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Tipo de resolución Sentencia
Número de resolución 82/2000
Fecha de resolución 11/12/2000
Número de recurso 46/2000
Roj 4331/2000
Jurisdicción
Órgano jurisdiccional Tribunal Superior de Justicia
Sala jurisdiccional Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección
Partido judicial
Municipio El Paso, Santa Cruz de Tenerife, Spain
CCAA Islas Canarias
Clase de suelo
Acto administrativo y/o disposición normativa Sanción urbanística
Fallo Estimación del recurso contencioso
Resumen material El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife dictó Sentencia, el 13-1-2000, estimatoria parcialmente del recurso contencioso-administrativo interpuesto y declarando la prescripción de la infracción administrativa y la no sujeción a límite personal la potestad de la Administración urbanística para la restauración de la realizada física en suelo rústico.El TSJ desestima el recurso de apelación interpuesto.

En Santa Cruz de Tenerife, a once de diciembre de dos mil.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta Capital, integrada por los Sres. Magistrados antes expresados, el presente recurso de apelación núm. 46/2000, interpuesto por don Reinhard H. K., representado y dirigido, por el Letrado don Mario M. C., como parte apelante-recurrente, siendo parte apelada-recurrida el Ayuntamiento de El Paso, representado por la Procuradora doña Montserrat P. G., frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de esta Capital, en los autos 128/1999, versando sobre obras ilegales en suelo rústico calificado después como Parque Natural, de cuantía indeterminada, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Angel Acevedo y Campos, se ha dictado, en nombre de SM el Rey, la presente sentencia con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Que según consta en autos, se interpuso recurso contencioso-administrativo por don Reinhard H. K. ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de esta capital, siendo parte recurrida el Ayuntamiento de El Paso y dictada sentencia el día 13 de enero de 2000, por el Juzgado de referencia, con el siguiente fallo: «Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anulo parcialmente el acto impugnado por ser contrario a Derecho, declarando los siguientes pronunciamientos:

a) Que ha prescrito la infracción administrativa cometida al momento de la terminación de la obra.

b) Que no está sujeta a límite personal la potestad de la Administración urbanística para la restauración de la realidad física alterada por la vivienda del actor construida sin licencia en suelo rústico desde el momento de la entrada en vigor de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre (RCL 1995, 345 y LCAN 1994, 321), de Espacios Naturales de Canarias.

c) Sin expresa imposición de costas».

SEGUNDO Por la representación de la parte recurrente, antes mencionada, se interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia.

TERCERO Seguido el recurso por todos sus trámites, se elevaron las actuaciones a esta Sala, formándose el correspondiente rollo, con señalamiento de la votación y fallo para el día 20 de noviembre de 2000.

Vistos los preceptos legales citados por las partes y los que son de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Aunque la Administración, al oponerse al recurso de apelación, haya cuestionado la admisibilidad del mismo por razón de la cuantía con base en lo prevenido en el art. 81.1 a) de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956, 1890 y NDL 18435), en relación con el art. 40 de igual Ley, no procede declarar la inadmisibilidad de tal recurso, habida cuenta que si la referida Administración no denunció en el escrito de contestación a la demanda la falta de fijación por el actor de la cuantía del recurso, ni la inactividad del órgano jurisdiccional a efectos del requerimiento al demandante para que determinara aquélla (art. 40.2 y 3 de la Ley Jurisdiccional), es evidente que se dio por conforme con la indeterminación de la cuantía del litigio y no puede en esta alzada pretender una limitación cuantitativa del recurso a los efectos de evitar la apelación.

SEGUNDO Constituido el acto objeto de recurso por el Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de El Paso, de 18 de noviembre de 1998, que denegó la declaración de prescripción de las infracciones urbanísticas solicitada por el actor, referidas a una construcción destinada a vivienda unifamiliar, sita en Cuesta La Juliana, Casañas (Tacande), por encontrarse en el Espacio protegido «Parque natural Cumbre Vieja», se impone como preámbulo indicar, acorde con una reiterada doctrina jurisprudencial, que siendo el sometimiento a la previa licencia de obras requerido por el art. 242.1 de la Ley sobre Régimen del Suelo de 26 de junio de 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) uno de los medios de intervención administrativa, deriva de ello que en los casos en que los actos de edificación o uso del suelo que se relacionan en los arts. 178 de la Ley del Suelo de 1976 (RCL 1976, 1192 y ApNDL 13889) y 4 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo (RCL 1990, 1234 y LCAN 1990, 75), de Disciplina Urbanística y Territorial, se efectúen sin el previo control que constituye la licencia o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, el ordenamiento jurídico debe reaccionar de dos formas: una, inmediata, de suspensión de las obras y restablecimiento del orden jurídico perturbado mediante la legalización de aquéllas con la correspondiente licencia si procede o, en su caso, ajustándolas a tal licencia (arts. 184 de la Ley del Suelo de 1976 y 21.1 y 24.1 de la Ley Territorial 7/1990, de 14 de mayo), o mediante la demolición, cuando no proceda la licencia con arreglo a las normas urbanísticas aplicables, no se solicite en plazo o bien las obras no se acomoden a las condiciones previstas en aquélla (arts. 185.2 de la Ley del Suelo de 1976 y 24.2 de la Ley Territorial 7/1990); y otra, que no aparece con este carácter de inmediatividad, de sancionar el ilícito administrativo imponiendo las correspondientes sanciones a los responsables (arts. 225 de la Ley del Suelo de 1976 y 51.1.2, 52 y 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística [RCL 1978, 1986 y ApNDL 13922]).

TERCERO En función de las medidas de intervención administrativa que han quedado indicadas, cabe afirmar que así como el hecho de que la edificación ejecutada por el actor en suelo rústico sin las preceptivas licencias, no facultaba a la Administración, al haber estado aquélla totalmente acabada desde finales del año 1993, para incoar expediente de infracción urbanística por vulneración de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre (RCL 1995, 345 y LCAN 1994, 321), de Espacios Naturales de Canarias, ya que al no haber entrado en vigor esta normativa hasta el 25 de diciembre de 1994, mal podía hablarse de infracción de dicha Ley Territorial en un momento (finales de 1993) en que ésta todavía no había cobrado existencia, traduciéndose ello en que tanto durante la fase de realización del edificio como al tiempo de su terminación fuera imposible imputar al recurrente una ilícita ejecución de obra por el motivo de estar asentada sobre un terreno que entonces no estaba calificado como espacio natural protegido, lo cierto es, sin embargo, que la falta de quebranto de la citada Ley 12/1994, de 19 de diciembre, y la consiguiente imposibilidad de instruir expediente por inobservancia de tal normativa, no constituyeron obstáculo para que permaneciera intacta la facultad de la Administración de reaccionar ante cualquier irregularidad urbanística que pudiera producirse, restableciendo en todo instante o dentro de término legal, según los casos, el orden jurídico perturbado mediante la adopción de las medidas de protección de la legalidad, o sea, instando la legalización de la obra si procediere, o la demolición, cuando no procediera la licencia con arreglo a las normas urbanísticas aplicables, por lo que sobrevenida un año después del total acabado de la obra la circunstancia de haber quedado comprendida, esta última, por imperio de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, dentro de un espacio natural protegido (Parque Natural de Cumbre Vieja), tenía la Administración, en uso de sus atribuciones para restablecer la legalidad urbanística, el deber de imponer la restitución de la realidad biofísica alterada, al así permitirlo los arts. 28 y 26.4 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, y no haber al efecto limitación de plazo como consecuencia de ubicarse la edificación en espacio natural protegido, pues dada la incompatibilidad de la obra con las características de un paraje de tal naturaleza, no podía sustraerse aquélla a una intervención administrativa encaminada a preservar la legalidad urbanística en el citado espacio natural y que podía hacerse efectiva en todo momento con relación al supuesto aquí contemplado, vedándose así la prescripción de dicha acción protectora de la Administración, sin perjuicio de que no hubiera en origen infracción de la Ley 12/1994, de 14 de diciembre.

CUARTO Aunque la Administración, al adherirse a la apelación, postula que sea denegada la prescripción de la infracción urbanística consistente en haber edificado el demandante una vivienda unifamiliar en suelo rústico sin las correspondientes autorizaciones, pretensión con la que no se mostró conforme la sentencia de instancia, hay que compartir, no obstante, el criterio sostenido en orden a este extremo por la resolución apelada, habida cuenta que transcurridos más de cuatro años desde la total terminación de la obra sin que la Administración pusiera en práctica los medios establecidos en el art. 26 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, quedó prescrita la infracción urbanística de construcción en suelo rústico sin las pertinentes licencias, todo ello al margen de la virtualidad de las medidas protectoras ejercitadas por la Administración para la preservación del espacio natural protegido en que se localiza el edificio del recurrente.

QUINTO De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), han de imponerse al actor-recurrente las costas de esta apelación.

FALLAMOS
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Reinhard H. K., así como la adhesión formulada por el Ayuntamiento de El Paso, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife, de 13 de enero de 2000, la cual confirmamos, con expresa imposición al actor de las costas de la apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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