El TSJA anula el Plan Parcial y la Licencia de Obras de los acantilados de Aguadulce en Roquetas de Mar

ACANTILADOS DE AGUADULCELa Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3667/2013, de fecha 23/12/2013, ha anulado el Plan Parcial y la Licencia de Obras para la construcción de 440 viviendas plurifamiliares en el Sector 1 PGOU Ayuntamiento de Roquetas de Mar, conocido como “los Acantilados de Aguadulce”. El mero planteamiento de desarrollar urbanísticamente los Acantilados de Aguadulce (planteamiento insólito que se perpetró jurídica y urbanísticamente con la aprobación de los instrumentos de planeamiento y las licencias de edificación oportunas, todos ellos impugnados en vía contenciosa) representa el peor urbanismo de España, ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, y explicación de por qué nuestro país vive episodios de grave crisis económica. Desde Urbanistica91 siempre hemos defendido el desarrollismo, pero siempre que éste sea no sólo sostenible, sino sencillamente razonable.

El origen de este atentado al territorio hay que encontrarlo en el momento en que la Administración (en este caso, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar) clasifica unos acantilados como suelo urbanizable (estamos hablando de pendientes que llegan a alcanzar el 60%-80%; por esto no se puede hablar siquiera de terreno, o de suelo, sino directamente de “acantilado” o “montaña”). Repetimos: el origen de este atentado al territorio hay que encontrarlo en el momento que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar presenta para su aprobación una clasificación como suelo urbanizable de unos acantilados marítimos.

Como es costumbre en estos casos, el Ayuntamiento deriva la responsabilidad al órgano autonómico, porque es quien tiene la competencia para su aprobación definitiva, lo cual es cierto, y es enteramente achacable a la Junta de Andalucía haber aprobado definitivamente el PGOU de Roquetas de Mar con esta infamia del Sector 1, que no hubiera tenido mayor diligencia a la hora de revisar el PGOU aprobado inicialmente; pero cualquiera que trabaje en urbanismo, que conozca el funcionamiento de los procedimiento de aprobación del planeamiento, que lo haya trabajado en Andalucía, conoce perfectamente que la competencia de formulación del planeamiento es del Ayuntamiento (así sucede en todas las CCAA), que la aprobación inicial del planeamiento es del Ayuntamiento, que quien propone la clasificación es el Ayuntamiento, y que la Comunidad Autónoma no tiene medios (no tenía medios en época de expansión urbanística) para valorar pormenorizadamente, uno a uno, cada suelo, sino que se limitó y se limita a realizar las comprobaciones materiales “desde la oficina”, “desde el ordenador” (lo que se hace desde la Delegación es comprobar que se cumplen los estándares de cesión para equipamientos y zonas verdes, que la edificabilidad total no excede del aprovechamiento tipo asignado, y fuera) sin analizar si territorialmente tiene sentido, sin analizar que en este caso iba a ser materialmente imposible conceder una licencia de obra (por la afección de la carretera, del dominio público marítimo-terrestre, por la imposibilidad de localizar el suelo público, etc). Por tanto, repetimos una y otra vez, el origen de este atentado hay que buscarlo en ese momento en que un técnico del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de repente, de manera incomprensible (…), decide grafiar como suelo urbanizable una zona de acantilados marítimos (insistimos, que ni siquiera puede denominarse terreno, sino “montaña”), ese momento en que los Acantilados de Aguadulce se convierten en suelo urbanizable Sector 1 ¿Qué se le pasaría por la cabeza a ese técnico y a ese Ayuntamiento para plantear un desarrollo urbanístico en un acantilado? ¿Acaso es que no vio las pendientes? ¿De quién era la propiedad de de esos “terrenos”?

A partir de ese momento, el resto de disposiciones y actos administrativos posteriores no son sino una perpetración del despropósito que fue haber clasificado dichos terrenos como suelo urbanizable (el Plan Parcial, el Estudio de Detalle, el cual se anuló también por el Juzgado de lo Contencioso de Almería, el Convenio Urbanístico, el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización, la Licencia de Obras, etc).

Con el pronunciamiento del TSJA, no sólo se anula la ordenación urbanística (Plan Parcial) y la Licencia de Obras, sino que se pone de manifiesto la imposibilidad material de ejecutar una urbanización/edificación en dichos acantilados, circunstancia que debía haber tenido en cuenta la Administración a la hora de su inclusión en el suelo urbanizable del municipio.

Detalle del desmonte:

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Un comentario

  1. es decir,que el desarrollo de un plan urbanistico en una zona de acantilado representa el peor urbanismo en españa

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