Sentencia Audiencia Provincial

Órgano Audiencia Provincial Sala de lo Penal
Sección
Resumen Principio de proporcionalidad y principios del derecho penal.
Resumen amplio
No obstante lo anterior, ni aparece en las actuaciones, ni lo indica la resolución impugnada (ni el escrito de acusación del Ministerio Público) en que forma pudo afectar dicha construcción al bien jurídico tutelado esto es la ordenación racional del territorio, teniendo en cuenta que inicialmente se denegó la licencia por incumplimiento del art. 8.5.2 referente a la unidad mínima de cultivo en monte, para construcción de gallinero y depósito de agua, lo que sin perjuicio de la resolución que adopte el Tribunal Contencioso Administrativo, determinando si la construcción se ejecutó o no con licencia concedida por silencio administrativo o si es legalizable o no, nos encontramos con una obra menor que carece de la gravedad necesaria para tener relevancia penal al no afectar al bien jurídico protegido.
En este sentido la SAP de Pontevedra de 23 de junio de 2007 señala que el «delito urbanístico», no tutela la normativa urbanística -un valor formal o meramente instrumental- sino el valor material de la ordenación del territorio en su sentido constitucional de «utilización racional del suelo orientado a los intereses generales» ( arts. 45 y 47 CE [RCL 1978\2836 ]), es decir, como ya se expresó, la utilización racional del suelo como recurso natural limitado y la adecuación de su uso al interés general.
 Por su parte la Sentencia del Tribunal Supremo 1250/2001, de 26 de junio (RJ 2002\4521), nos dice que «Las infracciones administrativas descritas en la norma penal deben alcanzar per se un contenido de gravedad suficiente, lo que no será fácil decidir siempre. Desde esta perspectiva la reiteración o exasperación de las conductas atentatorias contra el bien jurídico protegido por la norma penal debe alcanzar entidad suficiente para justificar su aplicación.»..
La propia Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de febrero de 2004 (RTC 2004\24), a su vez señala, que en la interpretación de los delitos se debe atender a los principios generales limitadores del ius puniendi que excluyen ilícitos penales meramente formales que penalicen el cumplimiento de un mandato administrativo, debiéndose proteger el bien jurídico frente a conductas que revelen una especial potencialidad lesiva del mismo, incluyendo sólo las conductas más graves e intolerables, pues de lo contrario la sanción penal sería innecesaria y desproporcionada.
Por su parte la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 3 de noviembre de 2004 (JUR 2005\46780) considera que el bien jurídico protegido pr el referido ilícito, a raíz del art. 45.3 de la Constitución, no es tanto la normativa urbanística evitando su infracción como el valor material de la ordenación territorial en su sentido constitucional de utilización racional del suelo orientado a los intereses generales, y la filosofía que emana de las normas constitucionales es la de castigar las conductas objetivamente más graves que originen consecuencias trascendentes para la ordenación de territorio. No sancionándose por tanto estos atentados urbanísticos cuando no se aprecie afectación del bien jurídico tutelado.
Conclusión que viene a refrendar la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2006 (Rec. 2067/04 ), al señalar que «aún cuando generalmente coincidirá la infracción de la legalidad urbanística con la lesión del bien jurídico -dado que en un Estado de Derecho las normas deben reflejar precisamente el interés general, concretándolo en una determinada materia-, en la interpretación del tipo no debe olvidarse el análisis de la conducta desde la perspectiva de la antijuridicidad material, aplicando en su caso los criterios de "insignificancia" o "de intervención mínima" cuando no se aprecie afectación del bien jurídico tutelado, así como el principio de proporcionalidad, por cuanto un tipo peal no puede ser un mero reforzamiento de la autoridad administrativa, sin contenido material de antijuridicidad».
Categorías
Fuente de resolución Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial
Tipo de resolución Sentencia
Número de resolución 485/2008
Número de recurso 765/2007
Ponente MARIA TERESA CHACON ALONSO
Partido judicial Madrid
Municipio San Lorenzo del Escorial
CCAA Madrid
(Penal) Delito que se persigue 319 Código Penal: delito urbanístico
(Penal) Fallo; Responsabilidad Criminal
  • Absolución
Resolución completa doAction-1.pdf
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