Sentencia al Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por Canarias contra la reforma de la Ley de Costas

abogado-ley-costas-canarias-800x420Se trata de la Sentencia a un Recurso de Constitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias contra le reforma de la Ley de Costas:

El Tribunal Consitucional ya estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado contra Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 que aprobó el Gobierno en 2013, sin embargo, se interpuso otro recurso de inconstitucional, por el Gobierno canario, contra esta nueva Ley. En su momento, aquel recurso de inconstitucionalidad se saldó con el resultado que ya se comentó en la publicación “El Constitucional desbarata la reforma de la Ley de Costas de 2013”

Ahora, el Constitucional vuelve a pronunciarse de la siguiente manera (reproducimos el punto 9 de la Sentencia). No obstante, pinchando aquí, la Sentencia completa.

“9. El Gobierno de Canarias impugna la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013. Le imputa, como ocurría también en el recurso de inconstitucionalidad resuelto en la STC 233/2015, que la exclusión que realiza de determinados núcleos de población del dominio público marítimo terrestre habría lesionado el art. 132.2 CE, en la medida que éste impediría la operación de exclusión de bienes del demanio natural aunque hayan sido alterados por mano del hombre.

Se denuncia asimismo la infracción de los arts. 9.3 (interdicción de la arbitrariedad) y 14 CE. El argumento que sostiene esta segunda impugnación, al igual que sucedía en el recurso de inconstitucionalidad resuelto en la STC 233/2015, consiste en que la norma recurrida, al excluir del demanio costero a 12 municipios, les está dando un trato privilegiado respecto de los demás municipios costeros que se hallan en esa misma situación, con lo que consagra un trato discriminatorio y, por tanto, arbitrario.

El Gobierno de Canarias sostiene esta última impugnación con un argumento adicional. Afirma que, en caso de que el Tribunal considerase constitucional el trato favorable que prevé la norma recurrida para los doce municipios que enuncia, lo que resultaría discriminatorio, y por ello vulneraría los arts. 9.3 (interdicción de la arbitrariedad) y 14 CE, sería no dispensar ese mismo trato a los municipios canarios que están en la misma situación, esto es, omitir en la norma estatal los núcleos costeros canarios que, descritos en el documento 3 anexo a la demanda con su correspondiente cartografía, representan ejemplos análogos de situaciones en que los terrenos en que se hayan enclavados resultan «absolutamente innecesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo-terrestre por las razones que en cada caso se exponen», constituyendo áreas de viviendas consolidadas con anterioridad a la Ley de costas de 1988: Tufia, en el término municipal de Telde, provincia de las Palmas; Ojos de Garza, en el término municipal de Telde, provincia de Las Palmas; El Golfo, en el término municipal de Yaiza, provincia de Las Palmas; Robinson, en el término municipal de Pájara, provincia de Las Palmas; Pozo de las Calcosas, en el término municipal de Valverde, provincia de Santa Cruz de Tenerife; La Bombilla, en el término municipal de Tazacorte, provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Bocacangrejo, en el término municipal de El Rosario, provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El Tribunal aprecia que el Gobierno de Canarias, a pesar de que formalmente apoya la vulneración que alega de los arts. 9.3 (interdicción de la arbitrariedad) y 14 CE en dos líneas de razonamiento diferentes, en realidad está formulando la misma impugnación desde dos perspectivas. Primero está sosteniendo que el trato favorable ex disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 es discriminatorio respecto de todos los núcleos costeros de España que presenten las mismas características, solicitando que el Tribunal declare inconstitucional y nula la previsión de que los municipios enunciados reciban ese distinto trato. Y luego, en segundo lugar, de un modo más específico, lo que está argumentando es que el trato favorable ex disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 es discriminatorio respecto los núcleos costeros canarios que estén en la misma situación, apuntando en este caso que la discriminación procedería de la omisión de estos últimos en el precepto impugnado.

En suma, se trata en sustancia de la misma impugnación, centrada en si resulta discriminatorio excluir del dominio público marítimo-terrestre a los doce núcleos costeros enunciados en la ley estatal y mantener dentro de él a otros núcleos costeros que son igualmente innecesarios para la protección del litoral. Cosa distinta es que, en el eventual supuesto de que una impugnación así se estimase, el modo de reparar que insta el Gobierno de Canarias sea distinto, pues no requiere que se prive del privilegio a los 12 núcleos costeros contenidos en la norma estatal recurrida mediante la declaración de nulidad de dicha norma, sino que se extienda el privilegio a los núcleos costeros canarios que estén en la misma situación, acabando en virtud de su inclusión con la omisión que produciría la discriminación.

La STC 233/2015, en su fundamento jurídico 14, ha abordado una alegación idéntica, que se apoyaba también, de un lado, en el art. 132.2 CE y, de otro, en los arts. 9.3 (interdicción de la arbitrariedad) y 14 CE. En dicha resolución el Tribunal ha declarado que el precepto recurrido es constitucional siempre que se tenga presente que «el recto entendimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 de acuerdo con la Constitución permite considerar que sus consecuencias jurídicas no se extienden a la regulación del completo régimen jurídico que deriva de que los núcleos de población enumerados en el anexo de la Ley han perdido las características naturales que determinaron su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre en virtud de deslindes anteriores. Por el contrario, su virtualidad radica en la identificación,ope legis, de unos terrenos que notoriamente han perdido por obra de la acción del hombre las características de dominio público natural, excluyéndose la necesidad de esa justificación, que según su propio apartado 4 no implica la efectividad inmediata de la exclusión, siendo solo el presupuesto para la iniciación del expediente que, en su caso, puede terminar con su desafectación. Hemos de atender asimismo a lo dispuesto en el art. 18.2 LC, a cuyo tenor tal desafectación deberá ser expresa y, antes de proceder a ella, habrán de practicarse los correspondientes deslindes, que según el art. 26.1 del Reglamento general de costas deben especificar los planos que se aprueban, que han de permitir georreferenciar en la cartografía catastral el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, así como el de la ribera del mar cuando no coincida con aquel, además de hacer constar la geolocalización de las servidumbres impuestas a los terrenos colindantes. La disposición impugnada no excluye la aplicación, caso por caso, de todos estos requisitos, que constituyen una exigencia previa e imprescindible para que la situación jurídica registral tanto de los bienes de dominio público como de las fincas colindantes no perturbe la seguridad jurídica garantizada por el art. 9.3 CE. Del mismo modo, la identificación ope legis de los terrenos que han perdido sus características naturales no se extiende a excluir la verificación, en cada caso, de que dicha pérdida determina también que ya no son necesarios para la protección o utilización del dominio público, según lo previsto en el art. 17 LC, que exige la previa declaración de innecesariedad. Todas estas operaciones, lógicamente, requieren la adopción de las correspondientes resoluciones administrativas, siempre susceptibles como ya hemos dicho de control en vía jurisdiccional, como impone el art. 106.1 CE».

Con esta interpretación el precepto impugnado no implica ninguna discriminación entre núcleos costeros. Tanto los doce enunciados en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 como cualesquiera otros omitidos en ella, radiquen en la Comunidad Autónoma de Canarias o no, podrán, a través de los expedientes administrativos legalmente previstos y que han sido someramente recordados en la interpretación conforme del precepto recurrido que acabamos de extractar, obtener la declaración de que, por las alteraciones sufridas en sus características naturales, no son ya necesarios para la protección o utilización del dominio público y, en consecuencia, la correlativa desafectación.

Esta ratio es plenamente trasladable a la presente impugnación, y así se hará constar en el fallo.

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