El TSJA condena al Ayuntamiento de Vícar a indemnizar 181.528,27 € derrumbe de vivienda

Todo parte de la Sentencia de la que ya hablamos en un anterior post (Un Juzgado de Almería condena a un Ayuntamiento al pago de 400.000 € por el derrumbe de una vivienda), que nos fue notificada entorno a abril.

De nuevo otra sentencia condenatoria al pago de una elevada indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de los daños ocasionados en una vivienda que nunca debió de haber obtenido Licencia de Primera Ocupación o, directamente, nunca debió de ser ése terreno, apto para su urbanización y posterior construcción.

Los demandantes perdieron su vivienda, siendo esta calificada de ruina absoluta y con orden de desalojo; éstos, una vez entablan las acciones pertinentes en vía administrativa, reciben como respuesta el silencio negativo del Ayuntamiento que, posteriormente, ratifica. De tal modo que los demandantes entablan acción de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Vícar pues, la Administración, en ejercicio de la actividad urbanística de planeamiento y de ejecución del planeamiento, posee la obligación de actuar correctamente y con la diligencia debida en el ejercicio de dichas actividades; en caso que no actúe de esta forma, y que su negligente funcionamiento sea causa de un daño efectivo a una persona física o jurídica o concreta, estos últimos pueden ejercer la acción de exigencia de dicha responsabilidad ante la Administración.

Correspondía al Ayuntamiento de Vícar vigilar la adecuada ejecución del Proyecto de Urbanización y la recepción de las obras -ex art. 154 de la LOUA-, por lo que no puede trasladarse la responsabilidad en que pudieran incurrir las obras de urbanización a la Junta de Compensación, o, en este caso, al propietario único que ejecutó la urbanización mediante Convenio.

Si el Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le corresponden, entendía que las obras de urbanización no eran adecuadas, debió proceder conforme al art 183 del RGU. Y en el caso que nos ocupa, al contrario, no sólo nada opuso a tales obras, sino que concedió licencias de primera ocupación. En este sentido, la responsabilidad objetiva de la administración pública resulta incuestionable.

La única cuestión que acaba siendo modificada en apelación es la cuantía, ya que entiende el TSJA que si bien la responsabilidad debía cuantificarse en 400.000, habría que detraer de esos gastos, lo ya abonado por la aseguradora ya que, en caso contrario, estaríamos hablando de un enriquecimiento injusto.

Y de esta manera acaba resolviendo el TSJA:

(…)se condena al Ayuntamiento de Vícar al abono de la cantidad de 398.113,61 euros. En su lugar, con revocación parcial de la sentencia apelada, declaramos el derecho de  Dña. XXX y D. XXX a ser indemnizados en la cantidad de 181.528,47 euros.

Podéis leer más sobre la responsabilidad del promotor de la urbanización, pinchando aquí.

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