No hi ha extracte perquè és una entrada protegida.

La Sentencia confirma la absolución de la acusación de delito contra la ordenación del territorio y rechaza el recurso presentado por el Ministerio Fiscal. Asimismo, estima el recurso del "absuelto" pero condenado por desobediencia, y acaba absolviéndolo de este por prescripción del delito.

Se recurre Resolución que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte recurrente contra la Resolución del Ayuntamiento de Madrid desestimatoria presunta de la solicitud de revisión de oficio del expediente de restauración de la legalidad urbanística y orden de demolición de 8 de abril de 2008 dictada en el mismo. La tesis sostenida por la parte apelante es que las únicas obras que realizó Estancias Históricas, S.L., entidad mercantil con quien se entendió el procedimiento cuya nulidad se insta, fueron las llevadas a cabo sobre elementos comunes del edificio a consecuencia de una ITE que obtuvo resolución favorable el 24 de julio de 2007, y que habiendo sido vendidas las viviendas a terceros adquirentes, como ellos, no se entendió ninguna actuación con los mismos, como debió hacer el Ayuntamiento.

La resolución impugnada considera que los hechos sancionados son subsumibles en el artículo 204.3 Ley del Suelo de Madrid, como infracción grave; el juzgado de instancia lo confirma, y el TSJM considera que no puede considerarse como infracción grave, porque no se trata de actos y actividades de transformación del suelo . La sentencia rebaja de 300.000 €, a 15.000 € la sanción.

La licencia se obtuvo por silencio administrativo, la consecuencia de la concesión de la licencia es que deja sin efecto la demolición de las obras, y se da lugar a la desestimación del recurso de apelación.

Nulidad de pleno derecho del PGOU impugnado por haberse incumplido un requisito esencial en su aprobación, como es la incorporación de un estudio económico financiero.

Por prescindir totalmente del procedimiento legalmente establecido no se entiende que se haya prescindido de cualquier procedimiento -lo que reduciría la nulidad radical a los actos adoptados «de plano»-, sino del procedimiento legalmente establecido para ese género de actuación administrativa. Como quiera que la construcción de los llamados procedimientos especiales se hace en nuestro ordenamiento jurídico sobre la base de un procedimiento común -o unas reglas comunes de procedimiento- añadiendo al mismo algún trámite específico, la omisión de ese trámite específico va a parificarse con la omisión total del procedimiento, siempre que pueda considerarse esencial -esto es, con un valor singularizado en orden a la instrucción del expediente o a la defensa de los interesados- y no un mero ritualismo configurado en ese procedimiento especial por la razón concreta de que se trate (cláusula de estilo en la materia específica o residuo histórico de un uso administrativo en ese sector); en otros términos, va a entenderse que se ha prescindido totalmente del procedimiento establecido para ese acto concreto, siempre que se pueda afirmar que la ausencia de algún o algunos trámites determina la identificación del procedimiento específico establecido para ese acto concreto.