite, tanto en la legislación estatal como en la autonómica, no contempla la audiencia del interesado, sin que se produjese indefensión alguna para la promotora, razón por la que, aun admitiendo la omisión del trámite de audiencia, no procede la anulación pedida por cuanto la referida promotora tanto en la vía previa como en sede judicial ha tenido la oportunidad de hacer valer sus puntos de vista, y no se ha producido conculcación del principio de congruencia ni una «reformatio in peius» dado que la potestad de planeamiento la ostenta la Administración para, a la vista de lo actuado, aprobarlo en la forma que más se ajuste a los intereses generales sin tener que ajustarse al planteamiento del promotor, y sin que el derecho al procedimiento garantice que el Estudio de Detalle tuviese que aprobarse en los términos propuestos por la promotora, terminando con la súplica de que se declare no haber lugar al recurso y que se impongan las costas a la recurrente.

SÉPTIMO Formalizadas las oposiciones al recurso de casación, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 21 de diciembre de 2005, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La representación procesal del recurrido Sr. Juan Alberto plantea la inadmisibilidad de los motivos de casación alegados por falta de interés casacional, por no estar entre los contemplados en el artículo 88 de la Ley de esta Jurisdicción ( RCL 1998, 1741) y por carecer manifiestamente de fundamento.

Tales causas de inadmisión deben ser rechazadas porque la falta de interés casacional carece de eficacia cuando de impugnación de disposiciones de carácter general se trata, mientras que los motivos aducidos están contemplados en los apartados c) y d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, y en el trámite de admisión del recurso no se apreció manifiesta falta de fundamento, por lo que nosotros debemos ahora examinarlos para decidir en consecuencia.

Tampoco es de recibo la aducida falta de legitimación de la recurrente por cuanto la misma le viene dada por su condición de parte en el proceso seguido en la instancia (artículo 89.3 de la Ley Jurisdiccional).

SEGUNDO En el primer motivo de casación se aduce la infracción de las normas reguladoras de las sentencia con vulneración de lo dispuesto en los artículos 33.1 y 67.1 de la vigente Ley Jurisdiccional ( RCL 1998, 1741) por haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia omisiva y carecer de motivación suficiente el pronunciamiento desestimatorio del recurso Contencioso-Administrativo.

Al articular este motivo de casación no se expresa cuáles sean las cuestiones no examinadas por la Sala de instancia en la sentencia recurrida, que hubiesen sido oportunamente suscitadas por las partes, de manera que el vicio de incongruencia omisiva se esgrime sin aportar los datos imprescindibles para apreciar si concurre o no.

Otro tanto sucede con el defecto de motivación alegado, ya que la sentencia contiene hasta cuatro fundamentos jurídicos en respuesta a las cuestiones planteadas, que previamente ha sintetizado en el segundo, por lo que prima facie la sentencia está suficientemente motivada, sin que la representación procesal de la recurrente nos indique cuál de las cuestiones que planteó no ha merecido una respuesta razonada de la Sala sentenciadora.

Lo expuesto justificaría la desestimación del primer motivo de casación alegado, pero si lo que ha querido poner de manifiesto la representación procesal de la recurrente es que la Sala de instancia no ha dado respuesta a la cuestión relativa a la responsabilidad patrimonial de la Administración municipal por la incorrecta tramitación y aprobación del Estudio de Detalle, lo cierto es que dicha cuestión ha sido desestimada implícitamente por cuanto en la sentencia recurrida se considera que el procedimiento para la aprobación del Estudio de Detalle se siguió conforme a la tramitación prevista en la Ley sin extralimitarse en cuanto a su alcance, de manera que, al no concurrir la causa de pedir, resulta improcedente la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración.

Esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado, entre otras, en sus Sentencias de 25 de octubre de 1993 ( RJ 1993, 8007) , 5 de febrero de 1994 ( RJ 1994, 747) , 9 de mayo de 1994 ( RJ 1994, 4177) , 20 de enero de 1998, 14 de marzo de 1998, 30 de enero de 1999, 27 de febrero de 1999, 29 de junio de 2002 y 25 de marzo de 2003, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, recogida en las Sentencias 161/93 ( RTC 1993, 161) , 280/93, 378/93, 91/95 ( RTC 1995, 91) , 56/96, 26/97, 16/98 ( RTC 1998, 16) , 230/98 ( RTC 1998, 230) y 1/99 ( RTC 1999, 1) , que se han de ponderar las circunstancias singulares para inferir si la falta de pronunciamiento respecto de alguna de las pretensiones ejercitadas debe ser razonablemente interpretada como desestimación implícita de aquélla, siendo esta la conclusión a que se debe llegar en este caso a la vista de lo expresado y resuelto por el Tribunal a quo en relación con la corrección del procedimiento y la conformidad a derecho del Estudio de Detalle aprobado, con lo que desaparecen las causas en que la demandante basaba su petición de responsabilidad patrimonial de la Administración.

TERCERO Ya hemos indicado que el Estudio de Detalle, objeto del recurso Contencioso-Administrativo sustanciado en la instancia, al constituir un instrumento de planeamiento, participa de la naturaleza de las disposiciones de carácter general y, como tal, su elaboración no se contempla en el título VI de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y concretamente en los capítulos III y IV, en los que se hallan los preceptos citados como conculcados por la Sala de instancia.

El artículo 84 de la referida Ley 30/1992 exige la audiencia de los interesados una vez instruido el procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución, pero, en este caso, la aprobación del Estudio de Detalle va precedida de un trámite de información pública para que puedan presentarse alegaciones, lo que en este caso tuvo lugar, incorporando la aprobación definitiva alguna de las sugerencias formuladas por terceros en dicho período, sin que puede calificarse de reformatio in peius el hecho de no acogerse íntegramente el planteamiento de la promotora del Estudio de Detalle, ya que la Administración urbanística no queda desapoderada de sus facultades de ordenación del territorio por el hecho de que el procedimiento se haya tramitado por iniciativa particular, de manera que no se ha conculcado por el Tribunal a quo lo dispuesto en los artículos 84 y 89.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no ser estos preceptos aplicables al procedimiento para la aprobación de un Estudio de Detalle, y, por consiguiente, procede la desestimación también del segundo motivo de casación.

CUARTO La improcedencia de ambos motivos alegados comporta la declaración de no haber lugar al recurso de casación interpuesto con imposición a la recurrente de las costas procesales causadas, según establece el artículo 139.2 de la vigente Ley Jurisdiccional ( RCL 1998, 1741) , en relación con la Disposición Transitoria novena de la misma, si bien, como permite el apartado tercero del referido precepto, procede limitar su cuantía, por el concepto de honorarios de abogado de los comparecidos como recurridos, a la cifra de ochocientos euros para Don. Juan Alberto y de dos mil euros para el Ayuntamiento de Denia, dada la actividad desplegada por aquéllos al oponerse al expresado recurso de casación.

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción 29/1998, de 13 de julio ( RCL 1998, 1741) , y sus Disposiciones Transitorias segunda y tercera.
FALLAMOS

Que, rechazando las causas de inadmisión planteadas por la representación procesal Don. Juan Alberto y con desestimación de ambos motivos alegados, debemos declarar y declaramos que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y representación de Doña Nuria, contra la sentencia pronunciada, con fecha 9 de julio de 2002, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso Contencioso-Administrativo número 3515 de 1998 ( JUR 2003, 69872) , con imposición a la referida recurrente Doña Nuria de las costas procesales causadas hasta el límite, por el concepto de honorarios de abogado, de ochocientos euros para Don Juan Carlos y de dos mil euros para el Ayuntamiento de Denia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, debiéndose hacer saber a las partes, al notificársela, que contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico.

RJ 20024421
Sentencia Tribunal Supremo  (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 23 mayo 2002
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Casación núm. 5395/1998.
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho.

LICENCIAS MUNICIPALES: De apertura: otorgamiento: improcedencia: contravención del planeamiento: rasante: estudio de detalle: extralimitación y arbitrariedad.SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Estudios de detalle: determinaciones: rasantes: límites: planeamiento superior.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictó Sentencia, el 27-02-1998, estimatoria en parte del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra los Acuerdos del Ayuntamiento de San Fernando, de 13-07-1994 y 22-07-1994, por los que se concedió a entidad mercantil licencia de apertura de sala de bingo.El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto.
Texto:

En la Villa de Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil dos.

Visto el recurso de casación, que ante Nos pende, interpuesto por el Ayuntamiento de San Fernando, representado por el Procurador don Luciano R. N., contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 27 de febrero de 1998, sobre licencia de apertura.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por acuerdo de 13 de julio de 1994 el Ayuntamiento de San Fernando concedió a la entidad mercantil Sogazar, SA licencia de apertura para el ejercicio de la actividad de sala de bingo en un local situado en el denominado Parque Bahía Sur, acuerdo que fue ratificado por el del mismo Ayuntamiento de 22 de julio del mismo año.

SEGUNDO Contra las anteriores resoluciones se interpuso por don José Luis, don Francisco y don Manuel Esteban B. A., recurso contencioso-administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el núm. 2013/1994, en el que recayó sentencia de fecha 27 de febrero de 1998 por la que se estimaba en parte el recurso interpuesto, se anulaba la licencia concedida y desestimaba la pretensión de resarcimiento ejercitada en la demanda.

TERCERO Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 16 de mayo de 2002, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El Ayuntamiento de San Fernando interpone, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (RCL 1956, 1890 y NDL 18435) (LJCA), recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de febrero de 1998, que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis, don Francisco y don Manuel Esteban B. A. contra los acuerdos de la Corporación recurrente de 13 y 22 de julio de 1994, por los que se concedió a la entidad mercantil Sogazar, SA licencia de apertura para el ejercicio de la actividad de sala de bingo en un local situado en el denominado Parque Bahía Sur.

SEGUNDO La Sala de instancia anuló la licencia referida por haberse concedido en contra de las previsiones del planeamiento urbanístico, tanto en cuanto a edificabilidad, ocupación de parcela, altura y número de plantas autorizadas como en cuanto al uso del edificio en que se encuentra el local sobre el que se concedió la licencia, y reproduce en lo sustancial los argumentos de su sentencia de 17 de enero de 1997, en la que había anulado la licencia concedida para la urbanización, parcelación y edificación de los terrenos en que se construyó el complejo denominado Parque Bahía Sur. Básicamente, la Sala decidió que el Estudio de Detalle que daba cobertura a esas licencias había desbordado su cometido al fijar la rasante, sin justificación alguna, en una cota de entre 4.2 y 4.5 metros sobre la cota natural del terreno, con la consecuencia, rechazada por el Tribunal «a quo», de que la altura del edificio se mida desde esa rasante artificial, y que lo construido bajo ella no compute como volumen edificable.

TERCERO La parte recurrente, en su único motivo de casación, invoca el artículo 14.2 del Texto refundido de al Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, que ya había sido citado en el recurso de casación interpuesto contra la antes citada sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de enero de 1997. Dicho recurso de casación fue desestimado por la sentencia de esta Sala de 4 de diciembre de 2001, en virtud de unos argumentos que procede repetir ahora. Es cierto que no existe una definición legal de rasante pero eso no significa que sea un concepto artificial que pueda ser establecido arbitrariamente por el Plan y, menos aún, por un Estudio de Detalle. Existen muchas determinaciones del Plan General de Ordenación -número máximo de plantas y altura edificables, ocupación de parcela- cuya aplicación requiere el establecimiento de la cota de la fachada que constituye la rasante. No puede admitirse que la interpretación de esos conceptos pueda depender de un señalamiento de rasante hecho por un Estudio de Detalle cuya virtualidad en modo alguno puede alcanzar a modificar aquellas determinaciones. Aunque el Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando remita al Estudio de Detalle el señalamiento de las rasantes, contiene unas determinaciones sobre aquellos extremos, número máximo de plantas, altura máxima a cornisa o edificabilidad sobre rasante, que sólo se conciben partiendo de la existencia de una idea de rasante que coincide con la natural del terreno, aunque como es lógico, no haya de ajustarse exactamente a él. Precisamente por eso se hace necesario el señalamiento de rasantes, para marcar la cota de los viales superando las irregularidades del terreno, lo que significa que la cota natural de éste no tiene que coincidir necesariamente con la de las rasantes, pero que tiene que ser una referencia obligada en su fijación.

CUARTO Por lo expuesto procede desestimar el presente recurso de casación imponiendo a la parte recurrente, conforme dispone el artículo 102.3 LJCA (RCL 1956, 1890 y NDL 18435), el pago de las costas causadas.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de San Fernando contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de febrero de 1998, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de esta Sala, de todo lo cual, yo, la Secretaria, certifico.

RJ 200010480
Sentencia Tribunal Supremo  (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 7 diciembre 2000
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Casación núm. 6722/1995.
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Estudios de detalle: documentación: memoria: examen: suficiencia; determinaciones: viales: modificación de trazado previsto en planeamiento superior: improcedencia.
La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia dictó Sentencia, en 18-5-1995, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra anterior Acuerdo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de 14-6-1993, confirmado en recurso de reposición el 25-10-1993, por el que se aprobó definitivamente el estudio de detalle del Tambre.El TSJ declara haber lugar al recurso de casación interpuesto, revoca la Sentencia recurrida y estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su momento, declarando disconformes a derecho los Acuerdos recurridos.
Texto:

En la Villa de Madrid, a siete de diciembre de dos mil.

Visto el recurso de casación núm. 6722/1995 interpuesto por el Procurador señor S. M., en nombre y representación de don Jaime G. N., contra la sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 1995 y en su recurso número 5262/1993 por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sobre impugnación de Estudio de Detalle, siendo parte recurrida el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, representado por el Procurador señor E. R. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección 2ª), dictó sentencia desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de don Jaime G. N. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de junio de 1995, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 28 de julio de 1995, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se estimara el recurso contencioso-administrativo.

TERCERO El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 28 de mayo de 1997, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Ayuntamiento de Santiago de Compostela) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 7 de julio de 1997, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.

CUARTO Por providencia de fecha 6 de octubre de 2000, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 30 de noviembre de 2000, en que tuvo lugar.

QUINTO En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección 2ª) dictó en fecha 18 de mayo de 1995, y en su recurso contencioso-administrativo núm. 5262/1993, por medio de la cual se desestimó el formulado por don Jaime G. N. contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de fecha 14 de junio de 1993 (confirmado en reposición por el de 25 de octubre de 1993), que aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la Rua del Tambre esquina Rua do Corgo.

SEGUNDO La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo.

Se basó para ello, sustancialmente, en los siguientes argumentos, que contestaban a sendas razones del demandante:

1º.-Razonó la Sala que no existía defecto alguno en la documentación del Estudio de Detalle, ya que, por un lado, la memoria existente en el expediente administrativo es suficiente a los fines pretendidos, y, por otro, no es necesario en el presente caso el estudio comparativo porque no se modifica la disposición de volúmenes.

2º.-Señaló el Tribunal que el Estudio de Detalle impugnado no contrariaba el Plan General, sino que se limitaba a una simple adaptación o reajuste de la alineación prevista.

3º.-Y terminó explicando que el recurrente no había concretado qué predios colindantes eran los afectados y en qué sentido lo habían sido.

TERCERO Contra esa sentencia ha formulado recurso de casación el actor señor G. N., en el cual esgrime tres motivos de impugnación, que estudiaremos a continuación.

CUARTO En el primero se alega infracción del artículo 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, pues, en el sentir del recurrente, el Estudio de Detalle impugnado no tiene memoria justificativa de la conveniencia y procedencia de la resolución que adopta.

El argumento no puede ser aceptado. A los folios 10 y 11 del expediente administrativo existe una «Memoria justificativa de la conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas», que consta de una introducción, de una explicación del objeto y de la concreción de la solución adoptada. Esa Memoria le parece insuficiente al demandante, pero, habida cuenta de la modestia de la finalidad de este Estudio de Detalle, lo que en ello se especifica es más que suficiente para cumplir el requisito documental exigido.

QUINTO En segundo lugar se alega infracción del artículo 91 (y jurisprudencia concordante) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) (en realidad, artículo 14 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976 [RCL 1976, 1192 y ApNDL 13889]), en cuanto el Estudio de Detalle opera una modificación del Plan General.

Este motivo debe ser estimado.

Lo que hace el Estudio de Detalle impugnado no es reajustar o adaptar las alineaciones previstas en el Plan General (que es lo que puede hacer según el artículo 14.2 a) del TRLS de 9 de abril de 1976), sino modificar el trazado de una calle, prevista en el Plan General, desviarla noventa centímetros a fin de ponerla a caballo entre las dos fincas enfrentadas, y ésta es una operación distinta a la de reajustar o adaptar las alineaciones.

Las alineaciones son aquellas que señalan la distancia que debe separar las edificaciones del borde de los viales, distinguiéndose entre alineación de calle (que es la línea que marca los límites de la edificación a lo largo de una calle) y alineación de fachada (que es la línea que marca la alineación de una sola parcela).

También puede decirse que la alineación es un procedimiento geométrico y arquitectónico para delimitar el suelo, dividiéndolo en dos partes: las superficies destinadas a ser edificadas y las que han de serlo a otras finalidades (v. gr. viales o simples espacios no edificables).

Pues bien, esas operaciones en que las alineaciones consisten no tienen que ver nada con la modificación del trazado de una vía (aunque ésta, por el juego de los retranqueos, pueda afectar a aquéllas), y un Estudio de Detalle no es instrumento apto para modificar en nada el trazado de un vial previsto como tal en el Plan General, y si lo hace infringe el artículo 14.2 a) del TRLS, que es el precepto que ha infringido también la sentencia impugnada, la cual, por ello mismo, debe ser revocada.

SEXTO Interesa destacar que el hecho de que el vial previsto en el Plan General discurra por una sola de las fincas fronteras, y no por las dos, no significa que el dueño de la propiedad afectada haya de soportar sólo él el perjuicio de la apertura del vial, porque esto sería contrario al principio de la justa distribución de beneficios y cargas, debiendo procurarse ésta por cualquiera de los medios que brinda el ordenamiento urbanístico.

SEPTIMO Al declararse haber lugar al recurso de casación no procede hacer condena en las costas del mismo (artículo 102.2 de la LJCA [RCL 1956, 1890 y NDL 18435]) ni existe razones que aconsejen hacerla respecto de las de instancia (artículo 131 de la misma).

Por todo ello, en nombre de SM el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
FALLAMOS

Que declaramos haber lugar al presente recurso de casación núm. 6722/1995, interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en fecha 18 de mayo de 1995 y en su recurso contencioso-administrativo núm. 5262/1993 y en consecuencia:

1º Revocamos dicha sentencia.

2º Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jaime G. N. contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de fecha 14 de junio de 1993 (confirmado en reposición por el de 25 de octubre de 1993), que aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la Rua del Tambre esquina a Rua do Corgo, acuerdos que declaramos disconformes a Derecho, y que anulamos.

3º No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las del presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que certifico.

RJ 20009054
Sentencia Tribunal Supremo  (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 13 noviembre 2000
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Casación núm. 5874/1995.
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho.

LICENCIAS MUNICIPALES: De obras: otorgamiento improcedente: nulidad del estudio de detalle en que se ampara: reordenación de terrenos, con ocupación de espacios libres, alterando la calificación de los terrenos y de las zonas verdes: impugnación indirecta procedente: nulidad de licencia.SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Planificación urbanística del territorio: estudios de detalle: determinaciones: límites: examen.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid dictó Sentencia, en fecha 27-2-1995, estimatoria del recurso deducido por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado contra una Resolución del Ayuntamiento de Valladolid fechada el 3-7-1990, por la que se concedió licencia de obras para la construcción de un edificio a la entidad mercantil «Proinsa».El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil «Proinsa», el Monasterio de Santa Isabel de la Orden de Santa Clara y por el Ayuntamiento de Valladolid; con expresa imposición de las costas.
Texto:

En la Villa de Madrid, a trece de noviembre de dos mil.

Visto el recurso de casación, que ante Nos pende, interpuesto por la entidad mercantil PROINSA y el Monasterio de Santa Isabel de la Orden de Santa Clara, representados por el Procurador don Federico O. S. y el Ayuntamiento de Valladolid, representado por el Procurador don Jorge D. G., contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 27 de febrero de 1995, sobre licencia de obras, habiendo comparecido como parte recurrida la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, representada por la Procuradora doña Esperanza A. C.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por acuerdo de 3 de julio de 1990 el Ayuntamiento de Valladolid concedió a la entidad mercantil PROINSA licencia para la construcción de un edificio en una finca en las calles Encarnación números 4, 6 y 8 y San Ignacio números 5 y 7, e interpuesto contra él recurso de reposición por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado no ha sido resuelto expresamente.

SEGUNDO Contra la anterior resolución se interpuso por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, recurso contencioso-administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con el núm. 207/1991 en el que recayó sentencia de fecha 27 de febrero de 1995 por la que se estimaba el recurso interpuesto y se anulaba el acto impugnado.

TERCERO Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 8 de noviembre de 2000, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la entidad mercantil PROINSA y el Monasterio de Santa Isabel de la Orden de Santa Clara interponen recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 27 de febrero de 1995, que anuló la licencia concedida a PROINSA por aquella Corporación para construir un edificio en una finca sita en las calles Encarnación números 4, 6 y 8 y San Ignacio números 5 y 7.

La Sala de instancia ha fundado básicamente su decisión en la disconformidad del Estudio de Detalle en que se apoya la licencia anulada con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Como la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado había impugnado en un recurso anterior el proyecto de urbanización elaborado como consecuencia de aquel Estudio de Detalle y los motivos opuestos en ambos recursos había sido los mismos, la sala de instancia reproduce en la sentencia ahora impugnada los mismos argumentos que ya había expuesto en la de 18 de febrero de 1994, por la que anuló el indicado proyecto de urbanización.

Contra esa sentencia de 18 de febrero de 1994 se interpuso por las mismas partes ahora recurrentes recurso de casación que fue desestimado por sentencia de esta Sala de 25 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 8753). Como los motivos de casación opuestos por las partes son los mismos que fueron desestimados por esta sentencia no cabe en este momento sino reiterar lo que allí dijimos.

SEGUNDO El recurso de casación del Ayuntamiento de Valladolid insiste en su primer motivo, al amparo del artículo 95.1.4º de la LJCA (RCL 1956, 1890 y NDL 18435), en una de las causas de inadmisibilidad que han sido rechazadas por la sentencia recurrida.

Considera que la sentencia no debió anular la licencia impugnada en la litis, basándose en que se modifica la localización de zonas verdes y vulnera el citado PGOU porque resulta -nos dice- que un Estudio de Detalle, instrumento de planeamiento que se comporta como norma interpuesta entre el PGOU y el repetido Proyecto de Urbanización, y en el que se basaba el proyecto y licencia anulados, no fue impugnado en forma indirecta en el recurso de reposición formulado en la vía administrativa. La sentencia habría desconocido la naturaleza revisora del orden jurisdiccional contencioso-administrativo al admitir, nos dice, una cuestión nueva no planteada ante la Administración, vulnerando, por ello, el artículo 82 c), en relación con el 37 y el 1 de la Ley Jurisdiccional.

TERCERO El motivo enunciado no puede prosperar. La federación de asociaciones de vecinos hoy recurrida formuló una pretensión idéntica tanto en su recurso de reposición como en la vía jurisdiccional; pidió la anulación del acuerdo de concesión de la indicada licencia de obras. Aparte de que la sentencia recurrida manifiesta que el Estudio de Detalle también se atacó en el recurso de reposición, no cabe duda de que, al atacar la expresada licencia en su demanda, podía la actora esgrimir válidamente -y como un simple motivo de impugnación de dicho acto, al amparo del artículo 39.2 de la Ley Jurisdiccional, y no como una cuestión nueva- los vicios de un instrumento de planeamiento que, por participar de la naturaleza de las normas, podía servir de cobertura al mismo. En este sentido articuló correctamente su demanda impugnando en forma indirecta el Estudio de Detalle. La impugnación indirecta de la disposición general no ha llevado, desde luego, a la anulación del repetido Estudio de Detalle en el proceso «a quo», sino únicamente a la anulación del acto impugnado; no ha habido pretensión nueva alguna, ni vulneración del carácter revisor de esta jurisdicción, por lo que el motivo enunciado no puede prosperar.

CUARTO En el motivo segundo, que es el central del recurso, considera el Ayuntamiento de Valladolid, también al amparo del supuesto 4º del artículo 95.1 de la Ley Reguladora de este Orden Jurisdiccional, que la sentencia recurrida infringe los artículos 14.3 y 50 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 (RCL 1976, 1192 y ApNDL 13889). Coincide dicha impugnación con el tercero de los motivos articulados, también en forma muy razonada y extensa, por la otra parte recurrente (entidad mercantil «PROINSA» y Monasterio de Santa Isabel de la Orden de Santa Clara), lo que permite y aconseja, por obvias razones de economía procesal, un examen conjunto de ambos motivos.

QUINTO Para razonar válidamente en casación si existe la vulneración normativa que se denuncia resulta obligado respetar, dada la naturaleza extraordinaria del recurso que aquí se examina, los hechos que la sentencia recurrida ha declarado probados, sin subvertirlos, minimizarlos o sustituirlos por las apreciaciones de parte de los recurrentes, cuando éstas no han sido acogidas por la sentencia que se impugna, sino rechazadas claramente en su apreciación probatoria.

Tienen naturaleza de hechos probados en este caso las afirmaciones que efectúa la sentencia recurrida al declarar que el Estudio de Detalle ha ocupado, en parte, espacios libres y ha alterado la calificación de los terrenos y de las zonas verdes establecidas en el Plan General, al modificar la ubicación física de las edificaciones en el Area de Intervención de que se trata, con la conclusión -que se expresa- de que el Estudio de Detalle vulneró el Plan General de Ordenación Urbana.

Centrada así la cuestión deben decaer, pese a la brillantez de sus razonamientos, los dos motivos que se examinan. El motivo del Ayuntamiento de Valladolid adopta como punto de partida una exposición subjetiva de hechos que afirma «concretados y acreditados en el proceso» (sic), pero que no se ajustan, en modo alguno, a los que se acaban de expresar, por lo que incurre en el defecto de hacer supuesto de la cuestión planteada. Las determinaciones de un Plan General de Ordenación Urbana son vinculantes y no tienen carácter de mera recomendación (artículo 11 del TRLS de 1976). El Estudio de Detalle no se ha limitado a un «simple, irrelevante y obligado reajuste de alineaciones» (sic), sino a las alteraciones que se acaban de indicar, que desbordan los límites que marca a estos instrumentos el artículo 14 del TRLS, además de contradecir lo establecido en el artículo 50 del mismo Cuerpo legal.

La discrepancia de la otra parte recurrida con la sentencia radica también, como opone certeramente la parte recurrida, en una discrepancia de hecho y no en una discrepancia jurídica. El tercer motivo de «PROINSA» y del Monasterio Santa Isabel incurre en el mismo defecto de minimizar los cambios que, en su interpretación subjetiva, habría efectuado el susodicho Estudio de Detalle. Cierto es que un Estudio de Detalle puede prever alineaciones y rasantes o reajustarlos, así como adaptar y reajustar volúmenes, como ha aclarado en forma constante la jurisprudencia de esta Sala, pero no es ese el supuesto de hecho que se contempla en el presente caso. Preciso será reconocer que la Ley y la jurisprudencia también han destacado la ausencia de carácter innovador en los referidos Estudios de Detalle, en forma tal que ni siquiera en supuestos de adaptación o reajuste de alineaciones y rasantes y ordenación de volúmenes conforme a las especificaciones del Plan, que constituyen su único contenido posible, pueden dejar de cumplir el Plan al que sirven de especificación o detalle. Por ello, se ha dicho, incurren en ilegalidad si lo contradicen o, si excediéndose de su finalidad subordinada y complementaria, intentan colmar un vacío de ordenación urbanística adoptando determinaciones originarias que son propias de los Planes (sentencias de 6 de mayo de 1989 [RJ 1989, 3846], 5 de abril de 1991 [RJ 1991, 3290] o 9 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 9454]). En el presente caso no se ha «movido ligeramente una edificación» como se asevera en el razonamiento del motivo, sino que se han reordenado los terrenos del área ocupando espacios libres y alterando la calificación de los terrenos y de las zonas verdes, con infracción clara del artículo 50 del TRLS, por lo que el razonamiento se revela como inconsistente, debiendo decaer los motivos examinados.

SEXTO El tercer y último de los motivos del recurso del Ayuntamiento de Valladolid considera que la sentencia de la Sala «a quo» infringe una Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León de 22 de abril de 1991, derecho autonómico que escapa al examen del recurso de casación de que conoce este Tribunal. No puede no obstante afirmarse, en ningún caso, que la Orden de una Consejería Autonómica pueda autorizar a un Estudio de Detalle para que introduzca modificaciones en un Plan General, en contra de lo que determinan los artículos 14, 49 y 50 del TRLS y ésa es, en definitiva, la tesis que se propone en el recurso, siempre que no se incluyan en el razonamiento los fundamentos subjetivos de hechos que, como queda dicho, se encuentran al margen de la apreciación de la prueba a que ha llegado la sentencia recurrida.

SEPTIMO El primer motivo de los articulados en el recurso de PROINSA y el Monasterio de Santa Isabel considera que la sentencia recurrida infringe el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (RCL 1958, 1258, 1469, 1504; RCL 1959, 585 y NDL 24708), que permite a la Administración rectificar libremente, y en cualquier tiempo, los errores materiales o de hecho. El olvido por el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid de una parte del Convento de Santa Isabel sería, en la versión de los recurrentes, un error material que la Administración se ha limitado a corregir, en una forma que no se precisa.

El motivo decae por imposible aplicación al caso de la norma invocada. Acontece, en efecto, que no resulta afirmada ni probada en la sentencia que se recurre la existencia del error que se afirma ni, menos aún, que el mismo fuese subsumible, en el hipotético caso de existir, entre los errores materiales o de hecho y los aritméticos que contempla la norma que se denuncia como infringida. No se justifica tampoco, en fin, cómo podría un Estudio de Detalle, de aprobación municipal, rectificar errores provenientes de otra Administración, máxime cuando -según ha sido declarado- se encuentra en juego una modificación de zonas verdes (artículo 50 del TRLS).

OCTAVO En el segundo motivo se invoca el artículo 9.3 de la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875), en cuanto la sentencia infringiría los principios de legalidad y de jerarquía normativa y múltiples normas del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 [artículos 12.1 d), 57, 76 y concordantes] de la Ley del Patrimonio Histórico Español (RCL 1985, 1547, 2916 y ApNDL 10714) (artículos 9, 19, 20, 21 y concordantes) así como el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y el 26 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 (RCL 1957, 1058, 1178 y NDL 25852).

El motivo no razona ni justifica cómo se habría infringido la larga relación de preceptos que se invocan, limitándose a razonar que, en caso de que no se acepte que el Plan General de Valladolid ha incurrido en un error material, será forzoso reconocer que el mismo es nulo de pleno Derecho, al no otorgar a los terrenos ocupados por la Sacristía y el Cementerio del Monasterio de Santa Isabel el régimen de «ius cogens» que determina la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. La argumentación tampoco puede prosperar ya que, en la hipótesis de admitir la existencia de un vacío en las determinaciones del PGOU, como consecuencia del vicio de nulidad que -por vez primera- se esgrime en esta casación, no sería un Estudio de Detalle el instrumento de planeamiento idóneo para cubrir ese vacío de determinaciones del Plan General.

NOVENO Los motivos cuarto y quinto reproducen, desde una perspectiva distinta, los argumentos ya rechazados en el tercer motivo del Ayuntamiento de Valladolid, invocando de nuevo infracción de normativa autonómica. No puede admitirse -como ya razona la sentencia recurrida- que las normas urbanísticas del Plan General ni la Orden Autonómica de 22 de abril de 1991 -aun considerada aplicable como «ius superveniens»- puedan autorizar que un Estudio de Detalle realice las alteraciones en zonas verdes que se declaran producidas, ni a desbordar los límites de que el artículo 14.3 del TRLS impone a un Estudio de Detalle.

DECIMO Procede la desestimación de ambos recursos y la consiguiente imposición de las costas devengadas como consecuencia de los mismos a ambos recurrentes, por imperativo del artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, costas que serán satisfechas en un 50% cada uno de ellos.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por la entidad «PROINSA», el Monasterio de Santa Isabel de la Orden de Santa Clara, así como por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia dictada el 27 de febrero de 1995 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso número 207/1991. E imponemos expresamente a las partes recurrentes el pago de las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de esta Sala, de todo lo cual, yo, la Secretaria, certifico.

RJCA 2005385
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Cataluña núm. 320/2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 15 abril
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 78/2002.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Ana Rubira Moreno.

SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Planificación urbanística del territorio: clases de planes: estudios de detalle: previsión en plan superior: alineación de vial: desplazamiento de un metro: improcedencia: determinación que no se adapta al plan general: nulidad procedente.
El TSJ de Cataluña estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra un Acuerdo del Ayuntamiento de Olot de 22-11-2001, sobre aprobación definitiva del estudio de detalle.
Texto:

En la ciudad de Barcelona, a quince de abril de dos mil cinco.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo número 78/2002, interpuesto por Don Luis Miguel y Don Héctor, representados por el Procurador Don Arturo Cot Montserrat, con asistencia letrada, contra el Ayuntamiento de Olot, representado por la Procuradora Doña Elisabeth Hernandez Vilagrasa, con asistencia letrada. Es Ponente Doña Ana Rubira Moreno, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado el 22 de noviembre de 2001 por el Pleno del Ayuntamiento de Olot, que dispone: «Primer.-Aprovar definitivament l’Estudi de detall i Unitat d’alienacios i rasans del carrer Macedonia redactat per Vayreda, arquitectes. Segon.-Trametre’n dos exemplar als Serveis d’Urbanisme de Girona per al seu assabentat. Tercer.-Comunicar aquests acords a les persones que varen presentar escrit d’al.legació durant la seva exposició al públic, juntament amb una fotocòpia de l’informe».

SEGUNDO Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción ( RCL 1998, 1741) . La actora dedujo demanda en la que, tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando que se dictara sentencia por la que estimando el recurso declare nulo y sin efecto el acto recurrido.

TERCERO La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la desestimación del recurso.

CUARTO Se prosiguió el trámite correspondiente y se recibió el juicio a prueba mediante auto de 18 de junio de 2002, con el resultado que obra en autos, evacuándose el trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 13 de abril de 2005.

QUINTO En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto el acuerdo adoptado el 22 de noviembre de 2001 por el Pleno del Ayuntamiento de Olot, que dispone: «Primer.-Aprovar definitivament l’Estudi de detall i Unitat d’alienacions i rasans del carrer Macedonia redactat per Vayreda, arquitectes. Segon.-Trametre’n dos exemplar als Serveis d’Urbanisme de Girona per al seu assabentat. Tercer.-Comunicar aquests acords a les persones que varen presentar escrit d’al.legació durant la seva exposició al públic, juntament amb una fotocòpia de l’informe».

SEGUNDO Obra en el expediente administrativo el Estudio de detalle de la calle Macedonia aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Olot el 22 de noviembre de 2001. Según se recoge en el apartado 3 de su memoria el mismo tenía como finalidad: «1. Determinar i precisar les alineacions i rasants del carrer entre l’avinguda de Santa Coloma i el carrer Madrid. 2. Precisar las superfícies que cada propietari ha de cedir per la obertura del carrer i que en el seu cas seran objecte del corresponent projecte de reparcel.lació».

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Olot en la sesión celebrada el 13 de junio de 2001, acordó: «Primer.-Aprovar inicialment l’Estudi de Detall d’alineaccios i rasant de la perllongació del carrer Escalrlet entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Madrid, promogut per Construccions Bonavista Ramon Pujol, SL. Segon.-Aprovar inicialment com a Unitat d’Actuació el mateix ámbit de l’Estudi de Detall. Tercer. Declarar iniciat l’expedient de reparcel.lació als efectes que en el termini de tres mesos, els propietaris interesats puguin presentar el corresponent projecte».

El acuerdo de aprobación inicial de la unidad de actuación y del Proyecto de reparcelación tiene su origen en el informe elaborado el 12 de junio de 2001 por el Arquitecto municipal, a raíz de la presentación del Estudio de detalle por su promotor en el que, tras referir que las cesiones y cargas derivadas del planeamiento deberán determinarse en el proyecto de reparcelación o en cualquier otra figura de gestión urbanística, se indica: «s’ha de considerar l’ámbit de l’Estudi de detall com a àmbit també de la Unitat d’actuació on serà efectiu el repartiment de càrregues i beneficis derivats del planejament previst».

Siguiendo con lo recogido en el acuerdo de aprobación inicial el acto aquí recurrido acuerda aprobar definitivamente el Estudio de detalle y la unidad de actuación.

Conforme a lo establecido en el artículo 168 del TRLUC ( RCL 1990, 2759 y LCAT 1990, 266) , la delimitación de polígonos y unidades de actuación si no se contuviera en los planes, se acordará, de oficio o a petición de los particulares interesados, por las Entidades Locales o Urbanística especial actuante, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 64 y 65 de esta Ley, excepto lo establecido en el art. 70, y su aprobación comporta el inicio del expediente de reparcelación, según dispone el artículo 147 del mismo texto legal; pero, no puede utilizarse el procedimiento seguido para la aprobación de un Estudio de detalle para la aprobación simultánea de determinaciones que no son propias de esa clase de plan, como es la delimitación de una Unidad de actuación, que conforme a los establecido en el artículo 168 del TRLUC, pueden determinarse siguiendo su propio procedimiento. Se trata de procedimientos independientes con finalidades distintas por lo que el cumplimiento de los trámites procedimentales exigidos para la aprobación del Estudio de detalle no puede servir para la delimitación de una Unidad de actuación, cuya aprobación comporta el inicio del Proyecto de reparcelación.

Pese a que en el acuerdo de aprobación definitiva no se indica, cabe deducir que el Pleno del Ayuntamiento hizo suyo el contenido de los informes emitidos por el Arquitecto redactor del proyecto, en respuesta a las alegaciones formuladas por los recurrentes, sin que de ello quepa deducir defecto determinante de indefensión en los términos del artículo 63 de la LPAC ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) .

TERCERO Los Estudios de Detalle constituyen uno de los instrumentos del planeamiento urbanístico si bien ocupan el último lugar, por lo que en virtud del principio de jerarquía normativa no pueden infringir o contradecir las determinaciones de los Planes de rango superior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.1 del TRLUC ( RCL 1990, 2759 y LCAT 1990, 266) , su función es la de completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en los Planes generales para el suelo urbano y en los Planes especiales, con la finalidad precisada en las letras a) y b) de su apartado segundo, sin poder alterar las determinaciones del planeamiento ni desbordar su contenido y todos los elementos integrantes de la reglamentación del uso de los terrenos han de ser respetados por el Estudio de Detalle. En concreto, en el apartado tercero del citado precepto se indica: «Los Estudios de detalle mantendrán las determinaciones fundamentales del Plan, sin alterar el aprovechamiento que corresponda a los terrenos comprendidos en el Estudio».

Uno de los cometidos del Estudio de Detalle es el de «adaptar» y «reajustar» las alineaciones y rasantes, función que implica la previsión en la ordenación urbanística superior de tales extremos, pero que la realidad obliga a «adaptar» o «reajustar». Por eso, la previsión en el Plan General de las alineaciones y rasantes no impide el nacimiento legal del ulterior Estudio de Detalle, siempre que las circunstancias urbanísticas concurrentes justifiquen la «adaptación» o «reajuste» en que el Estudio de Detalle consiste ( STS 2 de octubre de 2001 [ RJ 2001, 8377] ).

En el caso de autos, del solo examen del expediente administrativo, en concreto de las alegaciones formuladas por los aquí recurrentes y contenido de los diversos informe emitidos en su tramitación, resulta patente la necesidad del Estudio de detalle de la calle de la calle Macedonia de Olot, con la finalidad de alinear el nuevo vial.

Conforme a la naturaleza y finalidad expresadas, los Estudios de Detalle necesariamente, bajo condición de nulidad en caso contrario, tienen que atenerse estrictamente a las determinaciones del Plan que complementan, con prohibición total de establecer cualquier determinación propia del Plan General, o Plan Parcial en su caso, o Normas Complementarias y Subsidiarias, no previstas en éstos, o alteración de lo dispuesto. Con los resultados obtenidos con la prueba pericial queda acreditado que el Estudio de detalle aprobado definitivamente por el acto recurrido no se ajusta a las determinaciones del Plan General de Olot ya que desplaza aproximadamente un metro en sentido sur la calle Macedonia respecto de la calle Escarlets. El hecho de que la solución adoptada urbanística y arquitectónicamente esa la mejor, como indica el perito en su informe, no es obstáculo en la pretensión de la actora de declaración de nulidad de la disposición recurrida, ya que el procedimiento utilizado no es el dispuesto para ese fin pues variar las previsiones del Plan general debió acudirse a su modificación.

Procede, pues, estimar el recurso para declarar la disconformidad a derecho del acto recurrido.

CUARTO No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional ( RCL 1998, 1741) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:

1º Estimar el recurso interpuesto por Don Luis Miguel y Don Héctor, contra el acuerdo adoptado el 22 de noviembre de 2001 por el Pleno del Ayuntamiento de Olot.

2º Declarar la nulidad de pleno derecho de la disposición recurrida y ordenar su publicación.

3º No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la substanciación del presente recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

RJCA 2005345
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Andalucía, Málaga, núm. 228/2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 18 marzo
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 595/1999.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Hinojosa Martínez.

SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Planificación urbanística del territorio: clases de planes: estudios de detalle: determinaciones: alineaciones y rasantes: informes del arquitecto municipal que acredita que la realización de la rasante supone una elevación de vial con relleno, que dejaba enterradas las casas ya existentes: ausencia de una valoración de perjuicios: desconocimiento de otras alternativas presentadas: inexistencia de motivación: anulación procedente.
El TSJ de Andalucía estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria de 26-11-1998, sobre otorgamiento de licencia para la construcción de conjunto residencial.
Texto:

En la ciudad de Málaga, a dieciocho de marzo de dos mil cinco.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso Contencioso-Administrativo número 595/1999, en el que son parte, de una como recurrente, Dª Marina, representada por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Torres Beltrán, y defendida por el Letrado D. Lino A. Pérez López; y por la parte demandada, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Itziar Pérez-Gascón Ortiz de Quintana, y defendido por Letrado; habiendo comparecido asimismo las entidades Arabescato, SL, Saneco, SA, Construcciones Parra y Costa, SA y Yasojan, SL, representadas por el Procurador de los Tribunales D. José Carlos Jiménez Segado, y defendidas por el Letrado D. Jesús Pérez Lanzac Muela, en relación con otorgamiento de licencia municipal de obras.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Eduardo Hinojosa Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por la referida representación se presentó escrito interponiendo recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de otorgamiento de licencia para la construcción de conjunto residencial de 182 viviendas, locales, almacenes y garajes en la Unidad de Ejecución R-2 del Plan General de Ordenación Urbana de dicha localidad.

SEGUNDO Teniendo por interpuesto el recurso, se acordó su tramitación conforme a las normas establecidas para el procedimiento en primera o única instancia en el Capítulo I del Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio ( RCL 1998, 1741) , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habiéndose presentado en tiempo y forma la demanda y su contestación, y una vez acordado el recibimiento del pleito a prueba, en el que se practicó toda la que declarada pertinente pudo cumplimentarse dentro del período probatorio, las partes formularon sus escritos de conclusiones, quedando conclusos los autos para sentencia y pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar en el día señalado al efecto.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Dos son las razones en que la demanda fundamenta la contrariedad a Derecho de la licencia de obras impugnada, otorgada para la construcción de un conjunto residencial de 182 viviendas, locales, almacenes y garajes en la Unidad de Ejecución R-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Rincón de la Victoria, que sería ilegal tanto por ser también ilegal el Estudio de Detalle de la Unidad, como por haber sido emitida sin la previa aprobación del correspondiente proyecto de compensación, objeción esta segunda que, sin embargo, al haber sido acreditada en las actuaciones la efectiva aprobación del citado proyecto, que tuvo lugar por acuerdo del Pleno de la demandada de 11 de noviembre de 1998, debe ser sin más descartada.

SEGUNDO Por lo tanto, la única cuestión a resolver resulta ser la relacionada con la ilegalidad del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución, al que, concretamente, se achaca la vulneración del artículo 91.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) , asumido como Ley andaluza, por la Ley 1/1997, de 18 de junio ( RCL 1997, 1739 y LAN 1997, 246) , según el cual los Estudios de Detalle «…en ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes…», lo que así habría ocurrido en este caso al llevarse a cabo con el cuestionado Estudio la elevación del vial que lo separa de la urbanización de la actora cuya vivienda quedaría muy por debajo de la rasante de aquél, cuestión esta que fue también planteada en el recurso número 256/1998 y que fue resuelta en la Sala en su Sentencia de 8 de febrero de 2002, con la anulación del Estudio de Detalle por entender finalmente que el acuerdo que lo aprobó carecía de la debida motivación y vulneraba aquel precepto.

Según se dijo entonces, «…de los propios Informes del Arquitecto Municipal, que constan en el expediente administrativo, se desprende que la realización de la rasante tal y como se plantea en el Estudio de Detalle supone una elevación del vial con un relleno importante, dejando por debajo del vial las parcelas de URBANIZACIÓN000, entre las que se encuentra la de la recurrente; de los informes del Técnico Municipal resulta también evidenciado que tanto la propuesta realizada por la hoy recurrente, en las alegaciones efectuadas en el trámite de información pública, como la propuesta que contenía el Estudio de Detalle eran técnicamente posibles, y que mientras la primera suponía un desnivel mayor en la última fase del vial, sin embargo, la contenida en dicho Estudio de Detalle mantenía una mayor uniformidad, pero sin embargo suponía un relleno importante, dejando por debajo del vial parte de los vallados existentes en parcelas de URBANIZACIÓN000 (folio 12 del expediente). El Ayuntamiento demandado sin embargo simplemente optó por la propuesta contenida en el Estudio de Detalle tras darse por enterado del informe del Arquitecto Municipal, pero sin embargo, del Acuerdo Plenario de aprobación, en modo alguno quedan reflejados los motivos por los que se decantó por la opción propuesta en el Estudio de Detalle, ni se efectúa una valoración de la previsión legal del artículo 91.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo a que nos hemos referido, y no se valoran las alegaciones propuesta por la hoy recurrente que planteaban que de aprobarse dicho Estudio de Detalle, se produciría un claro enterramiento de una vivienda que había sido construida con anterioridad y al amparo de una licencia otorgada por el Ayuntamiento, sin que dicha falta de motivación puede suplirse por una mera opción entre las dos soluciones posibles; y sin que la exigencia de justificación pueda confundirse con una sustitución de la libertad de discrecionalidad de que goza la Administración, sin que trate de conocer los motivos determinantes de sus decisiones, mantiene en un supuesto como el que nos ocupa en que ambas posibilidades en el diseño del vial y por consiguiente en la altura de las rasantes eran ajustadas al Plan General de Ordenación Urbana, pero sin embargo una de ellas, la finalmente aprobada era claramente perjudicial para quien había construido con anterioridad, y por tanto entraba de pleno en aplicación el artículo 91.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo tantas veces repetido, y por tanto el Ayuntamiento hubo de incorporar el proceso lógico que le lleva a decantarse por la rasante definida en el Estudio de Detalle que claramente beneficiaba a la UTE que la proponía, cuando ya el propia Arquitecto Municipal, no sólo apuntaba, sino que con claridad mantenía el perjuicio que le ocasionaría no sólo a la hoy recurrente al dejar por debajo del vial su vivienda, sino también a los restantes propietarios de la URBANIZACIÓN000…».

«…Dicha falta de motivación -se añadía- le produce una indefensión a la recurrente, toda vez que desconoce los motivos de la decisión municipal, que hubo de aparecer sustentada en un juicio de comparación de circunstancias reales, y no simplemente en un juicio subjetivo sin reflejo alguno en el acuerdo de aprobación. No puede ampararse una aprobación de un Estudio de Detalle que en el pleno donde se acuerda es inexistente una valoración de los perjuicios que se le ocasionan a un municipio; es decir, el acuerdo municipal hubo de ir precedido de una exposición de los motivos en que se fundamentaba la aprobación aún a costa de un perjuicio que claramente resultado de los propios informes técnicos municipales y pese a lo contenido en el artículo 91.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, y sin embargo, tal motivación es inexistente y por tanto impide entrar a conocer si se realiza por la Corporación Local una utilización adecuada y proporcional de la potestad discrecional que en materia urbanística ostenta la Administración Local. Resultando de todo lo expuesto la procedencia de estimar la anulabilidad del Estudio de Detalle impugnado por ausencia de motivación y por vulneración de lo dispuesto en el artículo 91.3 del Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que constituye legislación autonómica, en virtud de lo dispuesto en el artículo único de la Ley 1/1997, de 18 de julio, de la Junta de Andalucía…».

TERCERO A pesar de todo, los demandados tratan de justificar su postura en el amparo que en su día la licencia encontró en el Estudio de Detalle aprobado, alegando asimismo la pendencia de recurso de casación contra dicha sentencia, lo que impediría la efectividad actual de sus determinaciones.

Sin embargo, tales argumentos resultan inoperantes con poco que se aprecie en sus justos términos la pretensión actora, limitada a la declaración de nulidad de la resolución recurrida con fundamento en la impugnación indirecta del meritado Estudio de Detalle, que el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio ( RCL 1998, 1741) , como el artículo 39 de la antigua Ley Jurisdiccional ( RCL 1956, 1890) (aunque con importantes innovaciones), sigue autorizado con fundamento en la ilegalidad de disposiciones de carácter general, como posibilidad además que, como viene entendiéndose tradicionalmente, no debe restringirse a las disposiciones reglamentarias, sino que, atendida la necesidad de dar tutela efectiva a los intereses afectados, puede extenderse también a otras actuaciones de alcance general, como se ha asumió para los padrones tributarios -Sentencia de 12 de febrero de 1998, apelación 7360/1992 ( RJ 1998, 1386) -, para las órdenes generales -Sentencia de 6 de febrero de 1991- para los acuerdos de suspensión de otorgamiento de licencias -Sentencia de 25 de junio de 1991; apelación 2221/1989 ( RJ 1991, 5252) -, y como se ha admitido igualmente para los estudios de detalle, según muestran, por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1996 ( apelación 8810/1991 [ RJ 1996, 9199] ), de 13 de noviembre de 2000 ( casación 5874/1995 [ RJ 2000, 9054] ), o de 23 de marzo (casación 2503/1998) y de 23 de octubre de 2002 (c asación 11803/1998 [ RJ 2002, 10062] ).

CUARTO Es evidente por ello que el otorgamiento de la licencia al amparo o con fundamento en el Estudio de Detalle no dejaba a aquélla a salvo de las ilegalidades que pudieran haber afectado a dicho instrumento urbanístico, lo que supondría consagrar como inamovibles tales ilegalidades por el simple transcurso de los breves plazos del recurso directo.

Además, de otro lado, la interposición de dicho recurso directo ni impedía la formulación del interpuesto contra actos de aplicación, que, como de hecho así ha ocurrido, pudo basarse en otras razones diversas de la ilegalidad del Estudio de Detalle, ni, consiguientemente, supone obstáculo alguno para que la Sala, en esta vía jurisdiccional indirecta, pueda insistir en sus conclusiones, alcanzadas en el recurso directo, sobre la ilegalidad sustantiva del instrumento general en que se basa la resolución recurrida, como así debe hacerse este caso, en el que, de acuerdo con lo argumentado por la actora y con lo decidido en aquella sentencia, se observa cómo el repetido Estudio de Detalle, al margen ya de la insuficiencia de motivación que padece, vulnera lo establecido por el artículo 91.3 TRLS/1992 ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) , por suponer un evidente prejuicio para los predios colindantes, conclusión esta cuya reiteración, por todo lo dicho, tampoco se ve impedida por la pendencia del recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia, que cualquiera que sea el efecto procesal que acarreara (artículo 98 de la Ley de 1956 [ RCL 1956, 1890] , en su redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril [ RCL 1992, 1027] , de acuerdo con la interpretación que le ofreció el Tribunal Supremo en sus Autos de 11 de enero, 9 de marzo, 10 de julio y de 22 de octubre de 1993), no puede vedar la emisión de aquel juicio indirecto sobre la ilegalidad del repetido instrumento urbanístico.

QUINTO Por todo, el recurso debe ser íntegramente estimado, con declaración de nulidad de la resolución impugnada aunque, de acuerdo con lo pretendido por la actora y por haberse declarado ya la nulidad del repetido Estudio de Detalle, sin declaración alguna al respecto (permitida hoy por el artículo 27 de la Ley 29/1998 [ RCL 1998, 1741] ), y sin que, finalmente, se aprecie la concurrencia de méritos suficientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para considerar procedente un pronunciamiento especial sobre las costas de esta instancia.

Por las razones expuestas, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad de juzgar que nos ha conferido el Pueblo español en la Constitución
FALLAMOS

1º Estimar el recurso Contencioso-Administrativo promovido por Dª Marina, contra la resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de otorgamiento de licencia para la construcción de conjunto residencial de 182 viviendas, locales, almacenes y garajes en la Unidad de Ejecución R-2 del Plan General de Ordenación Urbana de dicha localidad, declarando su nulidad por no ser conforme a Derecho, dejándola sin efecto.

2º No hacer expresa declaración sobre el pago de las costas causadas en el presente recurso.

Notifíquese la presente sentencia a las partes.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. D. Joaquín García Bernaldo de Quirós, D. Fernando de la Torre Deza, D. Manuel López Agulló, Dª Rosario Cardenal Gómez y D. Eduardo Hinojosa Martínez.

PUBLICACIÓN.-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.

RJCA 2002109
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Galicia núm. 1763/2001 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 13 diciembre
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 7003/1997.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José María Arrojo Martínez.

SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Planificación urbanística del territorio: clases de planes: estudios de detalle: determinaciones: límites: determinaciones contrarias al plan superior: unidad básica definida en PGOU, limitando la posibilidad de modificaciones: incumplimiento; alineaciones y rasantes: indebida reducción de unidad básica definida en PGOU, surgiendo nuevas alineaciones en divergencia con aquél: improcedencia: nulidad.A CORUÑA: Capital: suelo y ordenación urbana.
El Ayuntamiento de A Coruña dictó Resolución de fecha 28-11-1997, por el que se aprueba el estudio de detalle de varias parcelas.El TSJ estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto anulando la Resolución impugnada por no ser conforme a derecho.
Texto:

En la ciudad de A Coruña, a trece de diciembre de dos mil uno.

En el proceso contencioso-administrativo que con el número 02/0007003/1997 pende de resolución de esta Sala, interpuesto por don Antonio R. S., representado y dirigido por don Carlos R. H., contra el acuerdo del Ayuntamiento de A Coruña de 28 -11 -97, por el que se aprueba el Estudio de Detalles de varias parcelas situadas en la confluencia de las Avdas. de Alfonso Molina y Puente del Pasaje. Es parte como demandada Ayuntamiento de A Coruña representada y dirigida por don Juan H. L., y actúa como coadyuvante Vivienda Confort Coruña, SA, Isla del Pasaje, SA representados por don Carlos G. G., y dirigidos por don Carlos A. V. La cuantía del recurso es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente se dedujera demanda, lo que realizó a medio de escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho pertinentes, suplica que se dicte sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto.

SEGUNDO Conferido traslado de la demanda a la representación de la Administración demandada para contestación, se presentó escrito de oposición con los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y suplicó que se dictase sentencia desestimando el recurso.

TERCERO Conferido traslado de la demanda a la representación procesal de Vivienda Confort Coruña, SA, e Isla del Pasaje, SA, para contestación, por el procurador don Carlos G. G. se presentó escrito de oposición con los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y suplicó que se dictase sentencia desestimando el recurso.

CUARTO Finalizado el trámite de conclusiones conferido a las partes, se declaró concluso el debate escrito y se señaló para votación y Fallo el día 5 de diciembre de 2001.

QUINTO En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto: Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. José María Arrojo Martínez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El presente recurso se dirige contra el acuerdo del Ayuntamiento de A Coruña de 28-11-1997, por el que se aprueba el Estudio de Detalle de varias parcelas situadas en la confluencia de las Avdas. de Alfonso Molina y Puente del Pasaje.

SEGUNDO El Estudio de Detalle cuya aprobación aquí se impugna, reconoce, asume y parte de lo expresado bajo el título «Marco Urbanístico» en el sentido siguiente: «El Plan General de Ordenación Urbana de La Coruña aprobado definitivamente el 25 de enero de 1985 clasifica estos terrenos como “Suelo Urbano de Desarrollo Lineal en Borde de Carretera”, con uso global residencial, admitiéndose los usos comerciales compatibles con viviendas en plantas bajas. La Normativa aplicable a la parcela es la correspondiente a Manzanas Interiores de Núcleo, de la Normativa de Núcleos Rurales y que, en resumen dice: “Se podrá edificar toda parcela de superficie mayor de 100 m2, con un ancho en el frente de alineaciones superior a 6 m”, “La ocupación en planta no podrá superar el 70% de la superficie de la parcela. La altura máxima será de tres plantas (bajo y dos), estableciéndose para la planta baja la altura máxima de 3,5 m” “El bajo podrá ser utilizado con fin distinto a los de vivienda, siempre que la actividad que se instale sea compatible con el residencial”. En caso de duda en algún aspecto concreto de estas normas serán válidas las generales del Plan General». El propio Estudio de Detalle reconoce que su objeto es el que a continuación se expresa: «A) Ajustar y adaptar las rasantes de la nueva actuación a las definidas en el proyecto del Ministerio de Fomento. B) Completar la red de comunicaciones con una nueva vía interior necesaria para proporcionar acceso a la nueva edificación, cuya ordenación concreta se establece en este Estudio de Detalle. Las rasantes de esta vía se establecen de forma que se garantice la conexión entre la Avenida de Alfonso Molina y la Avenida del Pasaje. C) Reordenar los volúmenes resultantes de la aplicación de las Ordenanzas de PGOU ajustándose a lo dispuesto, con este fin, por el propio PGOU (art. 55). En el marco de la estrategia general que establece el PGOU, que se orienta a potenciar aquellas actuaciones que tiendan al acabado, mejora y conservación del núcleo urbano actual, se plantea una propuesta de ordenación detallada para el ámbito de actuación que se ha descrito, mediante la cual se pretende que la edificación resultante se realice de acuerdo con las normas que establece el Anexo 2.3 de la Normativa del PGOU, que se refiere a las “Ordenaciones Uniformes. Bloques Aislados”. La razón última de esta propuesta está motivada por el hecho de que si bien estos terrenos quedaron incluidos dentro del ámbito de “Suelo Urbano en Desarrollo Lineal en Borde de Carretera”, definido por el PGOU en esta zona, la realidad es que como consecuencia de las actuaciones que ya se están ejecutando en la confluencia de la Avenida de Alfonso Molina y la Avenida del Pasaje por el Ministerio de Fomento, y en virtud de la accidentada topografía de las mismas confieren a la zona unas características simbólicas de puerta de la ciudad y mirador hacia la ría del Pasaje que no parecen objetivamente satisfechas con la tipología determinada por el PGOU En este contexto, mantener la edificación característica del Borde de Carretera, que permite una ocupación del 70% de la parcela, con una altura de bajo, dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta, constituye una incoherencia, que sin duda motivaría su repulsa cuando finalizase la ejecución de las obras (ver planos 4.1, 4.2 y 4.3 donde se refleja una posible ordenación según las determinaciones actuales del PGOU), razón por lo que se propone el cambio de tipología a Bloque Aislado». Como «Fundamento legal» el Estudio de Detalle expresa lo siguiente: «Las finalidades y objetivos que se pretenden con este estudio de detalle tienen su amparo legal en lo dispuesto en el art. 30 de la Ley 1/1997 de 24 de marzo del Suelo para Galicia (RCL 1997, 1059 y LG 1997, 120) en la que se especifica: “Los Estudios de Detalle se podrán formular cuando fuese preciso completar o, si es el caso, adaptar determinaciones establecidas en los planes generales (…)”. El mismo artículo cita como finalidades de los estudios de detalle: a) El señalamiento de alineaciones y rasantes b) La ordenación de volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento. A su vez estas finalidades se recogen en lo dispuesto en el art. 65 del Reglamento de Planeamiento (RCL 1978, 1965; ApNDL 13921), apartados a) y c). En cuanto a lo que a la tipología se refiere, el artículo 55 de la Normativa del PGOU determina que la ordenación en detalle de las Unidades Básicas se atenderá a lo especificado en el anexo para las ordenaciones Uniformes y que los Estudios de Detalle podrán adoptar una cualquiera de éstas. En este caso, se ha optado por la de Bloque Aislado, por estimar que es la que mejor se ajusta a las expectativas que alientan este Estudio de detalle, cumpliendo todas las determinaciones relativas a retranqueos, separación de bloques, ocupación máxima, dimensiones de los bloques, altura, etc., que se establecen en el citado Anexo 2.3».

TERCERO Es un hecho expresamente reconocido por las partes, aunque valorado de manera diferente por las mismas, que el Estudio de Detalle contempla la situación creada con la mencionada actuación del Ministerio de Fomento, si bien el primer aspecto a considerar es el denunciado sobre alteración de la Unidad Básica que el PGOU/1985 define, la cual, según la previsión contenida en el artículo 35.2 PGOU/1985, constituye el ámbito mínimo para la redacción de Estudios de Detalle. En el presente caso ha sido incluida en la correspondiente documentación planimétrica del PGOU una Unidad Básica que el Estudio de Detalle viene a reducir, en decisión que se opone a la mencionada previsión del artículo 35.2 del PGOU, siendo de significar que el debate no se centra en realidad, como pretende la Administración demandada, en la posible existencia de diversos tipos de unidades básicas, sino en el hecho de que el PGOU ya definió una Unidad Básica que por tanto ha de ser respetada por el Estudio de Detalle en cuanto que aquélla constituye el ámbito mínimo para su redacción, y en cuanto que en el propio artículo 35.2 PGOU se indica que el Plan General define y delimita las unidades básicas en todo el Suelo Urbano, y limita la posibilidad de modificaciones al respecto, a los Planes Especiales, convirtiéndose así la falta de sometimiento a lo previsto en el PGOU en motivo de estimación del presente recurso.

CUARTO En lo que se refiere al problema sobre alineaciones, en principio se presentaría como excesivamente rigorista entender que una modificación limitada a la adaptación de la alineación en la Avda. Alfonso Molina a la resultancia de la actuación del Ministerio de Fomento, constituya una inaceptable pretención del artículo 30 de la Ley de 24 de marzo de 1997, del Suelo de Galicia, pero ocurre que como consecuencia de lo antes indicado sobre indebida reducción de la Unidad Básica surgen nuevas alineaciones en divergencia ya inaceptable respecto a las previsiones del PGOU. Tal conclusión de inaceptabilidad se alcanza también en materia de rasantes ya que basta el examen de los planos obrantes en autos y en el expediente para constatar que no se limita a lo que merece ser considerado como adaptación o reajuste, o asimilados a una simple rectificación, sino que determina una alteración extrema en un elemento tan fundamental como el relativo a la solución de accesibilidad, en cuanto que con el Estudio de Detalle se busca y consigue que precisamente la vía de acceso sea desde y hacia Alfonso Molina, lo que en principio no se acomoda a la situación contemplada en el PGOU, alteración de la rasante que en definitiva supone una modificación decisiva a efectos funcionales de utilización del edificio con alcance que excede del que corresponde a un Estudio de Detalle según el contenido del artículo 109 de la Normativa del propio PGOU 1985.

QUINTO El Estudio de Detalle acude a lo previsto en el artículo 55 de la Normativa del PGOU a efectos de justificar la modificación de la tipología determinada por el PGOU, disponiendo los números 1 y 2 dicho precepto lo siguiente: 1. La ordenación en detalle de las unidades básicas definidas con la presente Normativa, se atendrá a lo especificado en el anexo para las Ordenaciones Uniformes -de manzana compacta, manzana con patio y bloques aislados-, así como a lo correspondiente, en su caso, a la industria urbana. 2. Los Planes Parciales y los Estudios de Detalle podrán adoptar una cualquiera de las ordenaciones uniformes o plantear ordenaciones especificas que difieran de ellas. En este último caso, para la aprobación por el Ayuntamiento, deberá justificarse la necesidad o conveniencia de prescindir de las ordenaciones uniformes. Sin embargo, es de significar la inaceptabilidad de la interpretación de dicho artículo 55.2 en el sentido de que el mismo contemple y reconozca la posibilidad de que por medio de Estudio de Detalle se puedan alterar con absoluta libertad las específicas previsiones contenidas en el PGOU, interpretación que llevaría a la pretención del artículo 30.2 b) de la mencionada Ley de 24 de marzo de 1997; así, dicho artículo 55.2 ha de ser entendido en el sentido de que las posibilidades reconocidas en el mismo al Estudio de Detalle se harán valer en ausencia de específicas previsiones del propio PGOU, pero no en contra de las especificaciones del planeamiento a las que precisamente se tiene que someter según el citado artículo 30.2 b), no siendo aceptable que mediante una norma reglamentaria se introduzca una determinación general contradictoria con la de la propia Ley a la que se tiene que someter. En definitiva, y con independencia del mayor o menor acierto de la opción por una u otra tipología en un ámbito discrecional, el aspecto esencial que corresponde al examen del presente litigio se centra en las comentadas desviaciones del Estudio de Detalle respecto a las previsiones del PGOU, falta de correspondencia que de conformidad con lo hasta aquí expuesto conduce a la estimación de la pretensión de anulación del acuerdo impugnado.

SEXTO No apreciándose motivos para hacer una especial condena en costas (artículo 131 de la Ley Jurisdiccional de 1956 [RCL 1956, 1890; NDL 18435]).

Vistos: Los artículos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio R. S., contra el acuerdo del Ayuntamiento de A Coruña de 28-11-1997, por el que se aprueba el Estudio de Detalles de varias parcelas situadas en la confluencia de las Avdas. de Alfonso Molina y Puente del Pasaje, y en consecuencia, debemos anular y anulamos el acto impugnado el cual es contrario a Derecho; sin hacer imposición de las costas.

Esta sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (artículo 86 de la LJCA/1998 [RCL 1998, 1741] que deberá prepararse ante esta que la ha dictado en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.