Expropiación por Ministerio de la Ley. Normativa básica estatal.

Actualmente, y habida cuenta de la crisis económica por la que está pasando nuestro país, son muchos los propietarios de terrenos que, a causa de planeamientos urbanísticos aprobados hace años, se ven en una situación de “limbo legal” pues, sus terrenos han quedado sin aprovechamiento alguno. Por ejemplo porque sus terrenos han sido incluidos dentro de una zona destinada a sistemas generales, para la creación de un parque, o cualquier otro tipo de dotación.

En principio, la Administración estará obligada a adquirir dichos terrenos mediante las formas que se establecen para ello. Normalmente, para estos casos se procede a la adquisición de estos terrenos mediante la expropiación forzosa puesto que cuando el contenido económico del derecho de propiedad afectado por el planeamiento urbanístico no puede satisfacerse por otra vía, como es la de la equidistribución de beneficios y cargas, debe procederse a la expropiación. El problema actual que existe es que no hay suficientes fondos públicos como para afrontar el pago de estos justiprecios, por lo que, ni se inician los procedimientos expropiatorios ni se satisface de ningún modo a estos propietarios afectos.

Para eso existe la llamada expropiación por ministerio de la Ley:

Las expropiaciones por ministerio de la Ley constituye una excepción a la regla general según la cual no cabe, en principio, obligar a la Administración a expropiar. Esta es una posibilidad que tiene el propietario de unos terrenos que, como consecuencia del planeamiento urbanístico, quedan sin aprovechamiento alguno. Mediante la expropiación por ministerio de la Ley, se faculta a estos propietarios  para instar a la Administración que les expropie, impidiendo así que sus derecho de propiedad quede vacío de contenido económico. Supone una protección ante la pasividad de la Administración a la hora de ejecutar las previsiones del planeamiento.

Esta opción es la más provechosa y conveniente para el titular afectado, propietario de un bien que por su calificación y destino urbanístico está excluido del aprovechamiento urbanístico. De este modo, al menos, puede alcanzar su valor urbanístico, que deberá ser equivalente al de los terrenos con aprovechamiento urbanístico privativo de su entorno (aunque en la práctica esto no va a ser tan sencillo).

Requisito estatal para requerir a la Administración para ejercitar la potestad expropiatoria:

Que hayan transcurrido cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urbanística sin que se haya hecho efectiva la expropiación de los terrenos, que, con arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación.

Por tanto, en el momento en el que pasan los cinco años, los titulares podrán advertir a la administración para que se inicie el expediente de justiprecio y, pasado dos años desde éste “aviso”, se podrá poner en marcha por ministerio de la Ley.

Ésto viene recogido en el artículo 69 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aplicable supletoriamente, que establece

Artículo sesenta y nueve.

1. Cuando transcurran cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurrieren otros dos años desde el momento de efectuar la advertencia.

A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurrieren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquél dirigirse al Jurado provincial de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos treinta y uno y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.

2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.

Un comentario

  1. no obliga a la administracion a expropiar

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