Absolución en delito urbanístico por nulidad de pruebas

La-importante-labor-del-El-SEPRONA-en-los-espacios-naturalesDe nuevo otra sentencia absolutoria. Nos ha sido notificada sentencia absolutoria en un proceso judicial penal en la que se acusaba de delito urbanístico por la construcción sin licencia de una vivienda en suelo no urbanizable (suelo rústico).

La Fiscalía solicitaba la pena de 2 años de prisión y multa de 18 meses con cuota diaria de 20 euros, con las accesorias de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo para la pena de prisión y aplicación del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago, para la pena de multa. Inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la promoción o la construcción por tiempo de 3 años y las costas procesales. Asimismo, en cuanto a responsabilidad civil, condena a la demolición de la construcción a su costa, con plena reposición del terreno a su estado primitivo y restablecimiento de la legalidad urbanística infringida.

Con independencia de que el fondo del asunto urbanístico fuera o no constitutivo de alguno de los delitos previstos en el artículo 319 y siguientes del Código Penal, de los cuales ya hemos hablado sobradamente, este caso acaba con la libre absolución del imputado por razones puramente formales: nulidad de las pruebas que son origen de las investigaciones.

En este caso, el error lo cometen los agentes forestales al realizar una inspección accediendo a la parcela del imputado sin autorización de éste, con la expresa negativa de autorización de éste y sin la preceptiva orden judicial.

Los agentes ni siquiera entran en la vivienda, pero sí entran en la parcela vallada del imputado, perpetrando así una violación de derechos fundamentales.

Así lo expresa la sentencia:

“Examinadas las actuaciones parece evidente que la diligencia de entrada y toma de medidas de la edificación llevada a cabo en la parcela, propiedad del acusado, se efectuó de manera absolutamente irregular desde la perspectiva del derecho fundamental de inviolabilidad domiciliaria del art. 18 CE

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Éste fue el momento exacto de la violación del derecho fundamental de inviolabilidad domiciliaria:

“Como reconocen los propios agentes (…), personados sobre las 13: 40 horas del día 13 de enero de 2011 , solicitaron a uno de los albañiles que operaban en la edificación para que abriese uno de los accesos al interior del cerramiento – se hallaba , por tanto, cercada la parcela – , para tomar medidas de las obras , negándose éste a abrir sin la autorización del dueño. Entonces se procedió a llamar por tfno. a  (…), que residía en Madrid , quien se negó a autorizar a los albañiles para que permitieran el acceso , interesando expresamente estar presente en la toma de medidas de la obra . Ante esta situación los agentes, se pusieron en contacto con la GC DE NERJA , solicitando colaboración para acceder dentro del cerramiento; y , una vez personados los agentes de la GC , a las 14,20 horas, entraron “comprobando que el candado del cerramiento no estaba echado y que ya no estaban los albañiles “ , practicando todas las actuaciones en relación a la elaboración del reportaje fotográfico y croquis de las medidas de la obra “

Y así expresa el Juzgador cómo se ha de proceder en estos casos:

“Lo procedente , ante la falta de autorización expresa del propietario , hubiera sido solicitar autorización judicial al J. De lo Contencioso Administrativo , o si se incoan las DP , ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Torrox; produciéndose , de manera efectiva , con tan irregular diligencia practicada una evidente vulneración del derecho fundamental invocado por la defensa , en la medida en que se trataba de una propiedad particular cercada , sin que sea necesario que los agentes entraran físicamente al interior de la caseta , y el acusado , expresamente , había denegado la necesaria autorización para practicar la diligencia .

Por su parte, había cierta duda sobre si era o no procedente la entrada en la parcela ya que, según la Fiscalía y los agentes forestales, la construcción se encontraba en dominio público, sin embargo esta cuestión también la zanja el Juzgado así:

“El alegato de los agentes de que por la parcela pasa la cañada Real Motril – Málaga , que es vía pecuaria de dominio público , en nada obsta la realidad jurídico procesal – descrita , pues ello , en el mejor de los casos , de ser correcta esta consideración …) , no habilitaba a la fuerza actuante para aproximarse al pie de la caseta (que sin duda alguna si era dominio particular del acusado ) y realizar fotografías , practicar una inspección ocular , tomar las medidas de la obra y realizar el detallado croquis que se adjunta al informe ; en definitiva , a efectuar todas las diligencias de investigación de carácter incriminatorio en una propiedad privada que además estaba vallada , sin autorización judicial”

Por otro lado, también el juzgado resuelve acerca de una cuestión que está bastante aclarada: cuando se obtiene de una prueba de manera ilícita, el resto, las que derivan de la misma, también lo son:

“ En determinadas circunstancias, la ineficacia probatoria se puede hacer extensible también a las pruebas logradas a partir de las pruebas ilícitas (lo que la doctrina norteamericana a la que hace referencia la STC 114/1984 conoce como the fruit of the poisonous tree doctrine (…) La prohibición de valoración apuntada atañe tanto a la prueba directamente obtenida como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental cuanto a la derivada de ella. Al respecto debe destacarse que el sistema de excepciones en que se considera lícita la valoración de pruebas causalmente conectadas con la vulneración de derechos fundamentales, pero jurídicamente independientes, se refiere, en principio, a la prueba derivada o refleja, y su razón de ser, como expresamente establecimos en STC 81/1998, de 2 de abril ( RTC 1998, 81) , F. 4, es que «tales pruebas reflejas son, desde un punto de vista intrínseco, constitucionalmente legítimas. Por ello, para concluir que la prohibición de valoración se extiende también a ellas, habrá de precisarse que se hallan vinculadas a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo de modo directo, esto es, habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita afirmar que la ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende también a las segundas (conexión de antijuridicidad)». “

En conclusión, mucha atención a cómo se realizan las inspecciones por parte de los agentes de la autoridad (Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil etc), porque pueden acabar no sirviendo absolutamente para nada.

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