Urbanización Isla Marina de Valdecañas.

Imagen-de-satelite-de-la-Isla-de-ValdecanasA finales de este mes hemos conocido la Sentencia del Supremo en referencia al famoso complejo Isla Marina de Valdecañas en Cáceres.

La sentencia del Supremo viene a confirmar lo ya dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Finalmente y, mientras el Constitucional no diga otra cosa, parece que su desaparición va a ser casi irremediable.

Los motivos para tomar esta decisión, según el Supremo, de manera resumida, son tres:

1ª.- Falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y de la protección medioambiental.

Según el TS, el proyecto impugnado adolece de una justificación de las razones que aconsejan ejecutarlo precisamente en esos terrenos y no en otros de los existentes en el ámbito territorial al que se dice querer beneficiar, máxime cuando se escogen unos terrenos de una
protección medioambiental extrema, sin conocerse si era admisible la ubicación del proyecto en
otros terrenos con menor protección, o incluso sin protección alguna, que existieran en la comarca a la que se dice querer beneficiar. Tampoco se justifica el cumplimiento de los estándares urbanísticos establecidos en la legislación autonómica.

2ª.- La reclasificación del suelo no urbanizable de especial protección a urbanizable a efectos de su transformación incumple prohibición legal expresa al efecto.

Según el Tribunal Supremo, se dice que no es una facultad del planificador – de cualquier naturaleza- la reclasificación del suelo no urbanizable de especial protección para pasarlo a urbanizable a efectos de su transformación; y esto es justamente lo que hace el Proyecto de Interés Regional probado en el Decreto que se recurre, en contra de la prohibición que impone el artículo 9 de la 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, estando por ello el Decreto impugnado viciado de nulidad.

3ª.- El estudio de impacto ambiental incurre en causa de nulidad al no existir un estudio de alternativas que permitan un contraste entre la solución adoptada y aquellas que pudieran ser menos trascendentes para la protección de los espacios en que se ubica el proyecto.

Pues, bien, centrémonos en la segunda razón:

Según la teoría del Tribunal Supremo, estos terrenos no pudieron ser nunca declarados como urbanizables por los siguientes motivos, que iremos analizando:

1- Porque los terrenos donde se ha construido el complejo urbanístico están incluidos en la Red Natura 2000 y, según la jurisprudencia, puesta en relación con la normativa comunitaria europea sobre protección ambienta, se deja claramente establecido que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial, lo mismo que cuando concurren en ellos valores de los que la legislación urbanística considera merecedores de protección, resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección.

2.El Supremo dice que no es facultad del planificador reclasificar el suelo no urbanizable de especial protección para pasarlo a urbanizable, y que esto se encuentra recogido en el artículo 9 de la ley 6/1998 de 13 de abril. “En contra de lo que aducen los recurrentes, la jurisprudencia que interpreta y aplica la normativa estatal de carácter básico (artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril), puesta en relación con las normativa comunitaria europea sobre protección ambiental, deja claramente establecido que cuando unos terrenos están sujetos algún régimen especial de protección sectorial, lo mismo que cuando concurren en ellos valores de los que la legislación urbanística considera merecedores de protección, resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección” Y, por tanto, según el Supremo, el artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de régimen del suelo y valoraciones, hace que el Decreto impugnado está viciado de nulidad, porque éste artículo supone una prohibición de reconocer esos terrenos como urbanizables estando por ello el Decreto impugnado viciado de nulidad.

Nosotros, sin embargo, y sin entrar en la justicia de esta sentencia, echamos en falta un análisis más profundo de la materia urbanística en esta sentencia. De hecho, el análisis que se ofrece es muy escueto y, desde luego, el poco que se hace, a nuestro juicio es completamente erróneo. Es erróneo porque de nuevo, parece que no se tiene en cuenta el reparto competencial en materia de ordenación y territorio.

En primer lugar, y atendiendo a la normativa que utiliza el Tribunal, éste utiliza el artículo de la Ley 6/1998 de 13 de abril de régimen del suelo y valoraciones podemos decir lo siguientes:

– Que el citado artículo establecía:

Artículo 9. Suelo no urbanizable

Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

2.ª Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística.

De la lectura de este artículo no se desprende que el Decreto que se recurre esté violando este precepto por la razón de que se debían incluir como suelo no urbanizable los que estuvieran “sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial” o “Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior” y, tanto a nuestro entender como al entender del Tribunal Constitucional, esto está referido en cualquier caso a lo que se establezca en la legislación autonómica vigente; es decir, a las normas urbanísticas, ya que como bien recalca el Tribunal Constitucional en su sentencia 61/1997, 164/2001, donde se recuerda que las competencias legislativas ha sido atribuida a las comunidades autónomas; sin que ello signifique que se transforme en una materia compartida. Así lo decía el TC en su sentencia 61/1997, 164/2001:

Pues bien, expuesto lo anterior, ha de afirmarse que la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquéllas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa). Pero ha de añadirse, a renglón seguido, que no debe perderse de vista que en el reparto competencial efectuado por la C.E. es a las Comunidades Autónomas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el urbanismo, y por ende es a tales Entes públicos a los que compete emanar normas que afecten a la ordenación urbanística, en el sentido más arriba expuesto.

Por tanto, el Tribunal Supremo no debería hacer ninguna referencia a ninguna ley estatal ya que, como mucho, lo que puede establecer la Legislación Estatal es, como también dice el Tribunal Constitucional, ostentar algunos títulos que le permiten condicionar e influenciar la política urbanística.

Por esto, no entendemos cómo, si todo este tema de la construcción del complejo Isla Marina de Valdecañas, se trataba de un tema urbanístico, ni la defensa de dicha constructura, ni el Tribunal Supremo han hecho alusión a la propia Ley Urbanística de Extremadura, la que realmente debería servir como marco jurídico para aclarar esta cuestión.

De hecho, esta interpretación anteriormente referida, es acogida por el legislador, y modifica esa Ley del Suelo y quedando como resultado el actual Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo que, por cierto, también mencionada como argumento erróneo en la Sentencia del Supremo cuando dice: “En fin, aunque no es de aplicación a este caso por razones temporales, parece oportuno también que el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley del suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (ahora, artículo 8.4, tras la modificación del citado texto refundido operado por la disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), si bien no se expresa ya en términos de clasificación urbanística, mantiene ese principio de necesaria preservación de los valores ambientales que sean objeto de protección y de respeto a la delimitación de los espacios naturales protegidos o espacios incluidos en la Red Natura 2000”

En primer lugar, ya admite que no se expresa en términos de clasificación urbanística, por lo tanto se corrobora el concepto de que la legislación sectorial y estatal no pueden clasificar suelo. Y en segundo lugar, dice que mantiene el principio de necesaria preservación de los valores ambientales que sean objeto de protección; en efecto, pero esto ¿acaso quiere decir que la Ley Autonómica no pueda regular la clasificación como considere oportuno? Por supuesto que no. De hecho es única y exclusiva la competencia de las Comunidades Autónomas.

Otra pregunta sería si, ¿acaso el hecho de que una Comunidad Autónoma tenga capacidad para clasificar el suelo en su normativa urbanística significa que el suelo pueda quedar desprotegido?

En absoluto. De hecho eso sí, sería una cuestión que pudiera regular la legislación sectorial, pero porque prohibiera o estableciera unos usos determinados para ciertos suelos, pero en ningún caso clasificarlos. El hecho de que un suelo sea o no sea urbanizable, urbano, o lo que sea, no implica que esté más o menos protegido. Veamos unos ejemplos:

¿Acaso el Paseo de la Castellana es suelo no urbanizable, ya sea común, de reserva o de protección de infraestructuras? Por supuesto que no, es suelo urbano pero es dominio público. ¿Acaso la Playa de la Caleta en Cádiz, inserta en el centro de la ciudad, es suelo no urbanizable? Por supuesto que no, es suelo urbano pero es dominio público. ¿Acaso el suelo incluido en la servidumbre de protección de la totalidad de los 8.000 km de costa española se trata de suelo no urbanizable? Por supuesto que no, pero se limita el uso prohibiendo las edificaciones en dicha zona. Es la legislación sectorial quien protege el domino público, pero nada tiene que ver con la clasificación del suelo a efectos urbanísticos.

Otro ejemplo, y haciendo un ejercicio de analogía con la protección de una infraestructura viaria, analicemos el caso del dominio público marítimo-terrestre. Como en toda la normativa sectorial, se delimita el dominio público y se establecen unas zonas de protección a las que se les asocia un régimen de limitación de la propiedad y de los usos cuya intensidad depende de la distancia al dominio público. Como decíamos anteriormente, en la Zona de Servidumbre se prohíbe la edificación, mientras que en la Zona de Influencia del Litoral se prohíbe la formación de barreras arquitectónicas así como la limitación del aprovechamiento urbanístico. No se dice nada de la clasificación de dichas franjas de protección como suelo no urbanizable. Tanto el dominio público como sus zonas de protección pueden estar incluidas en cualquier clase de suelo, pero su desarrollo requiere el cumplimiento de su normativa reguladora correspondiente, a la hora de aprobar la ordenación pormenorizada y su ejecución urbanística y edificatoria. Se escinde perfectamente el contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria, dado principalmente por la clasificación del suelo, de la titularidad del mismo y del régimen de su protección. Y al igual que una legislación sectorial dispensa una protección para la costa, lo mismo sucede para los arroyos, los cauces (aguas), las vías pecuarias, los aeropuertos, la red ferroviaria o las carreteras, de las que nos ocupamos a continuación.

Cuestión muy distinta sería la arbitrariedad con la que el legislador autonómico pueda actuar que, evidentemente no puede existir y, por tanto, deberá motivar cada clasificación de suelo que haga, respetando en todo caso los principios inspiradores de las normas sectoriales y estatales. Así lo hace ver el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza: “existe una jurisprudencia consolidada que afirma que la categorización del suelo no urbanizable de protección especial no es potestad discrecional, sino reglada, resultando obligado asignar esa clasificación específica cuando concurren valores merecedores de tal protección” Pero, como podemos ver, no establece que puede y o no puede clasificar, simplemente.

Por tanto, nosotros no entramos en el resultado final de esta sentencia, sobre si es o no es de justicia el fallo, sin embargo y en cualquier caso, si que echamos en falta una justificación más urbanística en la sentencia. Es decir que, al menos, no se produzcan controversias en cuanto dos cuestiones :

1º Respecto a las competencias y su reparto en materia urbanística que ya hemos explicado son sólo y exclusivas de las Comunidades Autónomas y, por tanto, sin poder el Tribunal entrar a cuestionarlas respecto a otras leyes de carácter estatal o sectorial, en cuanto a materia urbanística se refiere.

2º Respecto a que el hecho de que una normativa clasifique el suelo de una o de otra determinada manera no implica que ese suelo queda más o menos protegido; la protección de esos suelos debe ser establecida mediante el uso que se le de a esos terrenos, cuestión que, a nuestro parecer, sólo podría hacer la normativa sectorial pero que, en ningún caso debería clasificar suelo.

Un comentario

  1. se vuelve al caso no urbanizable,aunque se protega el estado bien sea de una costa o de un acantilado

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