Nueva Ampliación de la Moratoria de las Expropiaciones rogadas en la Comunidad Valenciana

Como ya hemos tenido ocasión de mencionar en un post anterior, en diciembre de 2016 se aprobó, en la Comunidad Valenciana, una moratoria en las expropiaciones rogadas (expropiaciones por ministerio de la Ley) en virtud de la cual se suspendía, hasta el 31 de diciembre del 2018, el cómputo de los plazos siguientes:

– El plazo del que disponen los administrados para advertir a la
administración competente (principalmente Ayuntamientos) de su
obligación de iniciar la expropiación (y de presentar la hoja de aprecio
correspondiente), tras el anuncio o requerimiento formal por parte de
aquellos.

– El plazo de los administrados para dirigirse al Jurado de Expropiación,
tras la no contestación al requerimiento anterior por parte de la
Administración competente.

Esta moratoria quedó reflejada en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, según la cual:

“A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para advertir a la administración competente para que presente la hoja de aprecio correspondiente y para que se dirija al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo establecido por el artículo 104.1 y 104.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2018.”

La causa de esta moratoria no fue otra que la de permitir a los Ayuntamientos salir de la trampa urbanística en la que ellos mismos se habían metido. Y es que antes de la crisis inmobiliaria, con las arcas municipales llenas, los planes urbanísticos municipales acostumbraban a recoger actuaciones por la vía de la expropiación las cuales les permitían adquirir parcelas a precios más bajos que los del mercado inmobiliario en aquella época.

La situación cambió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis. En ese momento, muchos Ayuntamientos, se vieron obligados a paralizar las actuaciones urbanísticas previstas en los planes, lo que permitió a los propietarios de las parcelas pendientes de desarrollo, una vez transcurridos 5 años desde la aprobación de aquellos sin haberse procedido a su expropiación, exigir de aquellos las expropiaciones anunciadas mediante la figura de la expropiación rogada.

Los propietarios lograban su objetivo obligando a los Ayuntamientos, en un momento en el que las arcas municipales no atravesaban una buena situación, a pagar unos justiprecios por las parcelas, en este caso, superiores al precio medio del mercado inmobiliario.
Pues bien, ante la inminente la finalización del plazo de moratoria recogido en las Disposición Transitoria undécima que obligaría a los Ayuntamientos a liquidar todas las expropiaciones pendientes, lo cual reduciría considerablemente el techo de gasto en pleno año electoral, por medio del artículo 84 de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que entró en vigor el 1 enero 2019, se modifica nuevamente la disposición transitoria undécima ampliando la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020.

Ello supone una nueva alteración arbitraria del régimen de las expropiaciones coercitivas, con plazos ya de por sí dilatados, así como del régimen de la propiedad del suelo ya que, en una parcela a expropiar, el régimen de uso y disfrute, por parte de los propietarios, es inexistente, sin que tengan derecho a cobrar por ello intereses.

A mayor abundamiento, supone una injerencia indebida por parte de la Generalitat valenciana en el régimen de la propiedad del suelo y en el de expropiaciones, ambos reservados al Estado. Así, señala el artículo 149.1.18 que corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre legislación sobre expropiación forzosa.

Esta jugada dio oxígeno a los consistorios para afrontar una partida de gasto sensiblemente inferior en sus segundos presupuestos, los del año 2017. En el caso de València, tal y como informó este diario, el Ayuntamiento de Joan Ribó tuvo que hacer frente al pago de más de 40 millones de euros en ‘expropiaciones rogadas’ en el ejercicio 2016, una circunstancia que se diluyó en 2017 con la aplicación de la moratoria.

Y este cómodo aplazamiento del pago es el que quiere prolongar dos años más el PSPV con la introducción de una nueva moratoria, que dará una importante alegría financiera a las arcas municipales en año electoral. De no introducirse esta nueva prórroga las administraciones locales deberían haber liquidado la totalidad de las expropiaciones pendientes y dispondrán de un margen para el gasto sensiblemente inferior.

Los grandes perjudicados de esta nueva moratoria son, en consecuencia, los propietarios de los terrenos, que vuelven a ver cómo su ayuntamiento gana dos años más para pagar. Para colmo, según quedó establecido en la primera moratoria en defensa de las arcas públicas, el aplazamiento ni siquiera les genera intereses.

Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana.

Disposición transitoria undécima.

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para advertir a la administración competente para que presente la hoja de aprecio correspondiente y para que se dirija al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo establecido en el artículo 104.1 y 104.2 de la Ley 512014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta suspensión de plazo no afecta a las reservas de aprovechamiento ni a ningún caso en el que la administración ya haya obtenido y ocupado los terrenos.

Disposición transitoria undécima modificada conforme establece el artículo 84 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2019.

 

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Clase de suelo:
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
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