La problemática del régimen de las declaraciones responsables y las actuaciones comunicadas

0-592x319La autorización administrativa ha sido la forma clásica y general de intervención de las Administraciones Públicas en la actividad privada. Esto ha ocasionado la lentitud en la puesta en marcha de numerosas actividades en nuestro país. Por ello, a través de varias leyes impulsadas por el derecho comunitario europeo, se ha acabado por articular (para determinadas actividades o actuaciones), un sistema de “declaraciones responsables” o “actuaciones comunicadas previas” a través del cual, quien las realiza, comunica a la Administración competente que se hace responsable precisamente de lo que comunica y se puede llevar a efecto la actuación o la actividad declarada, so pena de incurrir en la responsabilidad correspondiente de no ajustarse a derecho la declaración comunicada y de carecer de eficacia lo ejecutado o puesto en marcha.

El artículo 3 de la Ley 17/2009 de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio define la declaración responsable como “el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad”.

Por su parte la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, una vez producida su reforma por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre (Ley Paraguas), proporciona en su artículo 71 bis, en el mismo sentido que el texto legal anterior, las definiciones tanto de la declaración responsable como de la comunicación previa.

Así, por declaración responsable se conceptúa “el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable”

Y por comunicación previa se define como “aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1”.

Es decir, se establece a los efectos del ejercicio de actividades, el principio general de no sujeción al régimen de autorización administrativa, y ello para eliminar intervenciones abusivas o innecesarias por parte de la Administración tutelante en cada ámbito económico.

Bien, hasta este punto parece un marco jurídico absolutamente fluyente y encaminado hacia el avance, hacia un acompasamiento entre el control administrativo y la realidad económica y social. No obstante, la realidad de las cosas siempre confronta con la realidad de la Administración. La realidad de las cosas es que, cuando un empresario, o una propietario comunica cualquier actuación lo hace, normalmente, porque en un corto plazo está dispuesto a llevarla a cabo, y la realidad de la Administración es que, entre que se ejecutan las cosas, se comprueban, se revisan, y finalmente se confirma su conformidad con normativa, puede haber transcurrido un gran lapso de tiempo.

Si no existe una Administración dotada de medios, el nuevo régimen del control administrativo a posteriori, carece de eficacia y, lo que en un principio pudo servir para crear un entorno social y económico más ágil y amoldable a la realidad social y económica, puede incluso convertirse en una forma de incumplir la normativa administrativa.

Uno de los principales problemas que está originando este proceso de legitimación de actividades (también en residencial mediante las comunicaciones previas) es que la nueva normativa que pretende de algún modo “liberalizar” el régimen de control de las actividades no se corresponde con la estructura administrativa. Esto ya lo venimos advirtiendo desde Urbanistica 91 en numerosas ocasiones: de nada sirve “aligerar” una normativa administrativa (en este caso, la urbanística relacionada con el terciario e industrial no calificado, esto es, negocios, servicios, locales comerciales, restauración, oficinas, estudio, talleres, naves logísticas, etc), como decimos, de nada sirve disminuir/reducir la intervención de la Administración, sin disminuir/reducir la estructura de la Administración (o reconducir dicha estructura a otra actividad administrativa), ya que, como los funcionarios siguen siendo los mismos y deben seguir haciendo su trabajo, hacen que el régimen de la declaración responsable o de la actuación comunicada previa se convierta en prácticamente lo mismo que ya existía: un régimen de autorización previa para cualquier acto o actividad que se desarrolle, con la diferencia de que la actuación o la actividad ya se ha implantado.

Y es justo en ese momento cuando la Administración empieza a ejercer las funciones de control previo, pero con posterioridad: empieza a requerir documentación; y si no le es suficiente, requiere más documentación; quiere que se le aclare tal punto; que se anexe tal información; que se acredite la representación que dice ostentar quien la presenta, y así un largo etcétera; además, en cada comunicación que nos realiza la Administración de “requerimiento de subsanación”, la enorme advertencia de que la declaración responsable no ha producido efectos, la orden de cesar inmediatamente de la actuación comunicada y la amenaza de que todo ello es sin perjuicio de la aplicación de las medidas que la Administración pueda ejercer para el restablecimiento de la legalidad. Y no creamos que esto ocurre cuando se declara la instalación de una planta de energía nuclear (que por su actividad es imposible de obtener licencia mediante el régimen del que hablamos), estamos hablando de la implantación, por ejemplo, de una papelería en un local comercial de 50 metros cuadrados, o del cambio de los inodoros en una casa de un particular. Hasta ese punto no está teniendo el impacto que se preveía la declaración responsable.

Y por supuesto, esta actuación de control posterior no se produce a los 15 días de que la declaración responsable tenga entrada en la Administración correspondiente, no, dicho control suele ocurrir en torno a 1 año (incluso más), es decir, que no es hasta transcurrido mucho tiempo tras la implantación de la actividad cuando la Administración empieza a interesarse por la declaración realizada y por el negocio en cuestión.

Somos conocedores de que la declaración responsable o la comunicación previa son actos jurídicos privados que se desarrollan bajo la responsabilidad de su emisor y que, por supuesto, están sometidas al comentado control administrativo posterior (es lo que se denomina “autocertificación”), pero en cualquier caso, esto no exime a la Administración de realizar tal control con la máxima celeridad y, sobre todo, realizar ese control de una manera concordante al sentido finalista de la norma y al espíritu de la norma, es decir, un sentido de aligerar claramente la carga administrativa, de responsabilizar a los ciudadanos (empresas o no) de su actuación, de hacerlos responsables, de hacerlos más maduros, de hacer que el cumplimiento de la normativa no sea una exigencia/sanción de la Administración, sino que sea una responsabilidad individual de cada uno.

Si posteriormente se debe realizar un control de la actividad, es imprescindible (para que esta normativa tenga sentido y sea eficaz) que dicho control se realice en el menor plazo de tiempo posible, para que  la iniciativa privada (la iniciativa de las personas) no tenga la sensación de estar un vacío legal y de verdadera inseguridad jurídica.

Publicado en Licencias urbanísticas, Licencia de Actividad o Apertura, Licencia de funcionamiento con las siguientes etiquetas: Declaración responsable, actuación comunicada
Actos administrativos relacionados con la publicación: Declaración responsable,Actuación Comunicada

Un comentario

  1. posteriormente a todo lo realizado se hace un control en la mayor brevedad posible

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